Un evento judicial sin precedentes está a punto de comenzar en Argentina. El 12, 13 y 14 de agosto, cuatro hombres se sentarán ante un tribunal en Formosa acusados de cazar y carnear un yaguareté, un acto que causó estupor en redes sociales y puso en el centro de la escena la frágil situación de esta especie en peligro crítico de extinción.
Este juicio histórico no solo busca impartir justicia por la muerte de un Monumento Natural Nacional, sino que podría sentar un precedente clave en la protección de la fauna silvestre en Argentina.
Una tragedia en el Gran Chaco: los hechos y las acusaciones
La tragedia que llevó a este juicio se desencadenó a fines de julio de 2024 en un campo de Ibarreta, Formosa. Todo comenzó con la desaparición de una vaca lechera de Máximo Cisneros (61), dueño del lugar. Él solicitó la ayuda de Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30), tres “changarines” que realizaban tareas de deslinde y limpieza de alambrados en la zona, publicó Infobae.

Los cuatro hombres salieron en busca de la vaca con sus perros y la encontraron muerta.
Cerca de los restos, según su relato, apareció el yaguareté. Afirmaron que los perros comenzaron a enfrentarse con el animal y la situación se les “fue de las manos”, resultando en la muerte de dos perros triturados por el yaguareté. Aduciendo miedo y defensa propia, utilizaron una escopeta vieja para disparar al animal. En el expediente judicial, figura que Claudio Cisneros ejecutó el disparo fatal.
Poco después de matar al yaguareté, los cuatro hombres se fotografiaron sonrientes junto al animal, imágenes que, según ellos, fueron tomadas por vecinos. Fue el 27 de julio de 2024 cuando estas fotografías, mostrando al yaguareté “maniatado, colgado y despellejado”, llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté, quien inmediatamente denunció el hecho.
Dos días después de la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros, quien intentó fugarse, pero fue interceptado. Los otros tres acusados se presentaron ante la Justicia el 2 de septiembre, 36 días después, acompañados de sus abogados, y pasaron casi dos meses detenidos antes de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria el 7 de noviembre. Máximo Cisneros, sin embargo, espera el juicio en libertad.
El Yaguareté: un monumento natural al borde de la extinción
El yaguareté es una especie críticamente amenazada en Argentina, declarada Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463. La gravedad de este caso radica en la alarmante escasez de ejemplares: se estima que apenas quedan 20 yaguaretés en el Gran Chaco argentino.
A nivel nacional, la población ronda los 250 ejemplares, distribuidos en tres poblaciones aisladas. “Nos alegramos cuando aparece uno nuevo, pero no festejamos demasiado porque sabemos que tiene los días contados”, expresó Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de la Red Yaguareté.
La identificación del ejemplar asesinado fue posible gracias a un sistema único: las manchas del animal funcionan como huellas digitales. Las fotografías del yaguareté muerto coincidieron con el patrón de uno de los cinco ejemplares registrados en Formosa, lo que significa que ahora solo quedan cuatro en la provincia.

La versión de los acusados: entre el miedo y la legítima defensa
En una entrevista con Infobae, los tres hombres bajo prisión domiciliaria —Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León— hablaron públicamente por primera vez del caso, en presencia de sus abogados. Se definieron como “hombres de campo” y “changarines” sin estudios formales, dedicados a trabajos rurales como la venta de madera o limpieza de picadas.
Los acusados sostienen que no son cazadores y que actuaron por miedo, en legítima defensa.
“Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, afirmó Hugo. Claudio agregó: “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”. Viterman concluyó: “Nos defendimos como pudimos”.
De cara al juicio, los tres aseguran estar arrepentidos. Su situación actual es angustiante, ya que dependían del campo donde ocurrió el incidente para su sustento. Aunque tienen un régimen de salidas laborales de 7 a 15 horas, sus abogados advierten que no es suficiente debido a las distancias y condiciones climáticas, y han solicitado una ampliación de horario.
Un hito judicial y la Lucha por la conservación
El juicio por la caza de este yaguareté es considerado un hito legal por la Red Yaguareté, siendo el caso más avanzado en casi dos décadas de trabajo judicial relacionado con esta especie.
Nicolás Lodeiro Ocampo lo calificó como “el mayor logro hasta el presente en relación con la persecución y búsqueda de castigos ejemplares a cazadores de yaguaretés”, destacando que nunca antes se había dictado prisión domiciliaria por un hecho similar.
Otro aspecto histórico de este proceso es que marca la primera vez en la historia judicial argentina que una ONG ambientalista, la Red Yaguareté, es aceptada como querellante en una causa por la muerte de fauna silvestre. Se suman como partes querellantes la Administración de Parques Nacionales y la Fiscalía de Formosa.
Lodeiro Ocampo, si bien reconoció que un yaguareté puede reaccionar si es molestado al alimentarse, aclaró que “no existen prácticamente ataques si no hay una situación de agresión previa” y que “ese tipo de encuentros con humanos son excepcionales”.
La preocupación de las organizaciones no se limita al caso presente, sino a lo que puede seguir ocurriendo. “La especie está en peligro crítico de extinción y, ante la magnitud que cobró el caso, va a ser muy difícil que volvamos a ver un yaguareté muerto en Formosa. Lo van a matar y no nos vamos a enterar porque lo van a enterrar“, advirtió Lodeiro Ocampo. Por ello, se insiste en la necesidad de implementar un programa de convivencia entre yaguaretés y comunidades rurales.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, enfatizó que “estamos al límite de perder al yaguareté” y que para salvarlo “debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación”.

La Justicia no ha logrado dar con la piel del yaguareté ni con el arma utilizada para matarlo, a pesar de los allanamientos. La causa fue elevada a juicio en diciembre de 2024, y los acusados podrían recibir hasta tres años de prisión.
Para la Red Yaguareté, una condena, aunque la pena sea leve, enviará un mensaje fuerte y permitirá avanzar en la modificación de la obsoleta Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, para la cual ya han fracasado siete intentos de subir las penas en el Congreso de la Nación.