En medio de la controversia desatada en Córdoba por la utilización extendida de la figura de la asociación ilícita por parte de fiscales, el Tribunal Oral Federal N° 3 de esta Capital condenó por ese delito a una banda dedicada al robo de vehículos a gran escala, el desarme y la venta de autopartes, y contrabando y lavado de dinero.
La causa, una de las más resonantes de los últimos años en Córdoba por la cantidad de hechos, imputados y mecánica delictiva (cada eslabón de la cadena), llegó al Tribunal N° 3 como parte del juicio abreviado acordado entre el fiscal general Maximiliano Hairabedian y las defensas de los 39 imputados.
En un fallo unipersonal, la jueza Cristina Giordano condenó al jefe de la banda, Luis Ramón “Don” o “Don Luis” Scalamogna (80), a la pena más alta (5 años y 11 meses) por asociación ilícita, contrabando agravado, encubrimiento agravado y lavado.
El resto (37 imputados de los 39) recibió penas de cumplimiento efectivo y domiciliaria por asociación ilícita y, según el caso, por lavado, hurto, robo, almacenamiento de repuestos y encubrimiento: Héctor Omar “Tinta” Argüello (3 años y medio); Nicole Micaela Barrionuevo (3 años); Jonathan Gabriel Bazán (3 años y 3 meses); Franco Joel Salvador Boggio (4 años); Franco Exequiel “Bambula” o “Bumbula” Brizuela (3 años); Alfredo Fernando Centeno (3 años), y Jonathan Raúl Correa (4 años).
También fueron condenados César Tomás Cuello (3 años); Joaquín Emanuel Dutra (3 años); Lucas Matías Dutra (4 años); Norberto Francisco Dutra (3 años); Raúl Rodrigo Fernández (3 años); Federico “Locota” Fontana (4 años); Diego Agustín Giménez (3 años); Juan Carlos “Vásquez” Giménez (3 años); Matías Hernán Giménez (3 años); Juan Carlos Godoy (3 años y medio); Pablo David Gómez (3 años); Enzo Javier Guimaráez de Añiz 83 años y 3 meses), y Luis Emiliano “Lolo” Gutiérrez (5 años y 9 meses).
Además fueron sentenciados Marcelo Maximiliano “Pipo” Gutiérrez (3 años y 10 meses); Brian Alexander Libera (3 años); Yohana Belén López (3 años); Mario Orlando del Valle Marozzi (3 años y 3 meses); Ayrton “Gringo” Mejías (4 años); Franco Sebastián Nieto (3 años y 11 meses); Cristian Alejandro “Viejo” Nores Martínez (3 años); Javier Alexis Orellano (3 años y medio); Mariela del Valle Pedernera (3 años); Roberto Osvaldo Peralta (3 años); Héctor Fabián Pereira (3 años); Noelia Vanesa Salaya (3 años y medio); Mauro Ulises Salinas (3 años y 10 meses); Kevin Nahuel Toranzo (4 años); Gabriel Eduardo “Peli” Torrilla (4 años); Gabriel Sebastián Torrilla (3 años y 2 meses), y Leonardo Nicolás “Gordo Leo” Villarruel Varela (3 años y medio).
El único que no fue condenado por asociación ilícita -pero sí por encubrimiento agravado- fue Guillermo René Juárez (1 año y 7 meses), mientras que fue absuelto Jorge Alejandro Vaca.
En la causa, siguen prófugos Leonardo Joel “Cabe” Córdoba, Jorge Yermir Godoy y Juan Bautista Herrera.
Las operaciones del “Don”
La causa nació a partir de una investigación de Sustracción del Automotor de la Policía de Córdoba, que detectó por geolocalización la ubicación de una Chevrolet S10 robada en 2022: Caminagua 1627, en barrio Ayacucho, al norte de la Capital provincial.
Allí funcionaba el taller mecánico de “Don” Scalamogna. Pero la fuente clave de caudal informativo de las operaciones ilícitas fue el iPhone de “Don Luis”. Así, el fiscal Hairabedian y el Juzgado Federal N° 1 pudieron establecer la mecánica de la organización, roles y márgenes de ganancias millonarios.
Como jefe máximo de la banda, Scalamogna operó en las sombras durante casi tres años, desde 2021 hasta 2023. Se encargaba de conseguir camionetas Toyota Hilux y Ford Ranger robadas para “enfriarlas” (ocultarlas un tiempo) y organizar, por un lado, el contrabando a Bolivia y, por otro, la venta de autopartes en la Argentina a través de Marketplace, de Facebook.
En el primer caso, Scalamogna ofrecía a Yermir Godoy (prófugo) los rodados para introducirlos ilegalmente a Bolivia. En la dinámica, el también prófugo Herrera oficiaba como nexo entre Yermir Godoy y Scalamogna, ya que habría sido quien verificaba el estado de los vehículos que conseguía “Don Luis”.
