Tras un juicio abreviado realizado en la Cámara del Crimen de los Tribunales de Villa María, Luciano Emanuel Lario fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en la muerte de Analía Molina, una trabajadora de la cabina de peaje de James Craik.
Quien iba de acompañante esa madrugada en el auto que embistió a la mujer, Jonatan Alexis Campos, recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución provisional y recuperó la libertad.
El juicio, que se celebró este viernes 28, determinó el cierre de la etapa penal tras el acuerdo de aceptación de cargos alcanzado entre el fiscal y los abogados defensores, luego de un cuarto intermedio donde Lario, que en principio no parecía de acuerdo con el trato, finalmente aceptó la pena.
Los hechos se remontan a una cadena de delitos iniciada en la ciudad de Córdoba, cuando Lario y Campos robaron un vehículo Volkswagen Polo blanco mientras la dueña intentaba guardarlo en su cochera en barrio Alta Córdoba.
Posteriormente, reemplazaron la patente del auto para anular su identificación legal.
El desenlace fatal ocurrió el 14 de septiembre de 2024, en la autopista a Rosario, a la altura de James Craik.
El vehículo fue detenido en un control de la Policía Caminera sobre el kilómetro 588 de la autopista. Cuando se les indicó que detuvieran el auto, Lario, quien era el conductor, aceleró bruscamente haciendo caso omiso a la Policía para darse a la fuga.
En plena acción de huida, Lario embistió a Molina, quien caminaba por la senda peatonal cumpliendo los protocolos de seguridad y utilizando los chalecos correspondientes.
La víctima, de 33 años, fue despedida a varios metros, sufriendo hundimiento torácico, múltiples fracturas (fémur, tibia, peroné y tobillo) y desgarros en el hígado, muriendo por shock hipovolémico a causa de los politraumatismos.
Tras el impacto, Lario continuó la fuga.
Los ocupantes abandonaron el vehículo 500 metros más adelante y escaparon a pie, entregándose voluntariamente días después por recomendación de sus defensores.
La sentencia
En el juicio abreviado, Luciano Emanuel Lario fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio simple con dolo eventual, supresión de objeto registrable y resistencia a la autoridad. Se encuentra alojado en la cárcel de Bouwer.
Mientras que su acompañante, Jonatan Alexis Campos, fue condenado a tres años de prisión de ejecución provisional, recuperando la libertad. Campos fue imputado por encubrimiento por favorecimiento agravado, que incluye receptación de objeto robado, supresión de objeto registrable (por la patente adulterada) y favorecimiento personal agravado.
Conclusiones del querellante
El abogado de la familia de la víctima, Justo Sánchez Rodríguez, explicó que objetivo primordial siempre fue la calificación del homicidio, siendo el monto de la pena, si bien sumamente importante, un elemento accesorio.
Aunque se había conversado con el fiscal la posibilidad de una pena de 11 años, la negociación final condujo a los 8 años y 6 meses.
“Lo trascendente del fallo es que es la segunda vez en la provincia q se aplica la figura del homicidio con dolo eventual”, enfatizó.
El letrado enfatizó que la clave de la querella fue lograr que el hecho se calificara como una decisión deliberada y no como un accidente por imprudencia.
“Acá fue una decisión deliberada por parte de Lario de darse la fuga sin importar qué”, remarcó.
Para el abogado, la palabra “accidente” es “mala palabra” en este caso.
La importancia, dijo, radica en la calificación legal, ya que se trató de dos delincuentes en un auto robado que prefirieron la fuga a costa de una vida humana.
La conducta de Lario al pasar por la casilla del peaje a toda velocidad, sabiendo que el espacio era reducido, demostraba una actitud “muy temeraria” con intención de destruir la valla.
Esto sustenta el concepto de dolo eventual, mencionó el querellante, que implica que el acusado “ya no le importa lo que pueda pasar” y desprecia el resultado fatal que podía generar.
Valoró que el juez Félix Martínez, a cargo del tribunal, fuera congruente al no bajar la calificación ni el monto de la pena.
Jonathan Godoy, esposo de la víctima, había manifestado previamente que la muerte de Analía no fue una tragedia, sino “una cadena de decisiones irresponsables” que “mataron” a su esposa.
Aunque ninguna pena puede devolver a Molina a su familia, la resolución judicial le permite al querellante “cerrar una etapa” y obtener una certeza de lo que pasó.
El abogado señaló que, si bien la familia sigue pasando por un momento psicológico sumamente difícil, esta condena representa una “respuesta institucional” que se ajusta a derecho.
En cuanto a otros asuntos legales, el querellante confirmó que hay acciones civiles pendientes, las cuales serán llevadas por otro abogado, y que existe una estrategia planificada para su ejecución.
