Las escuchas telefónicas apuntaron a Gerardo Hugo Carreras como el “jefe” de la banda. Su fallecimiento no sólo no detuvo las operaciones de la “usina” de facturas apócrifas montadas en Córdoba, sino que catapultó a su hijastro a convertirse en su “heredero” continuador, al menos hasta que lo que la muerte no desactivó sí lo hizo la Justicia.
En un juicio abreviado, el Tribunal Oral N° 3 de Córdoba capital, a cargo de Noel Costa, condenó por asociación ilícita fiscal a Mario Jesús Burgos (46), Nicolás Alberto “Cabezón” o “Gordo” Osés (39), Juan Carlos “Tony” Biglia (73), Yanina Soledad Salaberry (39) y Elías Joaquín “Pato” Morre (37).
La línea “delatora”
Los investigadores lograron determinar a través de las escuchas que Carreras comandaba la “usina” destinada a vender las facturas falsas a “clientes” para disminuir ilícitamente la base imponible de tributos en sus declaraciones juradas, aumentar crédito fiscal en el IVA o elevar las compras a deducir en el Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, los pesquisas advirtieron que la muerte de Carreras no fue un obstáculo en el afán criminal: su hijastro Burgos asumió el liderazgo de la banda, incluso desde la misma oficina en Villa María.
Así, el “heredero” se encargaba de generar los tickets y facturas apócrifas para respaldar las operaciones inexistentes ante Arca (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex-Afip) y de mantener el aceitado contacto con el resto de la organización.
En un peldaño inferior en la estructura, Osés también intervino, en 2021, en la producción de facturas falsas desde su despacho en Villa María, que, al igual que Burgos, efectuaron por “encargos” que acercaban los demás integrantes de la banda desde diversos puntos geográficos: Carlos Manuel Artaza (sobreseído por fallecimiento) desde la localidad de Oliva; Biglia desde la Capital provincial; Salaberry desde Villa María, y Morre desde Villa Carlos Paz y Tío Pujio.
Burgos acordaba el dinero (en persona o a través de intermediarios) que debían abonar los interesados por los “servicios” prestados y se encargaba de “cerrar los números” con los prestanombres a partir de los cuales se generaban las “usinas”.
La banda también “fabricaba” personas jurídicas –denominadas “carpetas”- para respaldar operaciones de transporte y venta de granos y otras transacciones, y tenía a su cargo la obtención de datos fiscales de terceros para utilizar indebidamente sus claves.
Una vez confeccionados los comprobantes falsos, Artaza, Biglia, Salaberry y Morre los entregaban a los “clientes” (contribuyentes y contadores) a cambio de dinero. De esa forma, se “cerraba” el esquema ilegal.
Archivos y más archivos, y una nota reveladora
Las maniobras fueron por demás evidentes a la luz del hallazgo de documentación, entrecruzamiento de llamados telefónicos y movimientos sospechosos que terminaron por develar las operaciones ilegales acordadas entre todos “pre era Carreras” y “post era”, con Burgos.
“Gordo” Osés no sólo mantenía frecuentes comunicaciones con el “heredero” y Morre sobre los “encargos”, sino que en su casa encontraron información referida a la confección de facturas apócrifas.
Incluso, contaba con un software para emitir tickets y facturas falsos.
El programa incluía los ítems “Artículos bien” (un listado de productos para facturar, los precios unitarios y la alícuota de IVA), “Empresa bien” (contribuyentes utilizados para facturar) y “Cliente bien” (contribuyentes a los cuales se les facturaba y quienes utilizaban esos comprobantes falsos).
Los peritos también hallaron archivos de PC con los que Osés elaboraba las facturas apócrifas. Por ejemplo, en el archivo denominado “Facturas” tenía comprobantes proforma en blanco y otros supuestamente emitidos, mientras que el archivo “Logos Osés” poseía logos usados para la invención de los comprobantes.
