El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a tres años de prisión condicional a Alberto Barnada, un hombre de 77 años apodado “Bombita”, por tráfico ilegal de explosivos. La sentencia llega más de un año después de su detención el 11 de junio de 2024, cuando fue interceptado con un cargamento de 500 kilos de dinamita en su camioneta.
Barnada había partido desde la provincia de Córdoba con destino a Misiones, y su viaje fue interrumpido en Entre Ríos. Fue descubierto durante un control policial de rutina en el Puesto Caminero Santa María, ubicado en el kilómetro 496 de la ruta nacional 12, cerca del Túnel Subfluvial.
Según el expediente, el hombre mostró signos de nerviosismo y, al ser consultado sobre el contenido de la caja de su camioneta, afirmó falsamente que transportaba agroquímicos.
Sin embargo, los efectivos policiales constataron que, ocultos bajo trapos y sin la documentación reglamentaria, se encontraban 15 panes de explosivos. Se trataba de 500 kg de Gelamón V.F. 65%, un potente tipo de dinamita fabricado en la planta de Fabricaciones Militares en Villa María. Este material es conocido por su uso en trabajos de construcción y en la industria minera.
Durante el juicio, la defensa de Barnada intentó minimizar el riesgo, argumentando que la ausencia de detonadores hacía que el material fuera “inofensivo”. No obstante, bomberos especializados en explosivos refutaron esta postura, declarando que la camioneta no disponía de los elementos de seguridad necesarios para el traslado de una carga de tal magnitud.
La fiscalía, liderada por José Ignacio Candioti, solicitó inicialmente una pena de cuatro años de prisión efectiva, enfatizando el “altísimo peligro social” que representaba la conducta del acusado. Candioti destacó la magnitud del cargamento, afirmando que el jubilado llevaba “más dinamita de la utilizada en los atentados contra la Amia”. Los acusadores también señalaron que Barnada se dedicaba al comercio de equipos viales y mineros, por lo que era consciente del riesgo del transporte de dinamita.
Un punto clave en la acusación fue el hecho de que, la noche previa a su detención, Barnada había pernoctado en la localidad de Cerrito, dejando su vehículo con la peligrosa carga estacionado durante horas a media cuadra de una estación de servicio. La fiscal ayudante Valeria Esponda subrayó la gravedad de esta situación durante los alegatos.
Finalmente, la jueza federal Noemí Berros dictó una condena de tres años de prisión condicional, una pena menor a la solicitada por la fiscalía, pero que respaldó la postura del Ministerio Público Fiscal sobre la responsabilidad del acusado. El propio Barnada admitió ante el tribunal que no contaba con autorización ni cumplía con la reglamentación para transportar material explosivo.
Además de la condena, se informó que el rodado fue secuestrado y será destinado a tareas de transporte. La Fiscalía también solicitó la destrucción de los explosivos incautados, argumentando que “no corresponde que semejante cantidad de explosivos quede almacenada”.
