Quince presuntos integrantes de la banda riocuartense del “Zar de la Droga” llegarán a juicio en el Tribunal Federal Oral N° 2, de Córdoba. El juez federal Carlos Ochoa clausuró parcialmente la investigación. Entre los presuntos integrantes de la organización criminal, figura Gustavo Oyarzábal, ahora exjefe de Investigaciones de la Policía de Córdoba en el sur provincial.
Durante cinco años, la organización habría financiado y operado circuitos de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de toneladas de cocaína y marihuana en el país y en el exterior. La compra y venta de autos de alta gama habría servido a los cabecillas para el transporte de drogas y el lavado de activos, según la acusación.
Todo comenzó a revelarse en enero de 2019, cuando sicarios acribillaron a balazos a Claudio Lorenzo Torres (43), alias “Lecayo” o “el Zar”. La organización era investigada desde 2014. Recién a los pocos días del asesinato de Torres, con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se hicieron 46 allanamientos simultáneos, con 11 detenciones, y se avanzó con el secuestro de 60 coches de alta gama, entre ellos un BMW blindado que simulaba ser un móvil policial no identificable.
Según la investigación, los riocuartenses compraban marihuana y cocaína en Nordelta, José C. Paz, Tortuguitas, Pilar, Avellaneda (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), San Vicente (Misiones), Clorinda (Formosa) y Jujuy, y en Bolivia y en Paraguay.
La sustancia era almacenada en Río Cuarto y redistribuida en la ciudad, en Puerto Madryn, en San Luis, en Buenos Aires y en Chile. Además de Torres, los líderes de la organización serían Gabriel Bossi (42), Mariano Martín Rivarola (40), Andrés Hernán Rivarola (46) y Cristian Fabián Ortiz (43), todos detenidos. Están procesados como presuntos coautores de los delitos de organización y financiamiento de actividades propias del narcotráfico, en concurso real con lavado de activos, agravado por habitualidad.
Para el juez Ochoa, el rol de organizador de Ortiz –que estuvo 10 meses prófugo– fue corroborado por su intervención en la causa Yerba Mala (operación de 2017 que ya tuvo condenados por transporte de estupefacientes). El cargamento de 3.500 kilos de marihuana llegaba a Córdoba desde Misiones, oculto bajo bolsas de arpillera llenas de residuos de yerba mate.
Los colaboradores de “máxima confianza” de los cabecillas serían Cristian Berti, Jorge Etcharren y Franco Maximiliano Soffli (hijo de Torres). Están imputados como presuntos partícipes primarios del narcolavado. En tanto, Marcelino Samuel Mansilla (empleado de Cotreco); María Luján López de Bravo (casera de los Vargas, detenidos por la desaparición de Nicolás Sabena); Mariano Nicolás Peirano; Rodrigo Marcial Benítez (de nacionalidad paraguaya), y Luz Montoya serán juzgados como supuestos partícipes primarios de narcotráfico. La misma acusación tiene el exjefe policial Gustavo Oyarzábal, agravada por su condición de funcionario encargado de prevenir esos delitos. La nómina de 15 se completa con Tatiana Gallo (pareja de Bossi), considerada partícipe necesaria de lavado, y con Mario César Batisttini, partícipe primario, ambos con calificaciones agravadas por habitualidad.
Boda, cuarteto y millones
La elevación a juicio del narcolavado destaca el estilo de vida de los acusados. Cita escuchas a Torres cuando coordinaba acciones para la inminente boda con su novia, Yamila Ledesma. La mujer tenía un anillo Bulgari valuado en 500 mil pesos. Y Torres habría realizado contrataciones de dos conocidas bandas de música: Jean Carlos y La Barra; la primera, por 300 mil pesos, que pagaría en efectivo.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) estimó que, durante el período 2014 y 2019, Torres debió contar con fondos de origen desconocido por la suma total de al menos 4,8 millones de pesos para solventar las erogaciones efectuadas.
