Gran conmoción causó este miércoles el inicio de la investigación administrativa para determinar si existió una filtración de exámenes en el concurso para auxiliar de defensores públicos penales en el Poder Judicial de Córdoba. La Secretaría de Sumarios recibió los primeros testimonios de los denunciantes, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agepj), Federico Cortelletti, y la secretaria de organización de la misma entidad, Lucía Bonafé.
Mientras se recibían estos testimonios que aportaban la prueba que originó la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de supuestas irregularidades en el concurso, se conocieron mayores detalles de los elementos que nutrieron el escrito de Agepj que dio inicio a la investigación administrativa.
Además de que el gremio aportó en su denuncia de dos carillas el nombre del funcionario judicial –miembro del tribunal examinador– que habría suministrado por adelantado las preguntas escritas, se conocieron los nombres de las cuatro postulantes que habrían recibido ese material y que tuvieron todas un desempeño sobresaliente en esa evaluación.
Una de ellas, indicaron otras fuentes judiciales, se desempeña en una cámara del Crimen de la ciudad de Córdoba; otra estaría en la Cámara de Acusación, y las dos restantes pertenecerían a oficinas de la Defensa Pública.
Casualmente, en una de esas sedes de Tribunales 2, la primera de ellas habría estado de paso, circunstancia en la que al parecer realizó un comentario que se transformó en el núcleo de esta denuncia. La mujer comentó con naturalidad –según el testimonio recogido– que el funcionario en cuestión le había proporcionado el examen, tras lo cual habría preguntado si eso estaba mal.
También se indica reiteradamente en círculos de Tribunales 2 que las cuatro “beneficiarias” del favor indebido tienen vínculo familiar o académico con el funcionario que les habría dado las preguntas del examen. Esto a partir de que ese agente es organizador de actividades de posgrado en una universidad local. Este dato también está en la denuncia escrita de Agepj, que por el momento se mantiene en reserva.
Interés gremial en esclarecer
Tras efectuar la denuncia, miembros de la conducción del gremio se reunieron con integrantes del TSJ, según indicaron desde Agepj.
Cortelletti declaró que en ese encuentro “el sindicato planteó la necesidad de que la investigación avance lo más rápido posible” y pidió que, “de corresponder y comprobarse, haya sanciones, porque es grave para la conducta del tribunal examinador”.
El secretario general de los empleados judiciales también proporcionó a La Voz el nombre del funcionario, que por el momento se mantiene en reserva, lo mismo que el dato que indica que son “cuatro concursantes” las personas sobre quienes recae la sospecha.
En esta comunicación, el titular gremial reforzó que una de esas cuatro personas “habría confesado en el marco de su lugar de trabajo” que recibió el examen antes de tomarse la prueba.
Según manifestó Cortelletti a este medio, “el Tribunal Superior transmitió que está decidido a ir hasta las últimas consecuencias en el asunto”.
Garantizar la transparencia
La máxima autoridad de Agepj confirmó a este diario que, junto con Bonafé (que también es la veedora gremial ante la Junta de Calificaciones), ya declararon este miércoles ante la Secretaría de Sumarios Administrativos.
El dirigente gremial sostuvo: “Hay que tomar verdadera dimensión de lo que ha sucedido. Esto es dañino para la transparencia del sistema de concursos, metodología que el gremio reivindica desde siempre, ya que antes los cargos eran otorgados ‘a dedo’, como se dice vulgarmente”.
Cortelletti completó que por eso la conducción gremial defiende “el sistema de concursos y a las trabajadoras y trabajadores que han puesto muchísimo esfuerzo para estudiar y rendir”.
Ratificando la intencionalidad de la denuncia, el titular de Agepj indicó: “El sistema de concursos funciona, es un ejemplo a nivel provincial y nacional. Hay gente muy valiosa del área de concursos trabajando en esto, pero esta supuesta actitud de un miembro del tribunal examinador lo tiñe de sospecha y, por esa razón, deben ser determinadas las responsabilidades y, si se comprueban, se deben aplicar las sanciones ejemplificadoras correspondientes”.
