Veinte años sumido en la desesperanza y la indignidad por voluntad ajena. El empresario Miguel Rosario Fernández (78) fue condenado por explotación laboral en un cortadero de ladrillos de Villa Allende.
La jueza del Tribunal Oral Federal N° 1, Carolina Prado, le impuso cinco años de prisión durante un juicio abreviado acordado entre la defensa y el fiscal general, Maximiliano Hairabedian.
Sufrimiento prolongado
Entre 1996 y 2016, el hombre vio pasar su vida inmerso en la resignación y la insatisfacción de sus necesidades en el cortadero ubicado en barrio 16 de Noviembre, a cuatro cuadras de la escuela René Favaloro de Villa Allende.
Aprovechándose de forma descarada de la situación de vulnerabilidad socioeconómica, familiar y educacional, Fernández lo explotó haciéndolo trabajar de manera informal. La víctima no recibió un salario con regularidad. Pero cuando cobraba el mísero aporte, era inferior al establecido por el convenio.
Fue su hermana la que destapó la situación tras realizar una denuncia a la línea telefónica 145 (de trata), en enero de 2016. Responsabilizó al empresario por la explotación de su hermano.
El fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano, pudo determinar que la “residencia” donde sobrevivía la víctima era una pocilga de ladrillos sin revocar, techo de chapa y piso de tierra. No tenía cocina, baño, instalación de agua y luz.
Al declarar, la hermana amplió su denuncia sobre las condiciones en las que estaba sumido el hombre. Mencionó que cuando Fernández y su hermano se iban de vacaciones, no le pagaban, y que cuando su hermano se enfermaba –no tenía obra social– se lo llevaban a su casa para que ella lo atendiera.
Describió que las condiciones del lugar de residencia del hombre eran paupérrimas, lo que empeoraba cuando llovía, ya que la tapera se inundaba. El trabajador no sabía leer ni escribir. Tampoco tenía DNI porque no había sido inscripto por su padre (fallecido), quien también había trabajado para Fernández al igual que la denunciante y los demás hermanos.
Al pedirle a Fernández que le construyera una pieza en buenas condiciones a su hermano y que le suministrara lo necesario para que se alimentara, el empresario le respondía usualmente: “Ya lo vamos a hacer”.
Tras receptarle el testimonio, el juez Alejandro Sánchez Freytes allanó el cortadero. Se pudieron comprobar las condiciones infrahumanas. Si bien la víctima declaró que tenía buena relación con Fernández, su situación era calamitosa: vivió 24 años en aquel tugurio, tras soportar malas condiciones en un cortadero anterior, en Juárez Celman.
El hombre dormía sobre cama improvisada sobre dos ladrillos. Debía hacer sus necesidades en un hueco, sin poder higienizarse adecuadamente porque ni siquiera contaba con un básico grifo.
Cuando llovía, el lugar se inundaba. Perdió sus escasas pertenencias, e incluso hasta soportó momentos de zozobra cuando tuvieron que rescatarlo con sogas debido a la correntada. En verano debía cuidarse de víboras y alimañas, y en invierno, del intenso frío sin calefacción.
Indicó que Fernández y su hermano le llevaban comida, y que habitualmente cada viernes le pagaban entre 300 y 400 pesos, un 60 por ciento inferior al que percibido por regulación. Y que cuando le solicitaba más dinero o comida, el empresario no se lo brindaba. Señaló que tuvo que matar gallinas o comer huevos varios días por necesidad. Manifestó que como persona mayor sentía vergüenza de pedirle un plato de comida a su hermana.
Sus problemas respiratorios (también sufría de alcoholismo) se agravaron en varias ocasiones. En esas circunstancias solo contaba con los remedios que le daban en el dispensario de Villa Cornú (dijo que podía entrar y salir libremente del predio, para visitar a su hermana y sobrinos).
Por la lesión en las costillas, no pudo seguir trabajando como antes, por lo que se dedicó a cuidar las herramientas y a hacer tareas livianas. El informe de la Secretaría de Trata concluyó que de su relato eran evidentes su desesperanza y resignación.
El otro caso en el cortadero
Fernández también fue imputado por explotar a otro trabajador (analfabeto). Para 2016 hacía un año que se encontraba en el cortadero.
Contó que el empresario le pagaba 300 pesos por día, y que en época de receso, le daba alimentos que luego le descontaba. Remarcó que Fernández lo dejaba vivir en el predio y que, a cambio, él cuidaba el campo.
No salía casi del lugar –salvo a un bar cercano– porque no contaba con familiares ni amigos. Por no tener recursos, no pudo afrontar los gastos de un tratamiento para su asma ni contar con mejores condiciones de vida: residía en al cortadero, rodeado de maleza, basura, animales muertos y aguas servidas.
De acuerdo con el informe sobre trata, se encontraba condicionado por la pobreza, ausencia de contención, desamparo y carencia de alternativas, lo que posiblemente lo empujó a aceptar situaciones de aprovechamiento de Fernández.
Fallo en Córdoba
La jueza Prado condenó a Fernández a cinco años en el marco del juicio abreviado en el que la defensa aceptó la acusación en el acuerdo con la Fiscalía General N° 1. Fue sentenciado como autor de trata de persona con fines de explotación laboral (primer caso) y trata de persona con fines de explotación laboral agravada –por el abuso de una situación de vulnerabilidad– (segundo caso).
“Miguel Rosario Fernández acogió y recibió (a las dos víctimas), ya que resulta evidente que ambas personas vivían en el cortadero de ladrillos, bajo condiciones muy precarias, y trabajaban en el lugar. Allí, Fernández se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de los nombrados y los explotó laboralmente”, afirmó.
“Se destaca que ambos recibían una paga exigua por las tareas que realizaban, que las condiciones laborales eran inadecuadas, además de que no contaban con contrato formal de trabajo, ni prestaciones previsionales, ni cobertura médica”, advirtió
Fernández –ya jubilado– se comprometió a abonar, además, 170 mil pesos al primer hombre en concepto de reparación del daño.