Con respecto a Andrés Rivarola, la investigación sostiene que poseía tres departamentos con tres cocheras en el complejo Alma, por un valor de 2,5 millones, que dijo haber comprado en parte con la venta de un vehículo BMW de su madre. Esto es calificado como “inverosímil” por el juez, que cita que la compradora fue Sueli Suárez (pareja de Ortiz), también investigada como colaboradora de la organización. El informe de la Procelac afirma que el único negocio legal de Andrés Rivarola sería el local El Pollo Loco, que declaró ganancias anuales inferiores a los 60 mil pesos. Además de los inmuebles mencionados, le habrían detectado numerosos seguros de autos, motos y camiones a su nombre, la compra de una embarcación y varias armas de fuego, de importante valor económico.
El juez cita, además, la escucha de una conversación de Gabriel Bossi con su pareja, Tatiana Gallo, donde hablan sobre la posible compra de un Peugeot 207. Gallo responde: “No, no, no. Yo no quiero un auto espacial, quiero un auto como la gente. ¡Que me querés venir a mí con chamuyo de que tenés que ser de perfil bajo, ¡las pelotas, boludo! Tenés terribles autos vos, ¿me venís a decir a mí que tengo que ser de perfil bajo? ¿De qué estás hablando, Gabriel?”.
Bossi declaró que le prestaba a Torres, para la compra de autos, dinero de su exsuegro, José Vargas Miserendino (condenado en 2014 junto con su hija, Lucía “Cory” Vargas –expareja de Bossi–, por el secuestro del joven Nicolás Sabena). Sostuvo que Vargas –actualmente preso– había cobrado “tres o cuatro millones” por la casa quinta (donde desapareció Nicolás) y que él se lo prestaba a Torres para hacer negocios con concesionarias (dio nombres) que le daban “autos sin papeles para vender a precio diferencial”.
Policía y asesinato
Para el Juzgado Federal de Río Cuarto, Gustavo Osvaldo Oyarzábal, en su carácter de jefe de la División de Investigaciones de la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba, “colaboró con la organización criminal, omitiendo denunciarla e investigarla en relación con las actividades ilícitas de narcotráfico”. Además, habría recabado y proporcionado “continuamente” desde Río Cuarto “datos e información específica que le permitieron a la organización criminal conocer e identificar de manera simultánea las tareas, individuos, fuerzas de seguridad o autoridades judiciales que los investigaban, lo que les permitió eludir el accionar investigativo y garantizar la continuidad de sus actividades narcocriminales”.
En su momento, en su defensa, Oyarzábal declaró que su rol en la Policía “no era investigar narcotráfico”. Señaló que a Bossi, a Mariano Rivarola y a Ortiz, años atrás, los llevó detenidos por diferentes hechos, así como a Pedro Andrada (por homicidio), “que andaba siempre con Torres”. Aseguró tener más deudas que activos. Oyarzábal tiene un juicio pendiente en la Justicia provincial por presunto encubrimiento en el caso Nicolás Sabena. Supuestamente les avisaba a los Vargas cuándo lo iban a allanar.
Fue el primer jefe policial en llegar a la casa de Torres, luego de que sicarios lo asesinaron, el 16 de enero de 2019. Torres acababa de llegar con Bossi de Buenos Aires en su Audi TT. Oyarzábal no allanó la casa, no secuestró el auto ni los celulares de los dos presuntos narcos. El jefe policial quedó detenido el 7 de febrero de ese año.
La causa del homicidio de Torres está impune en la Justicia provincial, a cargo del fiscal Fernando Moine. Escuchas del 3 de febrero de 2019 revelaron la hipótesis de Oyarzábal. “La bronca viste que vino (…) por la droga que se habían descargado en la casa de él, un montón de kilos eran (…), saben quiénes son, unos paraguayos, dicen que son, en la Andueza. Y no ves que, cuando descargaron la droga, él compró la chata que tiene nueva (…), no sé cuánto (…). Claro, esa, esa es la droga que les cagó el Torres a los otros paraguayos, fueron a los que les cagaron...”, dice el registro.
Familiares de Torres, entrevistados por La Voz, aseguraron que “al Lecayo lo sacaron del medio para que no caiga preso, porque si caía preso, alguna gente importante podría verse perjudicada”. “A la semana hicieron 50 allanamientos simultáneos. Alguien sabía que los iban a hacer. A ese tienen que buscar”, expresaron los seres queridos de Torres.
