La Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de San Francisco absolvió a una mujer acusada de comercializar estupefacientes junto a su exesposo y a su excuñada.
En su alegado final, la Fiscalía de Cámara había solicitado su absolución por entender que la imputada participó de las transacciones ilícitas “bajo amenazas de sufrir un mal grave e inminente, esto es, sin libertad”. Esta posición fue compartida por el defensor público de la mujer, Lucio Sarnago, quien adhirió al pedido de absolución fiscal.
Qué dice la sentencia del juez que absolvió a la mujer
En la sentencia, el camarista Guillermo J. Rabino consideró acreditados múltiples hechos de violencia de género cometidos por el imputado F. D. P. contra su pareja, E. J. C., con quien tenía cinco hijos.
También explicó que el pedido de absolución formulado de la Fiscalía de Cámara, durante el debate, tiene carácter “vinculante” para el tribunal de juicio. “La regla de la correlación entre acusación y sentencia es una entre varias que conforman el principio procesal de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio”, añadió.
Para el Ministerio Público Fiscal, durante el período en que tuvieron lugar los hechos de comercialización de estupefacientes sometidos a juicio, la imputada E. J. C. “era víctima de violencia de género” y que esta situación “coartaba su libertad de decisión”.
A criterio de la fiscalía, durante el juicio no quedó acreditada la participación responsable de la acusada en la comercialización de estupefacientes, ya que “mediaba un fuerte sometimiento” a su expareja.
En este sentido, la fiscalía afirmó que entre los imputados se generó una “situación íntima de coacción”, que excluye a la mujer de su responsabilidad penal, pues “el espacio de autodeterminación de E. J. C. se vio afectado en su capacidad de libre albedrío”.
En cambio, la sentencia declara al imputado F. D. P., exesposo de la mujer, responsable de defraudación por sustracción; lesiones leves calificadas, desobediencia a la autoridad, violación de domicilio y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de epidemia y comercialización de estupefacientes, coacción y hurto simple. Por estos delitos, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de San Francisco le impuso para su tratamiento penitenciario la pena de seis años y seis meses de prisión.
Asimismo, declaró a E. V. P., hermana del imputado, autora material y penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes y le impuso la pena de tres años de prisión de cumplimento condicional.
