Para el próximo miércoles está previsto el inicio del juicio oral y público a los dos empresarios responsables de la fiesta electrónica realizada en 2014 en la estancia “El Silencio” (cerca de Salsipuedes), durante la cual falleció el joven Francisco Javier “Pancho” Mignola (19), como consecuencia del consumo de estupefacientes que habría consumido en el lugar, particularmente éxtasis.
El debate está previsto en la Cámara 7ª del Crimen de la ciudad de Córdoba y deben sentarse en el banquillo de los acusados Ricardo Mariano Carballo (38) y Cesar Augusto Lombardi Santa Ana (40), a quienes se les atribuyen dos delitos, “homicidio culposo” y “facilitación de un lugar para consumo de estupefacientes”.
Estas dos figuras penales fueron investigadas por dos fiscales diferentes. La segunda acusación formulada en su momento por el fiscal de Drogas Peligrosas de Córdoba Sebastián Romero, señala que la fiesta llamada “Amnesia” se desarrolló el 26 de octubre de 2014, entre las 7 y las 18 aproximadamente, en la estancia “El Silencio”, ubicada en la ruta provincial E-57 -Camino del Cuadrado-, a 13 kilómetros de localidad de Salsipuedes (departamento Colón).
Se trata de la primera muerte en fiestas electrónicas en la provincia, antes de las más conocidas como la de Tania Abrile en el Orfeo Superdomo, en 2017-, e inclusive a nivel nacional, como el caso de Time Warp, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2016.
Se indica en la instrucción que la fiesta fue publicitada por los acusados “a través de la red social Facebook, en un grupo cerrado (es decir, a cuyo contenido se accede previa aceptación del administrador), que se denominaba ‘Club Electrónico’”. Esos administradores no eran otros que ambos imputados, si bien Carballo usaba seudónimo de Mariano Plex.
Este fiscal instructor sostiene que, “con el argumento de que festejarían tres cumpleaños-, (Lombardi y Carballo) crearon y predispusieron todas las condiciones necesarias para facilitar al gran número de concurrentes hacer uso del lugar con la finalidad de consumir de manera libre estupefacientes, principalmente éxtasis (MDMA), popper, cocaína, marihuana y ketamina, todo ello en infracción a la ley 23.737″ de drogas, según la causa.
Sin habilitación administrativa ni control policial, colocaron dos guardias privados y “permitieron el libre consumo de estupefacientes por parte de los concurrentes a la fiesta” por la que debía abonarse una entrada, según la causa.
Se indica que desde esta situación “de clandestinidad, los imputados prepararon las condiciones adecuadas para que los asistentes consumieran sustancias ilícitas sin temor a ser controlados por la autoridad y, de ésta manera, obtener como resultado una fiesta exitosa”, de acuerdo a la instrucción.
Con relación al homicidio, la instrucción fue hecha por el entonces fiscal de Jesús María, José Almeida, quien sostiene que la víctima habría consumido estupefacientes en un evento anterior, en el estacionamiento del lugar y en el interior de la fiesta, donde habría ingerido éxtasis. Allí se descompuso y no recibió atención médica, la cual no estaba disponible y esa falta se reprocha a los organizadores. Luego de una hora y media con el joven descontrolado, sin recibir asistencia, Mignola comenzó a sufrir convulsiones.
Recién después de esto, Mignola fue trasladado por Carballo en el auto de un asistente hacia La Falda. En el hospital local lo atendieron pero no pudieron compensarlo. Minutos después, falleció.
La causa eficiente de la muerte, según la autopsia, fue “intoxicación” con las siguientes drogas: cocaína, anfetaminas, éxtasis, tetrahidrocannabinol (sustancia de la marihuana) y ketamina.
El acusador sostiene que el desenlace tuvo un “peligro de producción” incrementado a raíz de “las infracciones a los correspondientes deberes de cuidado que, como organizadores del evento, les competía” a Carballo y Lombardi.
Almeida reprocha a ambos “la realización del riesgo no permitido concretamente incrementado” y señala que “debieron haberlo impedido mediante la adopción de ciertos comportamientos (mínimos deberes de resguardo y cuidado) a los que se encontraban obligados en función de la posición de garantes que ostentaban”.
El juicio
Ahora, la acusación en el juicio que se iniciaría el miércoles será llevada adelante por el fiscal de cámara Sergio Ruiz Moreno.
Trascendió en las últimas jornadas que Carballo tendría intención de acordar un juicio abreviado, reconociendo plenamente su responsabilidad por ambas acusaciones.
Sin embargo, también se comentó en fuentes allegadas a la cámara que no fue posible hallar en Córdoba a Lombardi Santa Ana, quien no estaría en el país y se encontraría en México. Si bien nunca estuvo detenido, al haber estado sometido a proceso debería al menos haber comunicado su viaje o su cambio de domicilio, como son las condiciones habituales exigidas por los tribunales, según indican esas fuentes.
Su defensor, Fernando Martínez Paz señaló a La Voz que, según lo planteado en la causa, está confiado en lograr la absolución de su defendido. No obstante, indicó que perdió contacto en los últimos días con Lombardi Santa Ana, pero tampoco descartó que entre este lunes y miércoles pueda ubicarlo.
En caso de no presentarse al debate del miércoles, su situación en la causa podría complicarse, particularmente en lo relacionado con la peligrosidad procesal, ya que de no estar a disposición de los tribunales puede considerarse un mal indicio.
Con relación al otro acusado, Carballo, asistirá al juicio si bien trascendió que está en conversaciones con el fiscal Ruiz Moreno para acceder a un debate abreviado y con pena de ejecución en suspenso.
El propio fiscal dijo a La Voz que este lunes recibirá a la madre de la víctima Noemí Bongiovanni, para comunicarle esta posiblidad de evitar el juicio “abierto”, con el reconocimiento de culpa de los acusados y el beneficio de ventilar algunos aspectos que pueden ser dolorosos.
La consulta a los familiares de la víctima, según la ley, no es vinculante para que el Ministerio Público solicite el juicio abreviado, pero muchos fiscales consideran una condición sine qua non que las víctimas o sus deudos estén de acuerdo con esa alternativa al juicio.
A los padres de Francisco los representan Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán. El segundo de ellos anticipó a este diario que de ninguna manera prestarán acuerdo a la posibilidad de un juicio abreviado y mucho menos que no se imponga a los responsables de la muerte de “Pancho” Mignola una condena de prisión efectiva. Ambos abogados acompañarán a Bongiovanni para interiorizarse de la oferta del fiscal.
