Con el modelo mendocino en mente, Córdoba buscará ampliar su banco de huellas genéticas para tener una herramienta más ágil para la resolución de investigaciones criminales. La provincia cuenta desde el año 2005 con un Registro Provincial de Perfiles de ADN, que depende el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y está a cargo del Ceprocor. Según los últimos datos disponibles, el registro cordobés contaba con 12 mil perfiles, de los cuales 8 mil correspondían a personal de fuerzas de seguridad –muchos de ellos, ya retirados o fallecidos– y unos 1.300 a condenados por delitos sexuales.
Si sólo se cumplieran los parámetros de la ley 9.217, sancionada en 2005, tendrían que estar en el registro los más de 23 mil policías que están en su nómina salarial y un poco más de tres mil empleados penitenciarios.
En la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, el gobernador Martín Llaryora anunció que enviará un proyecto para ampliar el registro de huellas de ADN. Pretende incluir, además de a personal de seguridad, a todo el que tenga una causa, penal o incluso contravencional. “En nuestra visión, este registro debe realizarse entre todas las personas que estén, además de condenadas, imputadas o procesadas en un proceso penal o contravencional, y/o de quienes se encuentren asociadas a la identificación de las mismas, así como de menores cuya responsabilidad penal haya sido declarada, y de personas a quienes no se condenó por mediar una causa de inimputabilidad”, explicó el gobernador.
Y lo amplió: “Lo vamos a potenciar, le vamos a dar más recursos, cuando uno entra una escena del crimen, podés tener ADN, lo vas comparando contra la base y podés resolver muchos casos directamente con los ADN”.
El modelo por seguir es Mendoza, que tiene una ley de 2013 que ya incluyó en la base de datos el material genético de personal policial, penitencial, judicial y todas las personas imputadas por algún delito. El laboratorio usa el sistema Codis, que es el mismo que tiene el FBI norteamericano.
La ley mendocina prevé la obligatoriedad también para los empleados de la seguridad privada, funcionarios judiciales y empleados públicos provinciales y municipales.
Con esta amplitud, el banco de huellas genéticas mendocino tiene ya 80 mil perfiles. Y en 2023 se obtuvieron 296 “matchs” (coincidencias); es decir, un 70% más que en 2022, cuando el total fue de 171, según el director del Registro, Miguel Marino. Un match es la identificación de una huella en una escena de un crimen con su registro en el banco, con la identidad y los antecedentes de la persona, que a partir de esta evidencia se convierte en un sospechoso con alta probabilidad de ser condenado.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo que el texto del proyecto se está elaborando en conjunto con el Ministerio de Justicia, a cargo de Julián López, y se debatirá ampliamente en la Legislatura, buscando consensos.
Para conocer de primera mano cómo funciona el banco de huellas de Mendoza está previsto que en los próximos días Quinteros y López hagan una visita institucional. Mendoza está muy interesada en proyectar su experiencia.
Para su ministra de Seguridad, Mercedes Rus, “puede existir un trabajo más coordinado en la investigación de delitos si más jurisdicciones de la Nación tienen sus laboratorios de huellas y estamos todos conectados. El laboratorio que más huellas tiene, tiene cerca de 6.000 y Mendoza tiene 80 mil. Es abismal la diferencia en alcance de los perfiles genéticos”, remarcó. El dato que aportó la ministra mendocina, para el caso de Córdoba, tendría una inexactitud, pero en el concepto general no le quita razón.
“En el cierre de 2023 tuvimos 70% más de match (cotejo e individualización de las muestras) de lo que habíamos tenido en 2022. Eso se da evidentemente porque tenemos un flujo más aceitado y más rápido en cuanto a la llegada de la muestra de la evidencia del lugar del hecho al análisis de esa causa y al análisis de la muestra en sí”, sostuvo Marino, para marcar cómo los procedimientos logran cada vez una resolución más rápida y eficiente.
El gran tema a resolver en el debate legislativo es cuán coercitivo puede ser la toma de muestras genéticas en personas no condenadas por delitos, ni afectados por su responsabilidad a la seguridad. Las huellas de ADN tienen el “rango” de un “dato personal” y debe tener la misma seguridad en su protección.
La idea de implementar bancos de huellas genéticos también está en la Nación, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya instruyó a un equipo de asesores que estudien el caso mendocino para generar una réplica a escala país.
En rigor, ya existe un banco de ADN. A nivel nacional, ya tiene más de 30 años el Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHDG), que funciona en una minúscula oficina ubicada en el séptimo piso de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (Ffyb-UBA). Se conformó el 5 de noviembre de 1991 y fue el primer laboratorio institucional de Argentina que utilizó el ADN para identificar personas. Contribuyó con la Justicia en el esclarecimiento de casos como el atentado a la Embajada de Israel y a la Amia, el accidente de aviación de Lapa, el suicidio de Alfredo Yabrán, el accidente del avión de la empresa SOL y la muerte de Ángeles Rawson, entre muchos otros casos resonantes.
“Tener a los imputados dentro de la base de datos hace que a lo sumo en un plazo de diez días se incorporen evidencias nuevas de un hecho, en el cual un NN deja de ser tal y la causa pasa a tener responsables con nombre y apellido”, explicó el director de este servicio, Daniel Corach.
La herramienta que utilizan en el SHDG para desentrañar los casos que les acerca la Justicia es la genética forense.
Realizar el peritaje de un caso, con el análisis de todas las muestras de ADN necesarias, les lleva hoy un plazo de 30 días como máximo. Las muestras que reciben varían: pueden ser desde un recorte de tela hasta una parte del cuerpo de un cadáver.
