Seis años después del hecho, comenzó el juicio por el incendio que se desató el mediodía del lunes 15 de octubre de 2018 en la Comisaría 27° de barrio Marechal, en Cayetano Silva 1050 de la ciudad de Córdoba, donde ardieron 79 motocicletas que estaban secuestradas en el depósito de la unidad policial.
En este proceso que se ventila en la Cámara 8ª del Crimen desde este miércoles, llegan como acusados tres uniformados que, según la acusación, decidieron hacer un asado y no tomaron las precauciones como para evitar el daño masivo al parque automotor que custodiaban en el predio ubicado en la Costanera Sur. Ellos son el oficial principal Lucas Sebastián Bazán (37 años, al momento de los hechos), la cabo 1º Johana Estefanía Marchisio (30) y el cabo 1º Miguel Ángel Bellesi (34).
A los tres policías se les adjudica el delito de “violación de los deberes de funcionario público”, agregándole a Bellesi el de “incendio culposo”, por haber sido quien habría encendido el fuego en un rincón del predio, debajo de una ventana de los calabozos.
La acusación a cargo de la fiscal instructora Lourdes Quagliatti sostiene que Bellesi, en acuerdo con los otros dos, comenzó a encender el fuego para hacer las brasas y luego asar carne, pero lo hizo junto al depósito de motocicletas que estaban resguardadas en ese amplio predio, al aire libre. Sin la precaución debida, las llamas se propagaron hacia unas motos, finalmente se extendieron y quemaron 79 de esos vehículos.
En el expediente figuran muchas motocicletas quemadas, de diversos modelos y marcas. Además de las nacionales o de menor valor, como Guerrero, Gilera, Apia, hay otros vehículos de gama alta, como las japonesas Honda, Suzuki o Yamaha.
De esas 79 personas damnificadas por el incendio de su moto secuestrada 22 de ellos llegaron a este juicio oral representados por el abogado penalista Carlos Nayi (junto a su sobrino José Nayi) quien constituyó a sus clientes como actores civiles en una demanda a la Provincia.
Nayi comentó a este diario que se reclama el valor de esas motos -según marca, modelo y estado- más intereses y costas. Agrega que en su mayoría se trata de damnificados de condición humilde y que muchos de ellos perdieron su instrumento de trabajo.
Al debate asiste en representación del Estado provincial el abogado Pedro Saccone.
El juicio se desarrolla con la conducción del vocal (unipersonal) Juan Manuel Ugarte.
Abreviado para dos
La acusación en el debate es llevada adelante por el fiscal subrogante Fernando López Villagra, quien al iniciar la audiencia presentó un acuerdo de juicio abreviado para dos de los acusados, el oficial principal Bazán y el cabo 1° Bellesi.
En el inicio de la audiencia, ambos acusados admitieron su responsabilidad y pidieron disculpas a todos los damnificados por la pérdida de sus motos. A su turno, el fiscal López Villagra había enunciado la pena de 12.500 pesos de multa para Bazán y un año de inhabilitación por el delito de omisión de los deberes de funcionario público.
En cambio, para Bellesi, que acumula además el delito de incendio culposo, a los ítems de la pena anterior se le añade un año de prisión en suspenso.
A discutir la prueba
Quien no acordó con el fiscal López Villagra la realización de un abreviado y discute la acusación es la cabo 1° Marchisio, quien ingresó al debate en cuya primera audiencia se leyó la pieza instructoria y se escuchó a dos testigos. Sobre ella pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público.
Tras un cuarto intermedio, se acordó continuar el juicio el próximo viernes, con la presentación de los alegatos de las partes y el veredicto del juez.
Ese día se conocerá si se confirman los juicios abreviados, si la cabo Marchisio resulta condenada y qué respuesta se da a las demandas civiles de los 22 particulares que perdieron sus motos por un asado de lunes al mediodía.
