Todo se originó por un celular. El aparato fue robado del interior de un patrullero. Era obviamente de un policía.
Sus camaradas realizaron una serie de investigaciones y una fiscalía dio “luz verde” para que se practiquen unos allanamientos en domicilios. Eso sí, la orden judicial consistía en hallar el celular e identificar a quien lo tenía escondido.
Lo que vino después, según la Justicia, fue lo más parecido a una patota policial dispuesta a cualquier cosa menos a cumplir su trabajo.
De acuerdo a la causa, como el celular no fue recuperado, los policías comenzaron a llevarse electrodomésticos y otras pertenencias de las viviendas (hasta una moto) como si se tratara de una suerte de represalia y de extorsión. Sucedió en 2018 en el barrio Ciudad de los Niños, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.
Cinco años después, la Justicia de Córdoba dio finalmente su veredicto: tres efectivos de la Policía provincial fueron condenados por aquellos graves episodios. Eso sí, fue un fallo dividido, es decir por mayoría.
Con la participación de jurados populares, la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba condenó, por un lado, a los suboficiales Néstor Fabián Beas y Alexis Mario Magnano por los delitos de abuso de autoridad y coacción reiterada, y por el otro, al (ahora ex) comisario Pascual Enrique Vargas por omisión de los deberes de funcionario público.
Mientras los dos primeros fueron sentenciados a la pena de tres años de ejecución condicional, el excomisario fue obligado a pagar una multa de 10 mil pesos.
En paralelo, el tribunal resolvió que Beas y Magnano no podrán ejercer la función pública durante seis años; al tiempo que Vargas fue inhabilitado por un año. Cabe señalar que el comisario se había acogido al retiro voluntario antes de que el caso llegara al banquillo.
Todo indica que el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad resolverá cesantías.
Ninguno quedó detenido.
En paralelo a las condenas, los jueces Carlos Palacio Laje, Mario Centeno y Juan José Rojas Moresi absolvieron también por mayoría al policía Daniel José Díaz, quien estaba acusado de haber integrado el grupo.
¿Se vienen apelaciones?
“Habrá que conocer los fundamentos del fallo primero”, se escuchó decir desde la fiscalía de Cámara de Gustavo Dalma, de quien dependió la acusación contra los uniformados.
El detalle no es menor.
Es que no se descarta que el fiscal presente una casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a tenor de que había pedido condena para los cuatro acusados y por figuras y penas mucho más gravosas.
Los policías se desempeñaban en la comisaría Roberto Cogote que funciona en el barrio Ciudad de los Niños, periferia norte de la Capital.
Según la causa, en 2018 unos ladrones robaron un celular de un móvil policial. Sus compañeros iniciaron una pesquisa y llevaron adelante una serie de allanamientos legales (con autorización judicial) en busca de ese aparato.
Pidieron incluso dos móviles a la comisaría de la ciudad de Estación Juárez Celman.
“Pero los procedimientos eran para dar con ese celular y secuestrarlo; y, además, identificar a los moradores de la vivienda en donde estuviera el aparato. No se dio orden para lo que vino después...”, señalaron fuentes judiciales.
De acuerdo al expediente, como el celular no fue encontrado, los uniformados comenzaron a llevarse distintos artefactos electrónicos y hasta una motocicleta. “Más vale que aparezca el celular”, dijo el que manejaba la patota, antes de marcharse de uno de los domicilios.
Para la Justicia, se habría tratado de una “represalia” y una “extorsión”.
El celular nunca apareció.
Y los bienes secuestrados no quedaron asentados en los registros de la comisaría. Es como que nunca hubieran ingresado. Esos bienes tampoco aparecieron nunca.
A medida que el juicio avanzaba y las pruebas surgían, el fiscal Dalma decidió pedir el agravamiento de los cargos en contra de los uniformados.
Así las cosas, el representante del Ministerio Público Fiscal terminó pidiendo severas condenas para los policías Beas, Díaz y Magnano por los supuestos delitos de robo agravado reiterado, malversación de caudales públicos (los bienes fueron cargados en patrulleros) y extorsión agravada.
El fiscal Dalma solicitó condenas de seis años.
En tanto, requirió que el excomisario Vargas fuera condenado por omisión de los deberes de funcionario público, delito que es sancionado con una pena de multa de 750 a 12 mil pesos e inhabilitación de un mes a un año. Vargas se acogió a un juicio abreviado y se fue a su casa.
Ya tenía condena. Cabe señalar que el policía Magnano ya tenía una condena en su contra. Fue en 2020 y también por mal desempeño en la comisaría de Estación Juárez Celman.
De acuerdo a la Justicia, se vio involucrado en la desaparición de una moto que estaba secuestrada y que fue vendida a un particular.
Testigo temeroso. A nadie le pasó inadvertido que un testigo clave de esta causa evitó ir a testificar al juicio que se desarrolló contra los policías en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba. Todo indica que, por temor, el testigo evitó a los policías.
