Ya no hay motivos para que la maquinaria judicial no funcione a pleno. Luego de largos dos años de pandemia y con un hackeo que paralizó a la Justicia de la provincia de Córdoba a mediados de 2022, al finalizar el año pasado los motores de Tribunales comenzaron a funcionar a pleno. Fiscalías, juzgados, cámaras y otras sedes judiciales comenzaron a tratar cantidades de expedientes, de relevancia y de los otros, como no venía sucediendo desde 2019.
Ese rasgo quedó plasmado en un envión interesante, con influencia en el inicio de la actividad judicial que este miércoles habilita la actividad con pronóstico de intensidad. Con mayor repercusión mediática en el fuero penal, se espera la continuidad de al menos tres juicios que vienen sacudiendo las salas de audiencias de Tribunales 2: el crimen de Blas Correas y la controversia en torno a los terrenos de las “Torres del Río”. Ambos procesos generan mucha expectativa por lo que significan como paradigmas de “gatillo fácil” y de delitos de “guante blanco”, agregándosele a esto último el debate oral por las estafas inmobiliarias de la firma Ribeiro Construcciones.
El cronograma de audiencias señala que este jueves se reanuda la causa “Trebucq” o de los predios de las “Torres del Río”, el viernes continúa el juicio a los Ribeiro -ambos en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba- y la semana próxima se reanuda el juicio por el crimen de Blas -en la Cámara 8ª-.
Este caso de “gatillo fácil” ya agotó el desfile de políticos y jefes policiales como testigos. Se supone que en estos próximos dos meses finalizará la toma de testimonios relacionados con el grado de responsabilidad que les cabe a los 13 policías acusados por el asesinato y por su encubrimiento.
La causa de los predios a la vera del Suquía tuvo un comienzo más que formal, más aun por una temprana suspensión por Covid que cerró el debate antes de fin de 2022.
Ahora, tras la identificación de los acusados, toca que las partes traten de desentrañar el “enigma” que oscila entre “una formidable estafa” o “un malentendido por una expropiación mal hecha”.
La gran pregunta a dilucidar es si la “expropiación” se realizó o, mejor dicho, si el Estado provincial concretó los pagos a los dueños originales. En este juicio está en juego el prestigio de destacados abogados, escribanos, contadores, ingenieros, empresarios y hasta funcionarios públicos.
Otros acusados que se relacionan con cargos públicos y deben responder en debate oral y público son dos funcionarios judiciales: uno, es el exayudante fiscal exonerado Ernesto Martín Morales por acoso sexual y laboral a empleadas de la unidad judicial; el otro es el juez civil y comercial de 27ª Nominación de Córdoba -todavía en ejercicio- Francisco Martín Flores, quien fue citado a juicio en una causa por violencia de género en perjuicio de una expareja y el Tribunal Superior de Justicia le rechazó la casación, por lo que ingresó al jury de enjuiciamiento el análisis del trámite de destitución.
Investigaciones en curso
Los expedientes que llegan a juicio, primero deben pasar por la faz penal preparatoria o la etapa de investigación. En ese seno, el de las fiscalías de instrucción, la mayor atención seguirá concentrada en lo que pasará con el expediente de las muertes de bebés en el Hospital Neonatal, con una enfermera que debe responder por los crímenes y varios funcionarios de Salud que soportan la acusación de no haber hecho lo suficiente para evitarlos o haber hecho bastante para ocultarlos. Si bien hay aspectos que el fiscal Raúl Garzón ya tiene avanzados, es difícil que este expediente llegue una elevación a juicio firme para este año y que el debate comience efectivamente.
Otro de los casos que se desató a fines de 2022 y que tendrá recorrido de investigación este año es el de Roberto José Carmona, quien mató a un taxista al escaparse en una “visita” a Córdoba y que ahora quedó preso en Córdoba. La custodia que no custodió mucho, la esposa del condenado que habría facilitado la fuga están acusados de evasión, mientras que él debe responder por el homicidio, entre otros cargos.
En el interior provincial, se aguarda con gran expectativa en Cruz del Eje el juicio por el crimen por supuesto “gatillo fácil” de Joaquín Paredes en 2020.
Federales también intenso
También en la Justicia federal de Córdoba anuncian mucha actividad con algunos debates de interés. En el Oral 1 (TOF1) el 14 de febrero comenzará el juicio al profesor de Odontología Luis Olmedo acusado de haber extorsionado durante años a los alumnos con aprobarlos sólo a cambio de pagar un curso en una academia que él mismo habría dirigido. Lo acompañan en esa imputación los (sucesivos) encargados del “instituto” Adrián Oscar Casalis y Augusto Masimino. Por otra parte, como cuarta acusada figura la exdecana de la facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, en su caso por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
En el TOF2 habrá acaso causas más resonantes, como dos por crímenes de lesa humanidad. Una de ellas comenzará el 2 de marzo y es “Barreiro, Ernesto Guillermo y otros, por privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tortura”.
La otra de derechos humanos es un “reenvío” desde la Cámara Nacional de Casación Penal, que anuló la absolución del exfuncionario judicial Carlos Otero Álvarez y ordena que debe ser juzgado otra vez en la “causa de los magistrados”. Con la vocal Noel Costa (nueva en este fuero) y dos vocales de otra provincia, este esperado juicio comenzará el 15 de junio a analizar la conducta de quien fue secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma durante la dictadura. En 2017, Otero Álvarez fue absuelto de 62 delitos de “abuso de autoridad reiterado”, en concurso ideal con 44 hechos de “omisión de dar cuenta a la autoridad competente de una detención ilegal”.
También se espera en este tribunal conocer qué sucederá desde Casación con la causa CBI 1 cuya sentencia es analizada y permitirá saber qué hacer con CBI 2 cuyo juicio está pendiente.
Como novedad, todos esperan que entre marzo y abril se inaugure el Tribunal Oral Federal 3 de Córdoba, que ya tiene inmueble alquilado y los tres jueces designados que hace años aguardan para comenzar sus funciones, Facundo Zapiola, María Cristina Giordano y Ángel Francisco Andreu.
