Las dudas terminaron por sobreseer a seis empleados del Registro Civil de la provincia de Córdoba sobre los que caía una sospecha por la falsificación de pasaportes y de DNI. La medida también benefició a otros seis vecinos. Sólo una trabajadora de la entidad sigue procesada por esta causa, que representa un misterio aún irresuelto.
La investigación se inició cuando el sistema “Alerta Rostro”, del Registro Nacional de las Personas (Renaper), detectó varios casos de toma fraudulenta de los trámites, ya que las fotos de los solicitantes de documentos con el mismo número de DNI no coincidían.
Las irregularidades consistían en la tramitación de DNI y de pasaportes con datos biométricos y decadactilares verdaderos, pero con fotos y firmas de otras personas. Así se generaban documentos falsos.
El Renaper se explicó que, al tomar de los datos, el sistema exige la “toma en vivo”, por lo que el titular de los datos originales debe estar presente para aportar su huella, la foto y la firma. Los datos son catalogados inicialmente como “presuntos”, pero su validación concluye con un análisis de huella y de rostro.
Tras la denuncia, el entonces fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano, imputó por falsedad ideológica a los empleados del Registro Civil provincial María Eugenia González Vega, Ivana Scoccia, Mariela Inés Vélez, Carlos Damián Ocroglich, Carina Elizabeth Vélez y Maximiliano Ezequiel Aguilar.
También acusó a los vecinos Jorge Alberto Soria, Lucas Matías Goyenechea, Carlos Sebastián Capdevilla, Alberto José Ovando y Guillermo Adrián Domínguez, y al gestor Gerardo Gabriel Winter y a la trabajadora del Registro Erlinda Sonia Villarroel.
Con excepción de la última, los demás fueron sobreseídos en 2020 por el juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes. No obstante, procesó a Villarroel y la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba confirmó por unanimidad el fallo de primera instancia.
De esta manera, Villarroel es la única acusada (como partícipe necesaria del delito de falsedad ideológica) que sigue bajo sospecha. La novedad es que los camaristas denegaron por improcedente el recurso de casación del Renaper contra la confirmación del sobreseimiento, con lo que se espera que la causa avance sobre la responsabilidad o no de Villarroel y sea elevada a juicio.
Las sospechas
Para el fiscal, las 17 irregularidades tenían siempre una misma modalidad de falsificación: un operador del sistema web del Renaper tomaba los trámites de DNI y de pasaporte, otra persona aportaba su número de DNI, los datos y la huella, mientras que a un tercero (no identificado) le sacaban la foto y firmaba. En total, se habrían falsificado siete pasaportes y nueve DNI en la sede del Registro, en Caseros 356.
Sin embargo, el juez Sánchez Freytes consideró que era probable que las falsificaciones no se hubieran cometido según la hipótesis original del fiscal, sino de otra forma.
Se comprobó que si bien el Renaper entregaba las claves personales e intransferibles a los operadores que intervenían en su sistema para la toma de trámites –debían firmar un acuerdo de confidencialidad–, las autoridades del Registro autorizaron el “préstamo indiscriminado” de las claves -incluso entre personal de otras áreas- cuando se “caían” las claves individuales y se necesitaba continuar con los trámites para evitar así congestionamientos.
Eso impidió a los investigadores del Juzgado Federal N° 2 individualizar al o a los verdaderos falsificadores. Las computadoras en sí no tenían claves ni contraseñas de acceso, sólo bastaba con encenderlas. Podían usarse libremente para generar las boletas de pago por el DNI y el pasaporte.
En cambio, para utilizar el sistema online del Renaper, cada empleado con la función de operador debía loguearse con un usuario y una contraseña. Un peritaje informático determinó que con una misma clave (ya que las compartían), varios de ellos podían loguearse en el sistema del Renaper simultáneamente desde múltiples computadoras. También podían abrir múltiples sesiones del Renaper en la misma PC con el mismo usuario y contraseña.
De esta manera, cualquiera de los administrativos –sostuvo el juez– tenía la posibilidad de acceder a los datos biométricos de los solicitantes de DNI o de pasaporte y realizar combinaciones o manipulaciones de todo tipo. Los datos llevaban un número de identificación (ID) y se almacenaban en unas carpetas informáticas denominadas “CDR”. Luego podían subirlas al Renaper, cerrar la cesión y enviar encriptada la información para la generación de los DNI apócrifos.
Paralelamente, algunos empleados realizaban un procedimiento llamado “ensamble de datos”, al parecer descubierto accidentalmente, consistente en la carga de datos biométricos obtenidos fuera de la sede del Registro (en cárceles, hospitales y barrios) por medio de las computadoras “valijas”, provistas por el Renaper.
