Pesquisas del Departamento Delitos Económicos de la Policía abrieron los portones de una concesionaria en calle Libertad, en pleno Centro de la ciudad de Córdoba, y secuestraron más de 30 celulares que estaban en manos de unos 100 jóvenes, aparentemente contratados de manera informal, que llamaban para ofrecer automóviles que presuntamente nunca se entregaban.
Hasta hacía algunos segundos, esos mismos chicos ofrecían automóviles por “poco dinero” a través de llamadas telefónicas y redes sociales bajo las órdenes de superiores aún desconocidos, según informaron los pesquisas.
Los allanamientos fueron ordenados por el fiscal José Bringas, quien en su despacho instruye una causa que se inició a raíz de 12 denuncias de aparentes damnificados.
Las acusaciones sostienen que en la concesionaria de motos y de autos que funcionaba en el edificio céntrico se celebraron numerosos “contratos leoninos”, tal como fueron definidos por los propios investigadores.
Dicho en otras palabras: los vendedores, bajo órdenes de terceros aún no identificados, prometían automóviles o motocicletas “a sola firma”, sin requisitos, con mínimas entregas de dinero, según la investigación.
Pero con el paso de los días los clientes se daban cuenta de que las cláusulas eran imposibles de cumplir o que las condiciones bajo las cuales habían celebrado los contratos “habían cambiado sin previo aviso”.
Con los celulares incautados bajo instrucción de Bringas, se trabaja para realizar un escaneo de las conversaciones y determinar si detrás de este presunto “incumplimiento de contrato” habría o no una maniobra delictiva vinculada con una “estafa” o un “fraude económico”, informaron los investigadores.
Por el momento, no hay detenidos ni imputados.
El fiscal espera avanzar con la investigación y determinar quién o quiénes están detrás de estas maniobras y cuál es el historial de operaciones de la concesionaria.
Más allá de este paso inicial, los investigadores creen que tras la publicación de este caso, y ante el estado público que tomó el suceso, las denuncias podrían multiplicarse. “Ya hay varias quejas en Defensa del Consumidor”, señalaron.
Por ahora, y pese a los intentos, no fue posible obtener precisiones de los empresarios ni de sus abogados.
Un call center para vender automóviles
Cuando la Policía irrumpió en el local de la firma Genoa, se topó con un escenario insólito: 100 personas distribuidas en escritorios improvisados, con celulares en mano, llamando en cadena a potenciales compradores.
Según fuentes de la investigación, los jóvenes trabajaban bajo un esquema de comisiones que dependían de cada contrato firmado.
“Vendían un producto que en la práctica era imposible de entregar. Algunos quizás sabían el trasfondo, pero la mayoría eran chicos que se pasaban el día hablando por teléfono para ganarse una comisión. Son el eslabón más frágil de la cadena”, explicaron en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía.
Las bases de datos de teléfonos se habrían adquirido en el mercado informal, aunque también se utilizaban publicaciones agresivas en redes sociales para captar interesados.
El mecanismo era directo: se ofrecían autos o motos, sin trámites engorrosos, apelando a clientes que no calificaban para un crédito bancario, pero tenían dinero ahorrado, describieron los pesquisas.
“El patrón de las denuncias es coincidente: los clientes pagaban un adelanto, firmaban un contrato y esperaban la entrega del vehículo. Pero poco después recibían un llamado en el que se les informaba que las condiciones habían cambiado, según la investigación”, comentaron desde la Unidad Judicial de Delitos Económicos.
“Te cambiaban el contrato, te decían que había cláusulas nuevas o directamente no entregaban la unidad. Muchos damnificados recurrieron primero a Defensa del Consumidor antes de hacer la denuncia penal”, señalaron en Tribunales.
Las cláusulas incluían condiciones imposibles de cumplir, lo que dejaba a los clientes en un callejón sin salida. El dinero no era devuelto, y la entrega del vehículo se dilataba indefinidamente, siempre según la denuncia y la investigación.
El operativo
El allanamiento en la concesionaria comenzó a las 9 y se extendió por horas.
Participaron efectivos del Departamento de Delitos Económicos, junto con la Unidad Judicial especializada, funcionarios de Defensa del Consumidor, de Fiscalización y Control de la Municipalidad, y personal de Lealtad Comercial de la Provincia.
Durante el procedimiento se secuestraron celulares, notebooks y documentación considerada clave para la causa. También se allanó el domicilio particular de uno de los representantes legales de la firma.
La Municipalidad, tras constatar “graves irregularidades”, clausuró de manera preventiva el local.
La situación trae a la memoria el antecedente reciente de Alpha Motors, otra concesionaria del Centro que fue clausurada en agosto por presuntas estafas millonarias.
Allí se había montado un call center con 250 empleados que ofrecían autos que nunca se entregaban, algunos de los cuales ni siquiera pertenecían a la empresa, según lo investigado por la Justicia.
“Detectamos que algunos de los supervisores de Genoa habían trabajado en Alpha Motors”, dijo una alta fuente de la investigación.
¿Incumplimiento civil o delito penal?
Uno de los debates que se abre en el expediente es el encuadre jurídico de la maniobra.
Mientras que en principio podría considerarse un “incumplimiento de contrato”, no tipificado como delito penal, la magnitud de las denuncias y la red de empleados para la Justicia podría sugerir la posible existencia de una asociación ilícita dedicada a estafar o a cometer fraudes.
“El margen es fino, pero cuando observamos cláusulas redactadas para que el contrato sea imposible de cumplir, estamos ante algo aparentemente más complejo que una sencilla cuestión civil, por un error en un contrato de un servicio o un bien”, explicó un investigador.
La fiscalía busca ahora, con el análisis de los celulares y la documentación incautada, establecer quiénes son los responsables máximos y si existía una estructura organizada detrás de los vendedores.
Como medida preventiva, las autoridades recomendaron a los cordobeses verificar antecedentes de las concesionarias antes de firmar contratos y no entregar dinero sin leer con detalle las cláusulas.
“Muchas veces la trampa está en las condiciones escritas en letra chica. Lo barato puede salir muy caro”, advirtieron.
