Miguel Ortiz Pellegrini, exfiscal General de la Provincia, asumió como codefensor del defensor público oficial Eduardo Caeiro en la causa que se le sigue por presuntamente haber favorecido a cuatro abogadas que concursaban para el Ministerio Público de la Defensa y reclamó que se investigue a todo el tribunal y no sólo a Caeiro, asegurando además que no hay pruebas en contra del funcionario.
Ortiz Pellegrini también cuestionó la acusación que hizo la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agepj) ante el jury de enjuiciamiento a la que calificó de sobreactuación porque primero lo denunció en forma administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “y sin esperar la resolución de este cuerpo, por la suya, rápido y apresurado, concurre a pedir su expulsión del Poder Judicial”, planteó el penalista. “Esta sobreactuación incluso tiene algunas contradicciones, pues si están tan interesados en la función judicial como debe ser, no entiendo por qué nada dicen de un fiscal (Eduardo Ramírez) que está siendo sometido a una investigación jurisdiccional acusado por el fiscal (Juan Pablo) Klinger y que se refiere nada menos que a la investigación de los delitos de droga. Llama la atención, ¿no?, las diferencias”, sugirió Ortiz Pellegrini.
Sobre el caso en concreto, el abogado dijo que detectaron incoherencias en el sistema Remark, que es el que se utiliza para corregir en forma automática el examen por multiple choice que se aplica para los concursos. Y aseguró que “no existe ninguna prueba directa de que haya existido alguna violación de secretos por parte, me refiero a las preguntas del examen, por parte de nuestro cliente, el doctor Caeiro”.
“Cuando digo ninguna prueba, digo que ni siquiera la llamada testigo estrella que supuestamente habría escuchado este relato por parte de una de las interesadas, al tiempo que debió prestar su declaración testimonial ante la justicia, negó el hecho. De tal manera que, por ahora, lo que esta defensa conoce es, puntualmente, dichos de dichos de dichos de alguien que escucha a una persona que niega haberlo dicho y una segunda que niega haberlo escuchado”, cuestionó.
Y Ortiz Pellegrini va más allá. “Está absolutamente determinado que este examen era conocido por varias personas. Entre ellas el jurado que integraba este concurso, que son precisamente tres asesores y también hay dos asesores más que son lectores. De tal manera que hemos pedido que se haga una investigación integral que incluya a todos los funcionarios que formaban parte del jurado, lectores y jurados, pues todos estaban en conocimiento de estas circunstancias. Y existe también, llamémosle casualidad, que algunas de las llamadas beneficiarias eran alumnos también de varios de los miembros del jurado. Excepto una sola, que no es profesora de la universidad”, reclamó el abogado.
La causa iniciada tras la apertura de actuaciones de la Secretaría de Sumarios Administrativos del Poder Judicial provincial se inició luego de la denuncia de las autoridades de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial provincial (Agepj). Una vez que se abrió sumario, se giraron las actuaciones a la Fiscalía General, que de inmediato envió los tres cuerpos del expediente al fiscal Gavier.
En la investigación preliminar se tomaron testimonios que confirman lo que indica la denuncia de Agepj: que Caeiro habría dado ayuda a cuatro empleadas cercanas a su entorno familiar, académico o laboral. Ellas, que obtuvieron los cuatro primeros lugares en la prueba cuestionada, son Paz Sonzini Astudillo, Mariana Lorenzatti, Florencia Zuliani y Ana Ruiz Tamagnini.