Los datos biométricos podían ser copiados a un pendrive y, desde él, agregados al sistema del Repaner hasta 24 horas después, desde las PC del Registro o desde la PC “valija” vía internet. Los datos estaban accesibles a todos los empleados.
En efecto, el juez consideró que no se pudo probar que los empleados González Vega, Scoccia, Mariela Vélez, Ocroglich y Carina Vélez falsificaran los documentos porque las claves para entrar al sistema web del Renaper no eran utilizadas exclusivamente por ellos, sino también por muchos otros. En consecuencia, los sobreseyó.
La vecina, acusada
La empleada Villarroel, sin embargo, fue procesada. Uno de los sobreseídos, el albañil Capdevilla, declaró que pese a no necesitar un pasaporte, Villarroel insistió en que lo realizara como una experiencia piloto y gratuita. Explicó que su familia tenía mensajes y audios de WhatsApp en los que Villarroel se ofrecía a tramitarlo.
Capdevilla accedió y, según contó, una empleada cargó sus datos biométricos, mientras Villarroel observaba a su lado. El juez consideró que Villarroel participó, al menos presenciando, de la toma de datos que derivó en la falsificación.
Capdevilla afirmó que nunca abonó por el pasaporte ni recibió ningún comprobante, y comentó que Villarroel reconoció por WhatsApp que había habido problemas con el documento (que el hombre nunca recibió). Villarroel no admitió ni descartó haber hecho el pasaporte.
Por otro lado, no se pudo establecer quién insertó en el sistema del Renaper la foto y la firma de un tercero no identificado, que fueron atribuidas falsamente a Capdevilla para generar el pasaporte formalmente válido, pero ideológicamente falso.
Sugestivamente, Capdevilla dijo que cuando perdió su DNI, en 2017, intentó tramitar uno nuevo y se enteró de que había al menos otra persona que se había identificado con su misma huella digital, pero con otra foto y otra firma. El magistrado concluyó que el hombre fue una víctima y lo sobreseyó.
Otro de los imputados, Goyenechea, contó que luego de tramitar el cambio de domicilio, su DNI no le llegó. Cuando quiso votar donde usualmente lo hacía (con el DNI anterior), detectó que estaba registrado con foto, firma y domicilio diferentes, pero para sufragar en otro barrio. Al reclamar al Registro, se enteró de que a otra persona (con otra foto) se le adjudicaba su mismo número de DNI. También fue sobreseído.
Un “doble” en París
El caso del sobreseído Aguilar es llamativo. Relató que le robaron el DNI, sacó uno nuevo y que luego lo extravió. Cuando fue a tramitarlo, se anotició de que un “doble” de él, con su nombre y apellido, pero con una foto diferente, se había presentado en la Embajada argentina en París para solicitar un pasaporte diplomático porque había extraviado el suyo en Bélgica.
Aguilar negó haber perdido un pasaporte en Europa, porque nunca había tenido uno y jamás había viajado más allá de Villa Carlos Paz.
Otro de los sobreseídos, Domínguez, señaló que cuando fue a votar, la foto que aparecía en el padrón no era la suya. El Registro le informó que sus datos estaban duplicados y con fotos distintas, y se abrió un expediente por supuesta usurpación de identidad (puntualizó, además, que un banco le reclamó una deuda que él nunca había contraído).
Ovando, expareja de Villarroel, también fue sobreseído tras detectarse un pasaporte formalmente válido, pero parcialmente apócrifo en su contenido (la foto no era la de él).
“Vulnerable”
El juez consideró que el sistema de captación de trámites biométricos del Registro era “vulnerable” y remarcó que “se estaba autorizando a los empleados a violar el acuerdo de confidencialidad” que debilitaba la “inviolabilidad del sistema”.
Al respecto, mencionó que el responsable del área de Documentación del Registro autorizó que los empleados se prestaran las claves –pese a que debían ser individuales– con el conocimiento de la Dirección del Registro. Eso, afirmó, impidió conocer quién o quiénes habrían sido los falsificadores. También dijo que se desconocía si el Renaper estaba al tanto de que el Registro había autorizado que se dejaran sin efecto los acuerdos de confidencialidad.
Además, planteó sus dudas sobre si el sistema de “ensamble de datos”, una práctica que calificó de “irregular”, había sido comunicada por el Registro al Renaper y si el organismo nacional la había autorizado.
El Juzgado Federal N° 2 sigue adelante con la toma de otras medidas en la causa, que tiene a un exempleado –el imputado Lautaro Gabriel Barrionuevo– con pedido de averiguación de paradero porque nunca pudo ser localizado en tres domicilios y, por lo tanto, indagado.