Como “contraprestación”, Yermir Godoy transfería desde Bolivia el precio del vehículo en dólares por medio de Argenper Express. El dinero era depositado en dos etapas: una entrega inicial del 50% del valor antes del envío de las camionetas a Bolivia y el saldo luego del traspaso exitoso por la frontera. El precio total, claro está, era muy inferior al valor del mercado legal.
Como chofer de la empresa Transportes del Norte, Juan Godoy era uno de los encargados de transportar los vehículos. Una vez asegurada la llegada de las camionetas a suelo boliviano, Scalamogna, Godoy, Herrera y Ramírez de Yermir cobraban las múltiples transferencias. De esta forma, la organización habría lavado casi U$S 120 mil.
“Levantadores”
Scalamogna proveía las camionetas y demás vehículos gracias a los “levantadores” de los rodados vehículos con diversas metodologías –incluida Flipper Zero– para trasladarlos a cocheras, donde eran “enfriados”.
Los “levantadores” “Gringo” Mejías, “Bumbula” Brizuela, “Locota” Fontana, “Drogón”, “Boliviano” y “Sebas” no funcionaban sin una coordinadora: la experimentada Noelia Salaya.
Para asegurar el botín, “Viejo” Nores Martínez “enfriaba” los rodados en su casa. Algunos desguazados eran llevados a un terreno de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, donde se los incendiaba.
“Don” también se encaraba de tramitar la documentación apócrifa del vehículo (con complicidad de empleados no identificados del Registro de Propiedad Automotor), para eludir los controles y vender lo robado en otras provincias a través de Marozzi, dueño de una concesionaria en Santa Fe.
La banda operaba de punta a punta a lo largo de toda la cadena delictiva: además de los “levantadores”, varios fungían como los aceitados eslabones, desde “desarmadores” y “choferes” hasta “guardadores” y “vendedores”.
Los investigadores establecieron que el redituable negocio llevó a “Don” a incorporar “proveedores”. Así es que a la célula de Salaya se sumó la dirigida por la pareja de Pedernera y Correa, de Villa La Tela.
Las bandas, incluso, “compartían” desde “levantadores” como información recíproca, ubicaciones, posibilidades de robo y hasta herramientas.
Juicio en Córdoba: condenas a los ladrones de autos
El fiscal Hairabedian resaltó que el pedido de condenas no se sustentó exclusivamente en el reconocimiento que habían efectuado los imputados de los hechos, sino en que las maniobras habían sido comprobadas gracias a los mensajes entre ellos (en los que se referían a los robos), las escuchas, fotos de los autos robados, el contrabando y los documentos acreditantes del lavado.
Señaló que si se hubiese realizado un juicio ordinario, hubiera pedido penas más altas. Sin embargo, varios defensores solicitaron una menor cuantía en los montos o que fueran de cumplimiento domiciliario, por el hacinamiento carcelario.
Al respecto, Hairabedian solicitó condena efectiva y no domiciliaria en los casos en los que los imputados acumulaban una gran cantidad de antecedentes (incluso, casos de criminalidad violenta).
Quien lideraba el “podio” era “Lolo” Gutiérrez, con 11 (incluida una condena por robo, daño y violación de domicilio) por hurtos, violación de domicilio reiterada, cohecho activo y robo. No sólo sumó ahora su segunda condena sino otra imputación, por intentar fugarse durante el juicio. Insólitamente, quiso escapar de tribunales el día en que el fiscal pidió su condena.
Varios más de los condenados también acumulaban múltiples antecedentes por robos, drogas, homicidio culposo, encubrimiento, hurto, tenencia ilegal de armas, lesiones, uso de documentación falsa, amenazas y violencia familiar.
Respecto de Vaca, empleado en una casa exportadora de autopartes, Hairabedian solicitó su absolución por dudas, al tiempo que recalificó la conducta de Juárez (pasó de asociación ilícita a encubrimiento agravado).
La jueza Giordano homologó el acuerdo entre las partes y determinó que Scalamogna era el claro líder de la banda: “Era el jefe de la organización, el encargado de dirigir las actividades delictivas y, en particular, el tráfico de los vehículos hacia Bolivia. Para ello, coordinaba la sustracción de vehículos, su reacondicionamiento, el guardado, el traslado por tierra y la realización de la documentación apócrifa, para luego recibir el pago de los vehículos”.
“El grupo presentaba un alto grado de profesionalización. Se evidencia, en primer lugar, por la frecuencia y cantidad de vehículos sustraídos y que posteriormente eran enviados a Bolivia, el éxito que tuvo la organización en la comisión de los delitos y su permanencia durante el tiempo”, agregó.
