La Sala I de la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de nueve personas -tres hombresy seis mujeres- en una causa en la que se investiga el funcionamiento de una organización criminal dedicada al ingreso y comercialización de drogas dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y confirmó la prisión preventiva de tres de los procesados, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La decisión fue adoptada por los jueces César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes consideraron configurado el delito de comercialización de estupefacientes agravado por haberse cometido en forma organizada entre tres o más personas y dentro de un establecimiento penitenciario de persecución del narcotráfico.
La investigación fue impulsada por la titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, quien cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La causa
Según informó la fiscalía, a través de las evidencias colectadas se reconstruyó el funcionamiento de una organización criminal con base en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que operó al menos entre noviembre de 2019 y julio de 2024, cuyo objetivo era ingresar y comercializar estupefacientes dentro de establecimientos penitenciarios, evadiendo los controles de ingreso de visitantes y mercaderías.
De acuerdo con la investigación, el grupo estaba integrado por personas privadas de su libertad y por otras que actuaban desde afuera de la cárcel, en libertad, en su mayoría vinculadas entre sí por lazos familiares o afectivos.
En la pesquisa se estableció que distintas mujeres que colaboraban con el grupo se registraban como parejas de reclusos y presentaban certificados de embarazo falsos que les permitían eludir el control por rayos X (body scan) dispuesto en los protocolos de seguridad penitenciaria.
Una vez adentro de las unidades transportaban en su cuerpo pequeñas cantidades de droga previamente fraccionadas y empaquetadas, que luego eran entregadas a las personas privadas de su libertad para su distribución y venta interna.
La fiscalía informó que las operaciones se extendieron más allá del CPF I de Ezeiza, pues se identificaron maniobras similares en la Unidad Penitenciaria N° 60 del Servicio Penitenciario Bonaerense, situada en Merlo, y en la Alcaidía N° 10 bis de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A partir del entrecruzamiento de datos realizado por la DAC, pudo establecerse que los compradores, también privados de libertad, abonaban la droga adquirida mediante la cesión de sus haberes (peculios), autorizando a miembros de la organización a percibir los cheques emitidos por la administración del penal.
Esos fondos eran luego administrados y registrados en forma detallada con un control financiero centralizado en uno de los internos que actuaba como coordinador general de las maniobras, informó la fiscalía.
En su resolución, la Cámara Federal describió la existencia de funciones diferenciadas entre los integrantes, incluyendo la coordinación desde el interior del penal, la recaudación de peculios, la recolección y fraccionamiento de estupefacientes, la falsificación de certificados médicos y la provisión del material ilícito desde el exterior.
También mencionó la utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales de terceros, incluso de familiares, para canalizar los fondos obtenidos.
En la investigación no se verificó participación de personal del Servicio Penitenciario Federal en las maniobras investigadas.
