En un trabajo casi artesanal y sigiloso durante largos meses, un abogado de Córdoba rastreó cada pista posible para intentar hallar a un presunto estafador serial. Lo encontró vendiendo estampitas en Buenos Aires y el fiscal del Distrito 3, Turno 1 de Córdoba, Andrés Godoy, lo detuvo.
Luego de un año y cuatro meses prófugo de la Justicia, los efectivos de la Policía porteña capturaron finalmente al escurridizo Jorge Daniel Scarpino (60) y a su esposa, Silvina Jaquelina Campos Burgos (51). Ambos están imputados por estafas que rondarían los $ 25 millones (al valor del dólar de enero de 2023), según estimó Francisco Scocco, el abogado que representa a los damnificados.
Las estafas en Córdoba
Para muchos resultó muy atractiva la seductora propuesta de protegerse de la espiral inflacionaria invirtiendo los ahorros con un retorno de interés alto, por fuera del ofrecido por la banca tradicional. Pero en diciembre de 2022 la ilusión de recuperar los fondos se desplomó, y el caso terminó en la Justicia provincial, por estafas.
De acuerdo con varios “contratos de mutuo” a los que accedió La Voz, Scarpino ofrecía un interés del 20% mensual (240% anual), un valor muy tentador para los ahorristas, incluso por encima de los beneficios otorgados por los bancos en ese momento.
Los contratos eran “calcados”: un simple convenio entre particulares, que se plasmaba en una carilla A4, sin membrete de ninguna entidad (tampoco de la “financiera” constituida por Scarpino) y a nombre del financista y del ahorrista, con certificación de firmas ante un escribano.
“Según los damnificados, la financiera captaba personas para que invirtieran sus ahorros y les devolvía el dinero con altos intereses en pesos y en dólares. La financiera les hacía firmar contratos simples y sin garantías a los ahorristas, para la inversión en plazo fijo por el término de 12 meses, en los que Scarpino se comprometía a pagar hasta el 25% de interés mensual, y para la compra de dólares a plazo y a una cotización más atractiva que la del mercado”, indicó Scocco.
Al captar las inversiones, Scarpino habría utilizado los montos para fondearse y presuntamente brindar así préstamos a comerciantes con un interés mensual del 40% (que los comerciantes debían devolver en cuotas semanales). De esa ganancia, el 20% iría a los inversores y el 20% restante quedaría en manos de Scarpino. El mecanismo se habría replicado de manera reiterada y sumaba nuevos inversores.
Scarpino (perdió parte de una de las piernas y está en silla de ruedas) aparecía vinculado a una fundación de Córdoba, creada y habilitada por la Dirección General de Inspección de Sociedades Jurídicas de la Provincia para funcionar como persona jurídica.
Al mismo tiempo, figura como presidente de Scarpino Viviendas Adaptadas SA, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia. La constitución data de mayo de 2022 y la empresa fue creada presuntamente para la “construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones”, entre otros singulares rubros.
Como directora figura una mujer que sería su pareja: Silvina Jaquelina Campos Burgos. Aparece con oficinas comerciales en Chacabuco 187, piso 2, oficina A, de la ciudad de Córdoba (fiscalmente está registrada en otro domicilio, en barrio Alberdi, también de la capital provincial). Según la Afip, “no registra impuestos activos” y, extrañamente, apenas tiene cuatro posteos en Instagram desde finales de octubre.
Algunos meses después, constituyó otra SA: Scarpino Compañía Financiera y Soluciones Comerciales SA. Habría sido la denominación que utilizaba para dar una apariencia “formal” a las operaciones que habría realizado con los ahorristas; en principio, desde 2019. De forma idéntica a Scarpino Viviendas…, Scarpino apareció como presidente, y su pareja, como directora.
Una investigación larga y casi artesanal
El abogado de las decenas de damnificados que presentaron la “lluvia” de denuncias contra Scarpino inició una investigación particular para intentar localizarlo. Durante varios meses, Scocco encabezó la pesquisa privada que le permitió ir rastreando algunas pistas y desechando otras.
El amplio espectro donde podía ocultarse el sospechoso abarcaba desde Mendoza (porque se había activado la señal de una presunta línea telefónica de Scarpino) hasta Santa Rosa de Calamuchita, en el centro de la provincia de Córdoba, y Lanús y otros lugares del vasto territorio bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).
La tarea de rastreo, con abogados y la ayuda de los denunciantes, se circunscribió de manera específica a Lanús y, más puntualmente, a cinco domicilios de Caba, ya que contaban con datos de probables lugares de residencia: el microcentro, Congreso, barrio Norte y Balvanera.
Las averiguaciones dieron su fruto en la zona de Callao y Corrientes, en Congreso. Observaron que un hombre que habitualmente frecuentaba la zona presentaba características similares a Scarpino, que utiliza una silla de ruedas.
El sospechoso se dedicaba a pedir limosnas y a la venta de estampitas. Lograron fotografiarlo en la calle y reunir otros datos, como su posible lugar de alojamiento. Con todos los elementos, el fiscal Godoy (que había pedido la captura en abril de 2023) logró hallar a Scarpino y a su esposa.
Los efectivos de la División Capturas y Prófugos de la Policía porteña localizaron a la pareja y la detuvieron en Perón al 1800. Al momento del arresto, Scarpino llevaba su cabello teñido de color cobrizo y con un corte diferente del que usualmente usaba en Córdoba.
