En la siesta de este viernes, el despacho del defensor oficial Eduardo Santiago Caeiro fue allanado por efectivos a las órdenes del fiscal de Delitos Complejos del Primer Turno, Enrique Gavier.
La presencia “en persona” del director de la investigación fue vista con sorpresa por los trabajadores tribunalicios, que relataron a La Voz que el procedimiento se realizó con rapidez y agilidad, en poco más de una hora.
Los oficiales de justicia intervinieron la oficina del asesor letrado que está siendo investigado por Gavier a partir de que fue sumariado por la presunta entrega de exámenes a cuatro empleadas tribunalicias que siguen en carrera para concursar el cargo de auxiliar de la defensa pública. El sumario interno se abrió luego de la denuncia que realizó el gremio de empleados judiciales de la Provincia y que derivó en la remisión de las actuaciones a la fiscalía de Delitos Complejos.
Tras dos semanas con la causa en sus manos, Gavier intervino el despacho de Caeiro, ubicado en el nivel 3 del ala de Fiscalías de Instrucción del palacio de Tribunales 2, donde reside el fuero del Crimen de la Justicia provincial.
Según indicaron fuentes tribunalicias, el operativo fue relativamente breve –la oficina cuenta con dos ambientes pequeños– y no trascendieron detalles sobre el material secuestrado.
Desde la fiscalía de Gavier no proporcionaron detalles ni brindaron precisiones del procedimiento.
La causa iniciada tras la apertura de actuaciones de la Secretaría de Sumarios Administrativos del Poder Judicial provincial se inició luego de la denuncia de las autoridades de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial provincial (Agepj). Una vez que se abrió sumario, se giraron las actuaciones a la Fiscalía General, que de inmediato envió los tres cuerpos del expediente al fiscal Gavier.
En la investigación preliminar se tomaron testimonios que confirman lo que indica la denuncia de Agepj: que Caeiro habría dado ayuda a cuatro empleadas cercanas a su entorno familiar, académico o laboral. Ellas, que obtuvieron los cuatro primeros lugares en la prueba cuestionada, son Paz Sonzini Astudillo, Mariana Lorenzatti, Florencia Zuliani y Ana Ruiz Tamagnini.
Al caer la tarde del viernes, varias fuentes señalaron a este medio que al menos uno de los despachos tribunalicios de estas cuatro empleadas también fue allanado, en simultáneo con el de Caeiro. La confirmación es respecto de la oficina de Lorenzatti, quien se desempeña en otra dependencia de la Defensa Pública, en el mismo piso y a metros del lugar de trabajo del defensor oficial.
Ruiz Tamagnini, de licencia, se desempeña en la misma oficina de Caeiro allanada, lo que es la antesala o recepción. Se presume que también podrían haber sido intervenidas a la misma hora del viernes los lugares de trabajo de Sonzini Astudillo (Cámara 12ª del Crimen) y Zuliani (Cámara de Acusación).
No se hizo mención de allanamientos en domicilios.
La Voz, al iniciarse la investigación interna, consultó al defensor oficial Eduardo Caeiro, pero este declinó formular comentarios sobre el caso. Posteriormente, ante una nueva consulta, no fue posible contactarse con él, por lo que no se conoce su versión de este procedimiento.
Episodio violento
La prueba más contundente a favor de lo que sostiene la denuncia es el testimonio de una empleada judicial que escuchó, cara a cara, lo que le habría dicho Sonzini Astudillo sobre la supuesta ayuda que había recibido de Caeiro.
La investigación interna que condujo el secretario de Sumarios Administrativos, Tristán Quiles, tuvo como “prueba de oro” la declaración de la testigo “L”, que a su regreso de vacaciones desde Punta Cana (República Dominicana), confirmó lo que otras personas venían sosteniendo.
Una vez que se recibió ese testimonio y que el TSJ decidió girar las actuaciones a la Fiscalía General, se produjo un incidente un par de días después en el lugar de trabajo de “L”, que es el mismo que el de Sonzini Astudillo: la Cámara 12ª del Crimen, en Tribunales 2.
De acuerdo a relatos coincidentes de trabajadores judiciales, tras reencontrarse ambas compañeras de trabajo, Sonzini Astudillo habría increpado a “L” por los términos de la declaración y se habría producido un altercado. Varias fuentes coincidieron que hubo quienes escucharon, desde el pasillo, el intercambio de palabras subido de tono.
Como consecuencia de este episodio, las autoridades de la cámara decidieron separar del ámbito laboral a las dos empleadas. Según trascendió, “L” habría permanecido en su trabajo de manera presencial, mientras que Sonzini Astudillo habría comenzado a trabajar desde su casa, de modo remoto.
Todos a rendir
El TSJ mantiene vigente el concurso, si bien anuló la prueba cuestionada, que ahora será tomada nuevamente el próximo sábado 14 de diciembre.
Desde que estalló este escándalo al conocerse los términos de la denuncia, hubo cuestionamientos a la decisión del TSJ de mantener el concurso con la anulación de la prueba. Quienes rindieron y aprobaron firmaron una nota y presentaron un recurso de consideración para que siga vigente el mismo examen, con la exclusión del concurso de las cuatro postulantes cuestionadas. Los firmantes reclamaban que se las aparte y se sostenga la prueba específica con las calificaciones obtenidas por los demás.
Pero el TSJ consideró que no hay elementos (ciertos) para apartarlas, por lo que rechazó el recurso de reconsideración y confirmó la toma del nuevo examen.
Ahora, el sábado próximo se tomará la nueva prueba, con un nuevo tribunal y con las preguntas elaboradas y administradas por este tribunal.
La cita será en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, como es habitual. Allí pueden presentarse, sin inconvenientes y con pleno derecho, las cuatro empleadas que están siendo investigadas por la supuesta ayuda indebida en la primera prueba.
