El fiscal de instrucción Guillermo González dictó las prisiones preventivas del exjefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, y de otros cinco acusados, entre policías y civiles, en el marco de la causa que investiga una presunta organización delictiva bautizada en Tribunales como “los Simuladores de Azul”.
Un séptimo acusado recuperó la libertad por pago de fianza de $ 20 millones, pero sigue imputado.
La principal acusación es por presunta asociación ilícita. El exjefe de la Caminera figura como el supuesto jefe de la banda.
Todos fueron detenidos el pasado viernes 27 de junio, tras una serie de allanamientos en Córdoba capital y en el interior provincial.
Con esta medida judicial, la situación de los acusados no deja de complicarse cada vez más.
A pesar de la gravedad de las imputaciones, corresponde subrayar que todos los involucrados gozan del principio de inocencia hasta que la Justicia se expida en un juicio.
Quiénes son “los Simuladores de Azul” y qué delitos se les atribuyen
Las prisiones preventivas alcanzan a seis personas, cinco de ellas policías (cuatro de alto rango) y un civil.
El primero y más relevante, por su rango, es Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán (quien estaba al frente de la Caminera). Para el fiscal, es el presunto jefe de la asociación ilícita.
Además, está acusado de encubrimiento por omisión de denuncia y encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público (tres hechos); enriquecimiento ilícito por uso de información reservada (cuatro hechos); peculado de servicio (dos hechos); coacción, y extorsión.
Luego se destaca Gabriel Élido Burkhard (civil, alias “el Panadero”), quien está señalado como presunto organizador de la asociación ilícita.
Se lo imputó además por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesario (cuatro hechos), coacción y extorsión.
Otra figura importante es Martín Darío Heredia, quien era comisario inspector de la Caminera.
Hoy afronta cargos como presunto miembro de asociación ilícita, encubrimiento por omisión de denuncia (dos hechos), enriquecimiento ilícito y coautor de peculado de servicios.
También se dictó prisión preventiva contra quien era el director de Asesoría Letrada de la Policía, Leonardo Javier Torres. Está imputado como miembro de la asociación ilícita.
Jorge Alberto Gutiérrez era titular de Protección de Testigos. Se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, peculado de servicio reiterado (dos hechos) y extorsión.
Además fue alcanzado el abogado y hermano del exjefe de la Caminera, Gastón Miguel Ochoa Roldán, quien fue acusado como miembro de la asociación ilícita.
Por su parte, el suboficial Dante Gabriel Villalba (chofer de Jefatura) fue acusado por asociación ilícita, peculado de servicios y coacción.
No obstante, ayer recuperó la libertad bajo una fianza de $ 20 millones, entre otras condiciones.
El fiscal González aclaró que, si bien todos integraban la misma estructura, la responsabilidad variaría según el grado de participación.
En el caso de Gutiérrez y de Gastón Ochoa Roldán, se dispuso que su prisión preventiva tuviera un límite de 60 días, mientras se amplía la recolección de pruebas.
“Los Simuladores de Azul”, la causa contra el exjefe de la Caminera
La investigación comenzó en el Valle de Punilla, cuando la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, indagaba sobre una banda que presuntamente se apoderaba de terrenos y propiedades de manera irregular.
Al secuestrar un celular, surgieron supuestos contactos y comunicaciones con policías de alto rango, entre ellos Ochoa Roldán.
A partir de allí, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía General, que derivó la causa a Guillermo González por corresponder a su jurisdicción.
El fiscal profundizó la pesquisa con apoyo de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial.
En junio, se realizaron al menos 11 allanamientos en La Calera, en Cosquín y en otros puntos, que derivaron en las detenciones.
De acuerdo con la investigación, la banda operaba como una “consultoría paralela” que ofrecía servicios de resolución de conflictos por fuera de la vía legal.
Según las fuentes judiciales, Burkhard sería quien obtenía los “casos” y los derivaba a Ochoa Roldán, quien definía la estrategia.
De acuerdo a lo investigado, si el asunto requería asesoría legal, eran convocados Torres, Heredia o Gastón Ochoa Roldán.
En situaciones que implicaban presencia policial o intimidación, la tarea recaía en Gutiérrez o en Villalba, siempre según lo recolectado por los pesquisas.
En escuchas incorporadas a la causa, se los oiría planificar supuestos desalojos ilegales mediante el cobro de entre el 20% y el 30% del valor del inmueble en disputa.
El uso de móviles oficiales, de uniformes, de bases de datos policiales y hasta de las oficinas de la propia Jefatura formaría parte del mecanismo.
Estructura celular: así funcionaba la banda de “los Simuladores de Azul”
Los investigadores sostienen que el grupo funcionaba bajo una estructura “celular” con división de tareas, orientada tanto a obtener beneficios económicos como a consolidar poder mediante el amedrentamiento.
En la investigación, se mencionan maniobras ligadas a desalojos, a cobros de deudas, a conflictos laborales y hasta a cuestiones de filiación.
Los uniformados y abogados habrían utilizado su doble condición para brindar “soluciones rápidas” a clientes privados.
Según las fuentes, la operatoria no tendría relación directa con las funciones específicas de la Policía Caminera, pero sí con el acceso a información reservada y con el uso indebido de recursos estatales.
El fiscal González había adelantado, cuando se conocieron los primeros pasos investigativos, que el hecho podría representar especial gravedad institucional: funcionarios policiales de alto rango, con más de 20 años de carrera, habrían empleado su posición para fines personales.
“Gravedad institucional”
El fiscal González valora la gravedad institucional que representa que efectivos policiales en actividad, de jerarquía, que ocupan lugares sensibles en la estructura funcional de la Policía, con más de 20 años en la fuerza y que además son letrados, cometan hechos de esta magnitud. La sociedad, según el comunicado, “no puede estar a merced de funcionarios públicos que utilicen el Estado para sus apetencias personales”.
La investigación aún se encuentra en una etapa incipiente, y no se descartan nuevos hechos o eventuales responsables.
La banda operaba en distintos puntos de la provincia, y la mecánica de las maniobras delictivas responde a una organización de estructura celular, con grupos que actúan de manera sincronizada y coordinada.
Los elementos de prueba recolectados, incluyendo un “nutrido caudal probatorio”, como el encadenamiento de llamadas y mensajes, permiten acreditar la vinculación entre los encartados y su participación en los delitos.