Burgos, a su vez, tenía guardadas en sus computadoras las carpetas “Comprobantes”, “Papi”, “Planillas”, “Tickets para matriz de puntos”, creados tras el fallecimiento de su padre, por lo que los investigadores infirieron que era quien los creaba y/o comercializaba. También le secuestraron planillas con los usuarios de los comprobantes y contribuyentes utilizados, facturas y montos referidos a la venta de IVA derivada de la falsificación de los comprobantes.
No menos llamativa fue la sospechosa nota sin firma que encontraron en su casa dirigida a él. Por el tenor del mensaje, el remitente habría sido claramente un estudio contable: “Del otro lado están los que no les gusta pagar impuestos, o que necesitan EVADIR, para hacer sustentables sus empresas. Al medio, estamos nosotros, que unimos las puntas de estos hechos y les acercamos una forma de soluciones a sus distintos tipos de problemas”.
“Ahora bien (…) cada uno debe respetar al otro y cumplir con la parte que le corresponde, porque este es un NEGOCIO; tan negocio, que las tres partes que se involucran GANAN. Mario, tratá de hablar con la persona que tienes como contacto en esta empresa para limar todos los puntos que sean necesarios. Y te reitero que el ESTUDIO no está presionando por el cobro y la devolución de las facturas no utilizadas”, cerró.
Para la jueza Costa, la nota no hizo más que confirmar que Burgos “se dedicaba a la venta de comprobantes destinados a ser utilizados por contribuyentes para evadir impuestos. No era una empresa personal de Burgos sino que se había montado un ‘negocio’ que requería de varios actores que debían ‘cumplir con la parte que le corresponde’”.
No sólo la documentación secuestrada en la casa de los imputados resultó comprometedora, sino también los contactos que mantenían entre sí: la transportista Salaberry y Osés ya habían tenido vinculación con Carreras pero, tras su muerte, continuaron operando con Burgos.
El “heredero” también aceitó los contactos con Artaza, Osés, Biblia y Morre, siempre relacionados los “encargos” y la comercialización de las facturas truchas, lo que dio permanencia a la operatividad delictiva.
“Fue posible distinguir entre quienes trabajaban en la elaboración y emisión de los comprobantes apócrifos y, por otra parte, quienes conformaban la red de ‘dateros’ que se encargaban de su comercialización. Se logró determinar quiénes eran los integrantes de la asociación ilícita y se especificó que su dirección estaba a cargo de Burgos. Era el encargado principal de la confección de las facturas, división de trabajo y asignación de roles en la organización, mientras que los coimputados eran sus colaboradores”, indicó la jueza.
“Osés también se dedicaba a la realización de facturas, mientras que Artaza, Biglia, Salaberry y Morre conseguían clientes y distribuían las facturas confeccionadas desde diferentes puntos de la provincia y también de modo digital”, resaltó.
“Con respecto a la habitualidad, se valora la permanencia de la organización de los acusados ya que fue ‘heredada’ la actividad por Burgos. Quien dio inicio a la empresa delictiva fue su padrastro fallecido, Carreras. Varios de los coimputados ya estaban asociados a Carreras, lo que se ha evidenciado de las escuchas. El resto de los que se sumaron a la empresa criminal luego del fallecimiento lo hicieron de modo estable”, advirtió.
“Tal como se menciona en la nota hallada en la oficina de Burgos, era un ‘negocio’ en el que cada uno de los colaboradores tenía que cumplir su rol para que fuera lucrativo para todos y se siguiera manteniendo en el tiempo”, agregó.
Los imputados y el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Maximiliano Hairabedian y Augusto Richter, acordaron un juicio abreviado. Los acusados reconocieron los hechos y su participación, y la jueza condenó a Burgos a cinco años de prisión, y a Osés, Biglia, Salaberry y Morre, a tres años y medio. Pero en todos los casos recibieron domiciliaria por diversas circunstancias.
