- Lo hospitalizaron en Oliva en 1971. Por ser "inimputable"
- fue sobreseído de la acusación de lesionar a un enfermero.
- La Justicia federal ordenó que siguiera allí hasta que se efectuara otro peritaje.
- No se sabe qué pasó.
- Para el fiscal del caso
- no existen pruebas que apunten a algún responsable
- al menos por el momento.
Miguel A. continúa internado. El hombre de 70 años ingresó al hospital Emilio Vidal Abal de Oliva el 27 de agosto de 1971 por un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Lleva casi 48 años alojado allí, pese a haber sido sobreseído de una causa penal mientras estuvo internado.
El caso se conoció el año pasado, cuando en septiembre una trabajadora social del neuropsiquiátrico, Consuelo Visconti, llamó al Juzgado Federal de Bell Ville –a cargo de Sergio Pinto– para pedir datos del paciente.
En 1975, durante su internación, Miguel le provocó un traumatismo en la mano izquierda a un enfermero, por lo que el entonces juez federal Eudoro Vázquez Cuestas lo imputó por “lesiones leves”. En aquellos años, el psiquiátrico de Oliva dependía del Ministerio de Salud de la Nación, por eso el fuero federal tenía competencia sobre esa institución que actualmente está bajo la órbita de la Provincia.
Ese año, Vázquez Cuestas lo declaró “inimputable” por “insano” y lo sobreseyó. No obstante, dispuso que permaneciera internado en ese hospital, “de donde no podrá salir sin resolución de este juzgado y previo informe favorable de los peritos”.
El expediente judicial de Miguel fue destruido el 27 de febrero de 2015, como parte de la eliminación “periódica” de causas. Por esa razón, no existen otros archivos ni registros que contengan información sobre las actuaciones judiciales de la época.
Pocos días después del llamado de Visconti, el actual juez del caso, Sergio Pinto, visitó al paciente, avisó al defensor público oficial Mauricio Zambiazzo y solicitó datos a las autoridades del hospital. El magistrado obtuvo una copia de la historia clínica. Paralelamente, una psicóloga y una psiquiatra del nosocomio dieron su opinión sobre el estado mental de Miguel A.
La directora del hospital, Sandra Baggini, declaró que tras su asunción en 2016, en la institución realizaron relevamientos (en 2017 y en 2018) de los pacientes judicializados.
Mencionó que ya en agosto de 2017 habían informado a la Asesoría Letrada del Poder Judicial de Oliva que Miguel “excedía en más de 60 días internado”, porque, de acuerdo con sus dichos, se cometió un error al consignar la fecha de ingreso del paciente al nosocomio el 28 de junio de 2015, cuando en realidad había sido internado el 27 de agosto de 1971, es decir, casi cinco décadas antes.
Según su versión, advirtieron la situación de Miguel en 2018, pero manifestó que desconocía por qué durante tanto tiempo no se habían enviado informes del caso al juzgado.
El juez Pinto señaló que en la historia clínica tampoco surge que –durante los 43 años que transcurrieron desde que fue sobreseído– haya habido un intercambio de comunicaciones entre el hospital y el juzgado.
Peritaje y estado actual
A fines de 2018, el hombre fue sometido a un peritaje que le realizó una psiquiatra oficial. La especialista determinó que Miguel padece “esquizofrenia indiferenciada y demencia sin especificación”.
Precisó que no estaba medicado por su demencia y explicó que, si bien se alimenta, se higieniza y toma su medicación, todo se realizaba bajo supervisión de los enfermeros. Concluyó que, de otro modo, “correría riesgo para sí”.
En su fallo, el juez dejó en manos del Juzgado Civil de Oliva la resolución de la situación del hombre, debido a que “no hay ninguna actividad delictiva relacionada” en su contra que “permita justificar algún tipo de encierro cautelar”.
Y explicó que el caso de Miguel se transformó en una “internación judicial” con el paso del tiempo.
“Luego de la resolución judicial (de Vázquez Cuestas), su internación ‘voluntaria’, ‘se habría convertido’, por decirlo de alguna manera, en una internación judicial, que se había efectuado sin ningún tipo de control por parte de la autoridad judicial, sin remisión de informes periódicos y bajo el exclusivo control de los profesionales médicos que llevaron adelante el tratamiento”, señaló Pinto.
En ese sentido, agregó que no encontró “ninguna vinculación actual entre la internación” de Miguel y “la comisión de algún ‘hecho antijurídico’”, ya que fue declarado inimputable y sobreseído.
Por estos días, el hombre continúa en el mismo hospital. Desde el juzgado, indicaron que su internación en 1971 “se produjo de manera voluntaria” porque “ningún juzgado” lo había ordenado, “sino que fue una decisión personal/familiar”.
Está diagnosticado por esquizofrenia paranoide, padece diabetes tipo 2, obesidad grado uno e hipertensión. Según se precisó, está medicado por todas las afecciones.
"Actualmente, no se encuentra al cuidado de ningún familiar", se informó a La Voz. Tres hermanos de Miguel fueron localizados. Viven en Buenos Aires y en Santiago del Estero. Al parecer, dijeron que no se encontraban en condiciones de asumir el cuidado de Miguel. Tampoco lo visitan.
“No se encuentran registros de que familiares hayan concurrido a visitarlo. Sí se informa que suele comunicarse telefónicamente una hermana que vive en la provincia de Buenos Aires, para interiorizarse esporádicamente (una o dos veces al año)”, se explicó.
De todos modos, es un paciente “arraigado al hospital y a los profesionales que lo atienden, con buena adaptación entre sus pares y que, por cuestiones médicas, solamente podría salir con el acompañamiento de personal del nosocomio”.
Hasta hace algún tiempo, Miguel no tenía obra social ni pensión por discapacidad. Pero este año obtuvo el beneficio jubilatorio y cuenta con Pami.
Sin responsables, por ahora
Paralelamente, el juez indicó que si se repasa la historia de internación de Miguel A., se “verían incumplidas algunas disposiciones legales”, por lo que ordenó a la fiscalía federal de José Uriarte investigar las responsabilidades institucionales y profesionales del caso.
Para el fiscal Uriarte “hay algunas líneas de investigación, pero aún no hay imputados”. “No se ha demostrado responsabilidad de la administración del hospital ni de la autoridad judicial, de funcionarios o de magistrados federales de aquel tiempo”, indicó.
Si el expediente no hubiera sido quemado en 2015, eso “hubiera aclarado muchísimo la situación” del hombre, ya que se podría saber si hubo o no comunicaciones entre juzgado y el hospital en los últimos años.
En la fiscalía manejan el registro de la historia social del paciente, en la que constan comunicaciones posteriores a los años ’70.
El caso: Se conoció el año pasado
El año pasado, La Voz reveló que tras casi cinco décadas, el Estado había indagado por las circunstancias de un hombre llevaba el 68% de su vida en un hospital especializado en salud mental de Córdoba. En 1975, el juez federal Eudoro Vázquez Cuesta dispuso que continuara internado en el hospital, "de donde no podrá salir sin resolución de este juzgado y previo informe favorable de peritos".
