- La Justicia desenmaraña la banda que actuaba en el precinto de Estación Juárez Celman: ya hay un policía condenado.
- Comisario y otros uniformados irán a juicio.
- Un simple ardid: vendían rodados secuestrados.
El trabajo policial estaba enmarcado en las tareas de rutina: había que salir a secuestrar las motos que circulaban por las calles y que no se encontraban en regla. Había que guardarlas y custodiarlas en la dependencia policial, para luego devolverlas cuando la dueña o el dueño se presentara con los papeles. Sin embargo, algo ocurría en el medio: muchas de las motos desaparecían. No de la mejor manera.
La comisaría de la localidad de Estación Juárez Celman, 20 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, se había vuelto un completo "agujero negro".
La Justicia ya tiene algunas respuestas: varias de estas motos eran revendidas a terceros como si se tratara de una concesionaria. En otros casos, eran devueltas, previo pago de coimas.
Un suboficial de la Policía que trabajaba en esa dependencia fue condenado la semana pasada.
Se trata del cabo Alexis Mario Magnano (42), quien aceptó los cargos en su contra y terminó sentenciado a dos años y 10 meses de cárcel por la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba.
Fue un juicio abreviado: el uniformado aceptó los cargos, se mostró arrepentido y pidió perdón.
El tribunal lo condenó por los delitos de hurto calificado, sustracción de medios de prueba, peculado y abuso de autoridad. Además, se lo sentenció a que no volviera a ocupar cargos públicos nunca más.
Como ya estuvo detenido más de un año sin condena, se dispuso que permaneciera en libertad.
En los próximos días será echado de la Policía de Córdoba, según ya trascendió de altas fuentes oficiales consultadas por La Voz.
Pero hay más.
La causa judicial fue instruida inicialmente por la fiscal Milagros Gorgas y hay asuntos pendientes.
Por un lado, hay un nuevo detenido. Se trata de un simple vecino de esa población, quien está sospechado de haber colaborado con la supuesta organización policial.
Roque Martínez fue apresado días atrás en la ciudad de Córdoba en el marco de un simple control callejero: el hombre iba caminando y pasó cerca, sin saberlo, de una de las cámaras del sistema policial bautizado como “el cazarrostro”.
Se trata de un sistema informático que permite a la Policía identificar a personas que cuentan con órdenes de captura.
La fiscal Gorgas tenía sospechados a otros cuatro policías, entre los que sobresalía un comisario que era jefe en esa dependencia de Estación Juárez Celman.
Al considerar que había delitos ya fuera de su competencia, la funcionaria judicial envió esa parte del expediente al fuero penal y económico cordobés.
Este segundo tramo de la causa recayó en manos del fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, quien avanzó en el expediente y en los próximos días podría enviar a juicio a estos policías, según pudo confirmar este diario.
Los sospechados son el comisario Pascual Vargas, el agente Jairo Palomeque, el suboficial principal Jorge Aliendro y el oficial inspector Mauricio Nieto.
Mientras el comisario Vargas deberá responder por el supuesto delito de omisión en los deberes de funcionario público, los restantes serán enjuiciados por presunto abuso de autoridad, de acuerdo con la causa que instruye Bornancini, indicaron voceros oficiales.
Una vez que la elevación a juicio se concrete, restará ver qué oposición efectúan (si es que la hacen) los abogados defensores.
“Esa comisaría era un agujero negro. Se había vuelto un absoluto agujero negro”, comentó una alta fuente judicial que investigó a fondo el caso. “No había un registro de nada. Nada. Se secuestraban las motos y no quedaban asentadas”, añadió la fuente judicial.
¿Y cómo se inició todo?
2.500 pesos
Corría julio de 2018 y un hombre se presentó en la comisaría de Estación Juárez Celman. El vecino estaba preocupado por dos cosas: primero, le habían secuestrado la moto, que usaba para trabajar, en un control vehicular implementado por la Policía de ese pueblo.
El otro problema es que alguien de uniforme le pedía unos 2.500 pesos para devolvérsela.
El vecino fue a la comisaría y expuso todo a una mujer policía. Indignada por lo que estaba oyendo, la oficial puso todo en conocimiento de autoridades policiales.
Así fue: jefes honestos decidieron radicar la denuncia de lo que estaba pasando. La causa recayó, por jurisdicción y turno, en la fiscalía de Gorgas, quien se puso a trabajar de inmediato con un grupo de investigadores.
Una de las primeras medidas de la fiscal fue allanar el edificio y secuestrar todos los libros de guardia. La siguiente fue tomar testimonios, cotejar datos e investigar las comunicaciones de los uniformados y requisar la dependencia.
¿Qué se vio? “Era obsceno”, graficó un informante. En el patio había numerosos vehículos secuestrados que, en los papeles, no estaban asentados.
En paralelo, el Tribunal de Conducta Policial abrió un sumario interno y dispuso situaciones pasivas para varios implicados.
Los sumarios podrían derivar en más exoneraciones.
La pesquisa determinó toda clase de irregularidades con motos secuestradas en los controles contravencionales: algunas eran revendidas, otras desarmadas, por algunas se ofrecía rescate.
En algunos casos –se determinó– se usaba un patrullero de manera ilegal para trasladar las motos a los nuevos compradores.
Hay algo más: según se sospecha, algunos policías realizaban allanamientos y se llevaban sin orden bienes de los domicilios.
El policía Magnano, según la causa, retiraba las motos de la dependencia. Cuando algún uniformado honesto le preguntaba “por qué” o “para qué”, el suboficial respondía: “Es orden del comisario”. Consta en la investigación que ya tuvo su primera condena.
La sospecha judicial es que la supuesta banda policial actuaba a la par de uniformados honestos que hacían su trabajo sin saber lo que estaba sucediendo.
“Era un agujero negro esa comisaría”, volvió a insistir una alta fuente judicial. “Y todo pasaba porque estaban dadas las condiciones para que eso pasara”, cerró.
Uno de los policías, con una causa extra
El cabo Alexis Mario Magnano, recientemente condenado por la Cámara 4ª del Crimen por su confeso accionar delictivo en la comisaría de Estación Juárez Celman, tiene una causa extra: está imputado por supuesta extorsión en la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6 de Córdoba.
Le secuestraron la moto y desapareció
Fue en el depósito en Bouwer. Hay una causa judicial abierta.
Un vecino denunció ante la Justicia provincial que la motocicleta que la Policía le había secuestrado, en el marco de un operativo de control callejero, desapareció del predio de Potrero del Estado, en la comuna de Bouwer. La causa es investigada por la Justicia penal. La denuncia fue presentada hace dos meses. “Le secuestraron la moto por una serie de contravenciones. La persona andaba sin casco y no tenía papeles. Cuando fue a recuperarla, tras cumplir con todos los pasos procesales, como pasar primero por la UCA, en Potrero del Estado le dijeron que había desaparecido”, se quejó Paulo Graglia, de la Asociación Civil de Motociclistas. “Somos querellantes en la causa. Y reclamamos que la investigación avance. Sabemos que en ese predio desaparecen motos y repuestos... ¿Por qué hay tantos incendios tan seguido?”, se preguntó Graglia.
