No es la primera vez que se habla de irregularidades en un concurso de acceso a cargos en los Tribunales provinciales, que numerosos postulantes se quejan de situaciones de injusticia y que quienes quedan encaramados en la cima del orden de mérito terminan sospechados de pertenecer a una misma extracción.
Pero, acaso por primera vez, en esta ocasión se cuenta con una denuncia concreta del gremio de empleados judiciales, con el aporte de elementos de duda razonable para cuestionar la transparencia de una compulsa. La presentación de la organización sindical ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) menciona a un funcionario judicial, con nombre y apellido, que habría proporcionado por adelantado las preguntas del examen escrito a cuatro postulantes que, además de pertenecer a su entorno laboral o académico, lograron resultados perfectos. O casi.
Como si eso no fuera suficiente para iniciar una investigación, se agrega el relato de un hecho que puede ser crucial: la supuesta confesión –voluntaria o fallida– de una de esas postulantes, que al parecer reconoció haber recibido el favor indebido para rendir con ventaja el examen.
El gremio, a través de su titular, Federico Cortelletti, y de su secretaria de organización, Lucía Bonafé, depositó su mayor impulso institucional para denunciar las supuestas irregularidades y, a la vez, defender la transparencia del sistema de concursos para el acceso a cargos en la Justicia por méritos valederos. Son ellos mismos quienes pretenden garantizar la solidez de esta modalidad, y por eso no la cuestionan, sino que piden que se investiguen los hechos supuestamente irregulares.
El TSJ dio inmediato inicio al sumario administrativo, a través de su vocal Sebastián López Peña, y se dispusieron las primeras directivas para comenzar a recibir la prueba, especialmente los testimonios de quienes habrían escuchado la confesión.
De igual modo, el presidente del cuerpo, Luis Angulo, tras reunirse con los gremialistas, se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación.
Es hora de que la Secretaría de Sumarios Administrativos, que depende del TSJ, avance en la instrucción de esta investigación interna que puede esclarecer los hechos. Ya tomó testimonios este miércoles a los denunciantes que aportaron las pruebas que incluyeron en la denuncia escrita, y este jueves comenzaron a recibir a quienes habrían escuchado la confesión de una de las postulantes.
Serán muchos los elementos por tener en cuenta para que este sumario pueda confirmar o desestimar los hechos denunciados por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj).
Acaso la mejor forma de garantizar la limpieza de los concursos que se dice son orgullo para Córdoba sea, por una vez, aislar el virus que contamina la sanidad de ese procedimiento. Tal vez, si se lograra individualizar los mecanismos que algunos utilizan para privilegiar a unos en detrimento de otros, ese sistema desarrollaría mecanismos de inmunidad para prevenir nuevas infecciones.
De todos modos, a pocos días de recibida la denuncia, el TSJ prefirió anular el concurso y evitar soluciones intermedias que no hubieran disipado cuestionamientos ni dudas que ya se cernían en torno de esta compulsa. Sí se tomaron recaudos para garantizar mínimamente derechos adquiridos de postulantes que, sin tener relación con sospecha alguna, ven frustrados sus esfuerzos de meses de preparación. La situación no ofrece mayores alternativas si lo que se busca es la integridad del proceso de selección.
