La noticia conmocionó el ámbito carcelario y de la Justicia provincial, al conocerse la detención de tres personas por orden del fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno de Córdoba, Enrique Gavier. Un alto funcionario del Servicio Penitenciario, un abogado penalista y un particular al que se vincula con la política provincial fueron privados de la libertad y quedaron imputados, por el momento, por “asociación ilícita”.
El mismo día que se inició el juicio por ingreso de celulares a la cárcel de Bouwer a cargo de una banda liderada por el narcotraficante René Alejandro “Chancho” Sosa, el mismo instructor de ese expediente lanzó una serie de allanamientos en oficinas, ámbitos relacionados con la abogacía y domicilios particulares, los que concluyeron con la detención de uno de los tres subdirectores (Operaciones) de la cárcel de Bouwer, Sergio Alejandro Guzmán, como así también del abogado penalista Alfredo Ciocca y del particular Ramón Salas, a quien voceros judiciales vinculan con algunas esferas de la política provincial.
Tras una serie de versiones escuchadas a lo largo de todo este miércoles, al caer la tarde se conoció un comunicado desde el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) en el que se informa de la detención de uno de los tres subdirectores del Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse.
La gacetilla también comunicó que “se llevó a cabo un allanamiento de la oficina” de Guzmán, dentro del penal ubicado al sur de la ciudad de Córdoba.
La nota del SPC concluye señalando: “Cumpliendo con el procedimiento de rutina, se dio inmediatamente intervención al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, y a las instancias correspondientes”.
Primeras explicaciones
Desde que en 2021 detuvo al guardiacárcel Mauro Rodrigo Casado por intentar ingresar dos celulares al pabellón de Bouwer donde se alojaba el narcotraficante “Chancho” Sosa, el fiscal Gavier viene investigando irregularidades en el régimen de alojamiento de internos, particularmente con el uso ilegal de celulares y su utilización para realizar estafas desde el penal.
A pesar del hermetismo del funcionario que aún estaría ordenando medidas respecto de esta nueva causa, se conoció de otras fuentes judiciales que esta investigación se inició a partir de una denuncia. En sus primeras conclusiones, se indica que se habría detectado una compleja operatoria cuyos contornos todavía no se disciernen con precisión.
Si bien en un principio se habló de la introducción de celulares para el uso de los detenidos, esa especie no fue confirmada al caer la tarde del miércoles.
Sí se señala que esta “asociación” habría montado una suerte de “quiosco” (sic) que tenía como principal objetivo falsear informes relacionados con la conducta y la evolución en el tratamiento penitenciario de los detenidos.
“A cargo de determinados favores”, se falseaban informes para “favorecer o desfavorecer” (sic) la situación de determinados detenidos, con el objetivo de hacerlos “progresar” o “retroceder” en el tratamiento e ir superando o ralentizando las fases de la condena. Los términos remarcados fueron utilizados por personas que estuvieron en relación con los primeros pasos de la investigación, aún incipiente.
A lo largo de este miércoles, al conocerse los allanamientos y luego la detención del alto jefe penitenciario, la noticia causó conmoción en el SPC.
También trascendió que los presuntos ilícitos podrían haber ocurrido en el complejo carcelario de Cruz del Eje, anterior destino de Guzmán.
En el ámbito de la Justicia, numerosos penalistas mostraron su preocupación por la detención de Ciocca, un abogado de buen concepto entre sus pares. Además de ser un conocido defensor, tiene inserción en clubes del fútbol de Córdoba y hace aportes en la Justicia para una mejor tramitación de conflictos en los que se ven involucrados barrabravas.
Al caer la noche, desde esferas del Ministerio de Justicia provincial aportaron que la denuncia fue formulada por el propio SPC tras una investigación interna.
