Cansado de todo, el hombre se presentó en los tribunales. Una vez que lo atendieron, el camionero denunció con lujo de detalles cómo había tenido que pagar coimas mientras transitaba por la ruta, en cercanías de la localidad de Sampacho, en el sur de Córdoba. Y apuntó directamente contra gendarmes.
Corría enero de 2025. La Justicia federal de Río Cuarto comenzó a investigar. Se tomaron testimonios, se analizaron pruebas, filmaciones, celulares y la causa avanzó.
A nueve meses, ya hay 23 efectivos de Gendarmería Nacional acusados de haber integrado una banda que cobraba coimas a camioneros y a transportistas que circulaban por la ruta nacional 8.
El fiscal Rodolfo Cabanillas los acusó como presuntos miembros de asociación ilícita. Varios están presos.
Fuentes de la causa señalaron que la declaración del camionero que en enero se hartó de la exigencia del pago de coimas, tras un tercer intento por parte de personal de Gendarmería en un puesto de control en Sampacho, fue clave para la causa.
La pesquisa señala que los acusados, abusando de su cargo, habrían exigido indebidamente pagos para permitir el tránsito por la ruta.
Al testimonio de ese transportista le siguieron dos presuntas víctimas más, según voceros del caso.
Los detalles que aportaron sobre el modus operandi delictivo que investiga la fiscalía de Cabanillas desenmascara la existencia de una presunta asociación ilícita conformada por más de 20 personas, caracterizada por un supuesto sistemático abuso de autoridad e intimidaciones.
Pagar para seguir circulando
Según la declaración de los testigos, los gendarmes actuaron en grupos de cuatro personas en diferentes momentos y lugares de la ruta nacional 8.
Allí, presuntamente les exigían a los camioneros la documentación personal y del vehículo. Con el argumento de que la misma estaba incompleta o el invento de algún requisito, “les pedían una coima para poder continuar circulando”.
Del expediente se desprende que los montos iban desde los $ 50 mil hasta los $ 600 mil. Había dos modalidades de pago: efectivo y transferencia.
“Los hacían bajar del vehículo, los demoraban al costado del camino, los cansaban, y luego les indicaban que pusieran el dinero dentro de un baúl o dentro de una carpeta”, contó una fuente de la investigación a este diario.
La investigación del fuero federal determinó la participación de al menos 23 gendarmes –entre ellos, la jefa de la sección de Seguridad Vial Analía Galian– y un civil. Era este último, de profesión peluquero, conocido como “El Sanjuanino”, quien, según la hipótesis de la Justicia, cumplía el rol de receptor de los pagos y de la distribución de los porcentajes entre los involucrados en la maniobra delictiva.
Incluso uno de los pagos que aparece en el expediente habría sido realizado por el jefe de una empresa de transporte tras la advertencia de uno de sus choferes.
Descartado el cohecho, la Justicia imputó a todos los detenidos como miembros de una asociación ilícita con el objetivo de cometer delitos, que en la legislación argentina prevé una pena de prisión o reclusión de tres a 10 años.
Además, se investiga la ocurrencia de al menos 10 exacciones ilegales (un funcionario que abusa de su cargo para solicitar o cobrar indebidamente) y el abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
Del total de los imputados, 13 permanecen detenidos en el penal de Bouwer y dos tienen prisión domiciliaria.
“Los hechos denunciados ocurrieron entre julio del 2024 y septiembre pasado. Se presume que existen más víctimas que pueden aportar más datos de lo ocurrido”, indicó la misma fuente reservada.
Por estos días, el juez federal continúa con la diligencia de algunas medidas pertinentes con el fin de tener una noción acabada del alcance de la operatoria. Al análisis de las cuentas bancarias se le suma el estudio de los celulares de los involucrados.
Del análisis de las declaraciones testimoniales, los investigadores coinciden en un “temor instalado en los camioneros de lo que representa el uniforme de gendarme en ese contexto”.
Por su parte, en las indagatorias los imputados se declararon inocentes y justificaron algunas transferencias por pago de viáticos y juegos en casinos online.
Conmoción en Sampacho
La atribución formal de varios delitos a la mayoría de los agentes del destacamento desató un escándalo en la ciudad del sur provincial.
Como sucede en muchos pueblos, las fuerzas de seguridad forman parte de la vida cotidiana. Y Sampacho no era la excepción. Hace más de dos décadas la fuerza de seguridad nacional está presente allí, y su presencia estaba asegurada en todos los actos públicos, religiosos y manifestaciones sociales.
“Hacían trabajo conjunto entre municipio y Policía local”, comentaron algunos vecinos.
En esta línea, hace dos semanas el intendente Franco Suárez convocó a representantes de instituciones locales con el fin de presentar un petitorio al jefe del escuadrón de la fuerza nacional para solicitar la continuidad de la sección, “más allá de este proceso judicial”.
“Nuestro pueblo se encuentra ubicado en un corredor vial estratégico sobre la ruta nacional 8, lo que implica un constante flujo de transporte de cargas y tránsito vehicular. En este contexto, la presencia de la fuerza ha significado durante más de 20 años un aporte esencial a la seguridad de la comunidad y a la prevención de hechos de distinta índole. Por tal motivo, desde la Municipalidad de Sampacho consideramos de suma importancia poner en su conocimiento la preocupación de los vecinos y las instituciones locales, quienes valoran profundamente la labor realizada por personal a su cargo, solicitando se continúe brindando la colaboración necesaria para garantizar la tranquilidad de la población y el control eficiente de la ruta”.
Desde la fuerza nacional, informaron que no existe en curso ningún plan de inactivación en ese sitio. Pero acotaron que se modifica su denominación a “base de patrulla”.
