No fue una deportación. Tampoco una expulsión. Argentina le canceló la residencia transitoria a cinco integrantes del clan del narco ecuatoriano José Adolfo “Fito” Macías, que estaban viviendo en un country de Malagueño, en Córdoba. La medida administrativa podía ser recurrida, pero la familia, liderada porInda Mariela Peñarrieta Tuarez firmó la notificación y se subió al avión de la Provincia de Córdoba, primero, y a la aeronave militar, después, en Aeroparque, para volver a Ecuador.
La Dirección Nacional de Migraciones fundamentó la cancelación de la residencia transitoria obtenida por los Macías el 4 de enero con estos argumentos:
“Se ha intercambiado información con el jefe de búsqueda de la Policía Nacional de la República de Ecuador, quien informa que el extranjero prófugo es un delincuente de alta peligrosidad, jefe de la organización narcocriminal conocida como “Los Choneros”, la más peligrosa del país, quien tiene un gran poder adquisitivo fruto del delito. Asimismo manifiestan que el extranjero tiene un vínculo muy cercano a su familia, no descartando la posibilidad que en algún momento pueda ingresar a nuestro país. Siendo un peligro para la seguridad nacional, ya que estaría vinculado directamente con el narcotráfico internacional, específicamente con el Cartel de Sinaloa de México y las FARC de Colombia”.
Pero eso es sobre “Fito” Macías. Qué dice el reporte sobre sus familiares: “La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ratifica la información respecto de la existencia de la familia del extranjero en la ciudad de Córdoba, informa entre otras cuestiones que la extranjera Inda Mariela Peñarrieta acumuló en pocos años propiedades, empresas y considerables ingresos millonarios en sus cuentas bancarias, siendo enfermera de profesión”.
Los argumentos legales esgrimidos fueron que la Ley Nº 25.871 y su modificatoria establece las condiciones sobre la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas y sienta en su artículo 3º que entre sus objetivos figuran “promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación, promover el intercambio de información en el ámbito internacional, y la asistencia técnica y capacitación de los recursos humanos, para prevenir y combatir eficazmente a la delincuencia organizada trasnacional”.
Además, se fundamenta “que la criminalidad organizada es un hecho que impacta en la población de forma directa -afectando el derecho a vivir en una sociedad segura y gozar de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución nacional y los tratados internacionales- así como de forma indirecta”.
El clan podía recurrir. No lo hizo, se presume, porque al hacerse público y conocido su refugio, dejaba de ser un lugar seguro. Intervino, a su vez, el empujón que hizo la Policía de Córdoba, que logró notificar en la calle que se cancelaba la residencia y, de ese modo, ya no tenían posibilidad de volver a entrar a la casa del country. Era otro cantar si decidían quedarse adentro y litigar contra la resolución de Migraciones.
La notificación de Migraciones consignaba: “Notifíquese a los interesados al último domicilio conocido conforme artículo 54 de la Ley de Migraciones, haciéndole saber que contra la presente medida podrán interponerse recurso de reconsideración dentro del plazo de los 10 días hábiles, o recurso jerárquico dentro del plazo de los 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación. Asimismo, procederá a opción de los interesados, el recurso administrativo de alzada o judicial pertinente. Agotada la vía administrativa a través de los recursos de reconsideración, jerárquico o alzada, queda expedita la vía recursiva judicial. El plazo para la interposición del respectivo recurso, será de 30 días hábiles a contar desde la notificación fehaciente a los interesados, ello conforme lo previsto en el Título VI de la Ley N° 25.871″.
De haberlo querido, los integrantes del clan Macías podrían haber estirado, con distintos recursos legales, su permanencia en el país.
Por qué se precipita el procedimiento
La detección de los familiares del prófugo Macías podría haber sido aprovechada para hacer una vigilancia prolongada, esperando que el narcodelincuente haga contacto y se una a su mujer y a sus cuatro hijos. Una comunicación con una alta fuente del Ejército ecuatoriano decidió que no se podía esperar: el teniente coronel que contesta un pedido de colaboración de una autoridad de Córdoba lamenta que no encontró ni a un solo fiscal que esté dispuesto a librar una orden de detención, ni siquiera una orden de paradero (código azul), para fundar una deportación a pedido de ese país.
Los Macías, que en su mayor parte habían ingresado al país el 4 de enero, tres días antes de la fuga de “Fito” de la cárcel donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico y múltiples asesinatos, tenían pasajes de regreso a Ecuador resevados para el 9 de febrero. La falta de colaboración de Ecuador para montar un operativo conjunto para la detención de Macías precipitó la decisión de sacar rápidamente del país al clan.
