Ya condenado en mayo de 2023 por dos hechos de “abuso de autoridad” por autorizar una urbanización en la zona de San Antonio de Arredondo (sur de Punilla), ahora el juez de control Pablo Agustín Cafferata avaló el expediente de un nuevo juicio que sentará al exsecretario de Ambiente provincial Raúl Costa por supuestos hechos similares en un loteo de Candonga (departamento Colón).
La primera sentencia de la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba fue confirmada en mayo pasado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que rechazó la casación de la defensa y confirmó la condena a Costa de tres años de prisión de ejecución condicional, seis de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y la realización de tareas comunitarias.
De este modo, Costa se transformó en el primer funcionario público en ser condenado por instrucción del Fuero Anticorrupción y Penal Económico.
Pero sigue pendiente el juzgamiento de este exfuncionario en otra causa que se originó más de dos décadas atrás en la zona de Candonga, donde una empresa desarrollista inició un loteo pese a las prohibiciones y a la legislación ambiental.
Costa arrastra en este caso el pedido de juicio oral y público efectuado por el fiscal Anticorrupción del 1° Turno, Matías Bornancini, quien lo acusa también por “abuso de autoridad” al haber contribuido al avance de las obras con una autorización violatoria de las prohibiciones, por estar la urbanización en “Zona I” o “Zona roja”, según la ley de protección ambiental 26.331, con ninguna posibilidad de intervención en el ecosistema.
La zona del “country de montaña” o urbanización, está junto a la capilla de Candonga (monumento histórico nacional), de cursos de arroyos y abundante vegetación autóctona.
Las denuncias Asamblea Vecinos de Chavascate no hicieron mella para que Costa dictara en 2010 la Resolución 1200 por la cual autorizaba a la empresa Ticupil SA la realización de un emprendimiento inmobiliario en Zona Roja, en la cuenca media alta del Río Chavascate, en predios pertenecientes a Candonga.
A habido numerosos fallos judiciales -en fueros civil y penal- que frenan el avance de las obras del emprendimiento y la construcción de casas, pero en diversas oportunidades se han reiniciado.
La Resolución 1200, según lo vienen corroborando el fiscal y el juez de control, va en franca violación a la normativa ambiental vigente que Costa estaba obligado a aplicar.
La semana pasada, el juez Cafferata confirmó el requerimiento del fiscal Bornancini (de noviembre pasado) para que se cite a Costa a fin de ser juzgado por una cámara del crimen que debe ser sorteada pero podría volver a ser la que se ocupa de los casos de este fuero, la Cámara 10ª.
La acusación, es idéntica a la que ya lo tiene como condenado en 2023: “autor del delito de abuso de autoridad”.
Lucha sin pausa
El abogado que patrocina a Vecinos de Chavascate, Juan Smith, sostiene que a pesar de la sentencia reciente, que declara la “nulidad por ilegalidad manifiesta de esa resolución” Ticupil SA está incumpliendo con el fallo y avanza en su emprendimiento.
Con el eslogan vigente “Candonga no se toca”, Vecinos de Chavascate, además de las acciones en contra del exfuncionario, interpusieronun amparo ambiental contra la Resolución 1200/10, en busca de detener el avance del emprendimiento que consideran fuera de las normas ambientales.
La pretensión de la asamblea es que la “suspensión inmediata del daño ambiental y la remediación del impacto ya realizado”.
La condena
El primer juicio que afrontó Costa, con condena y “doble conforme” (tras rechazo de la casación del TSJ), fue por la autorización de construcciones en la localidad de San Antonio de Arredondo.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Hugo Amayusco, antecesor de Bornancini en la misma fiscalía del fuero Anticorrupción. Aquella instrucción guarda llamativas coincidencias con la acusación que ahora debe ir a juicio.
Raúl Costa estuvo en el cargo entre 2007 y 2011, fue acusado de haber dictado una resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar a la constructora Gama SA a realizar un loteo para el barrio privado Dorado II, entre el kilómetro 40 de la ruta 14 y el río San Antonio, en la localidad homónima.
La construcción implicaba el desmonte en un terreno ubicado dentro de un área natural protegida conocida como la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor sin que se hubiese exigido a Gama la presentación el estudio de impacto ambiental.
Además, en el terreno existía un bosque nativo por lo que el área de emplazamiento era objeto de protección de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (LOTBN), según lo dispuesto por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331.
Como se dijo, la condena de aquel juicio fue por dos hechos de “abuso de autoridad”. El segundo fue porque Costa dictó otra resolución contraria a normas provinciales y nacionales de protección ambiental al autorizar el aviso de proyecto presentado por la Empresa Provincial de Energía (Epec), en 2009.
La obra era para la construcción de la estación transformadora Carlos Paz Sur, en San Antonio, y la edificación del campo de salida de la Estación Transformadora Falda del Cañete. Sin que se cumpliera la evaluación de impacto ambiental, se otorgó la licencia ambiental.
