Como sucedió hace dos años, el fiscal de Delitos Complejos del primer turno de Córdoba, Enrique Gavier, detuvo a un grupo de personas involucradas en presuntas estafas inmobiliarias, entre las cuales hay profesionales como escribanos, abogados, corredores, vendedores, ingenieros y agrimensores.
La semana pasada se había conocido la detención, entre otros, de Jorge Gustavo Perchante, secretario de Gobierno de la comuna de Villa Parque Siquiman, quien también es conocido en la zona como comerciante y operador inmobiliario.
Fue asimismo detenida su pareja, la comerciante Michelle Díaz Copello, quien fue beneficiada con prisión domiciliaria por estar con una niña a cargo.
En esos días y durante el fin de semana, se realizaron otras detenciones relacionadas con la apropiación indebida de terrenos en los alrededores de localidades de la zona, como Siquiman, Bialet Massé, Estancia Vieja y Tanti, entre otras.
Si bien no habían trascendido esos operativos, Gavier comisionó al comisario mayor Alberto Bietti y a su equipo de Casos Complejos de la Policía provincial para que investiguen y concreten 23 allanamientos en localidades de la zona, principalmente Malagueño, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), donde se concretó una detención.
En total, están privadas de la libertad 18 personas, la mayoría profesionales, con un rol central en el movimiento de la organización, y otros que funcionaban como “prestanombres” o “apoderados”, como un albañil y un comisionista.
Entre los profesionales, se conoció que está la escribana María del Rosario del Milagro Muto Olmedo, quien posee un registro notarial en la zona y también quedó con prisión domiciliaria por tener más de 80 años.
Otro dato curioso es que fueron detenidos tres integrantes de apellido Coutsiers –un padre y sus dos hijos–, todos ellos profesionales con trayectoria en el mundo inmobiliario. El más conocido es Carlos Pedro Coutsiers, ingeniero civil que fue presidente del Colegio de Ingenieros de Córdoba y actualmente está en el cargo de vicepresidente de esa entidad. También cayeron detenidos Martín Esteban Coutsiers, ingeniero agrimensor y exempleado de Catastro de la provincia, y el corredor inmobiliario Juan Ignacio Coutsiers.
Otros profesionales involucrados en este grupo de personas con privación de la libertad son los abogados Manuel Rojas (también escribano) y Raúl Héctor Cano.
También quedaron detenidos, a disposición de Gavier, varios vendedores inmobiliarios y comisionistas: Julio Néstor Perano y Javier Gustavo Perano, Emanuel Vélez Britos, Rodrigo Emanuel Molina, Alejandro Norberto Cerósimo y Juan Ignacio Durand.
En la nómina de personas privadas de la libertad se encuentra además el operador inmobiliario Miguel Ángel Hirles y el vendedor y “falso secretario de escribanía” –según fuentes judiciales– Darío Ramón Vidal.
En la misma condición de detenidos están, como “falsos apoderados”, el albañil Víctor José Zárate y el gestor de comercios Rodolfo Román Quiroga.
Modalidades
Fuentes policiales y judiciales reseñaron brevemente que según lo investigado hasta ahora la organización se valía de diversas formas para apropiarse indebidamente de los terrenos.
En ocasiones, ubicaban a poseedores ancestrales que ocupaban la tierra con o sin títulos y los “convencían” mediante diversas técnicas para que las desocuparan. Si no tenían títulos, los miembros de la banda solían llegar con títulos falsos en su contenido o falsificados. Si los tenían, les hacían creer que la documentación tenía fisuras y que ellos tenían un título (falso) que lo superaba.
También se valían de poderes –asimismo falsos– de una persona fallecida, lo que les permitía turbar la posesión de quien ocupaba la tierra.
Muchas veces, estas negociaciones venían acompañadas de un hostigamiento que incluía algún “apriete”, según comentaron allegados a la investigación.
A veces, los “vendedores” iban al terreno con un cliente confiado en la fachada de la organización, lo mostraban, lo ofrecían y terminaban cobrándolo sin que se lo transfirieran.
La gran manera de captar clientes era a través de las redes sociales, con perfiles de negocios o de operadores inmobiliarios.
Se estima que serían unos 10 los clientes que dispusieron su dinero y se consideran defraudados. No obstante, Bietti comentó a los medios que ahora que se conoce la maniobra es probable que aparezcan más víctimas.
Allanamientos y secuestros
La investigación delegada fue realizada en su mayoría por un suboficial del equipo de Bietti –cuyo nombre se preserva– quien consiguió datos importantes para que se lanzaron los procedimientos enmarcados en el operativo “Sierra Segura”.
Hubo seis allanamientos en Villa Carlos Paz, dos en Bialet Massé, siete en la ciudad de Córdoba, uno en Estancia Vieja, uno en Tanti, uno en Parque Siquiman, dos en San Antonio de Arredondo, uno en Malagueño y uno en Caba.
Algunos de los elementos secuestrados por los comisionados en los allanamientos pueden resultar de interés para la investigación, particularmente lo relacionado con documentación y con el contenido de dispositivos móviles, entre teléfonos celulares, tablets y notebooks.
Además de 29.358 dólares, 1.100.000 pesos y 250 euros, resultó curioso el hallazgo de un rack o módulo informático con un rig o plataforma para minar criptomonedas.
Por otra parte, en una propiedad de Perchante se secuestró una escopeta de repetición calibre 12, con 32 cartuchos, y una pistola semiautomática calibre .40, con 37 cartuchos. Trascendió de fuentes policiales que Perchante habría sido miembro de una fuerza policial y que, pese a estar retirado, en su momento había estado autorizado a portarlas.
