Era una jornada más en la rutina de Tomás. El repartidor de mercaderías estaba bajando unos productos de un vehículo, cuando aparecieron los dos ladrones en la moto. Sucedió en barrio Alto Verde, franja noroeste de la ciudad de Córdoba.
El que iba atrás, Gastón Maximiliano Ferreyra, saltó de la moto y en segundos manoteó la mochila de la víctima. Acto seguido, escapó con su cómplice. En la mochila estaban una computadora, una billetera, mil dólares, una campera y dos dispositivos de geolocalización.
Era el viernes 31 de mayo de 2024.
La víctima, al advertir que los dispositivos sustraídos emitían señal de geolocalización, alertó a los policías, quienes rastrearon la ubicación en tiempo real.
La pista conducía a un centro comercial, a metros de donde se había producido el robo.
Una cámara de seguridad y el testimonio de un guardia fueron las primeras piezas de un rompecabezas más complejo de lo esperado, que se terminó de armar un año más tarde, pero con grandes resultados.
Los pesquisas nunca dejaron de tirar del hilo de la investigación, tal como indican los manuales, y un robo en flagrancia concluyó con un golpe a una banda.
Horas después de ese robo aparentemente simple, Ferreyra fue detenido junto a la motocicleta que utilizaba. En su poder, se hallaron 44 mil pesos y un casco negro.
La investigación judicial avanzó rápido.
El fiscal Juan Pablo Klinger no sólo logró reconstruir el hecho sino que, al acceder al celular del imputado, abrió una puerta que derivó en una pesquisa más profunda: Ferreyra no actuaba solo.
Sus mensajes, audios y contactos delineaban los movimientos de una organización dedicada a robos domiciliarios bajo la modalidad conocida como “escruche”.
Es decir, junto a otros hombres ingresaban a viviendas particulares sin moradores.
La fiscalía desandó el ovillo y llegó a desentramar el funcionamiento de una banda que hoy enfrenta cargos por asociación ilícita y múltiples hechos contra la propiedad.
Del hurto a la banda
El caso comenzó a virar cuando los investigadores accedieron al teléfono celular de Ferreyra, secuestrado durante el procedimiento de su detención.
Entre mensajes de WhatsApp y audios de voz, emergió un patrón: nombres propios, zonas de Córdoba, referencias a objetos robados.
La sorpresa de los pesquisas iba en franca escalada.
Allí había descripciones precisas de viviendas marcadas.
Los delincuentes, lejos de ocultar sus acciones, las relataban en tono de celebración a otros contactos que tenían agendados.
En esas conversaciones, Ferreyra hablaba de “laburar viernes, sábado y domingo” y de cómo “marcaban ranchos” entre semana, según pudo saber La Voz de parte de una fuente con acceso a la causa.
Lo cierto es que los mensajes describían con precisión cuándo una vivienda estaba vacía, y cómo luego ingresaban. Decían hasta lo que iban a buscar, según confirmó una fuente de la investigación.
Dólares, televisores, electrodomésticos, ropa, hasta una pava eléctrica. “Le colamos por atrás y lo dejamos tiritando”, se decían.
En uno de los audios más reveladores, uno de los imputados se jactaba de haber encontrado casi 100 mil dólares en la casa de un gerente de una gaseosa. Todo por mensajes de WhatsApp.
Los investigadores fueron apilando las pruebas y pudieron reconstruir el vínculo entre Ferreyra y al menos cuatro sospechosos: Lautaro Ariel Sánchez, Gastón Exequiel Molina, Jorge Gonzalo Molina y otro no identificado.
Las charlas revelaban roles asignados, planificación previa, reparto de dinero, incluso vacaciones en Brasil de algunos miembros con el botín conseguido.
El fiscal Klinger concluyó que Ferreyra no era un simple ladrón de mochila: lideraba presuntamente una supuesta banda organizada con funciones distribuidas y logística aceitada en Córdoba.
El hecho puntual del 31 de mayo fue la punta del iceberg.
A partir de ahí, se inició un expediente separado por asociación ilícita, que incluyó múltiples allanamientos y secuestros de bienes.
En el domicilio de Ferreyra se incautaron electrodomésticos, tecnología y vehículos. En los de sus cómplices, se hallaron grandes sumas de dinero, armas, celulares y más indicios que apuntaban a un accionar criminal estructurado.
Un líder sin perfil bajo
Ferreyra tiene 36 años, cuatro hijos y una historia de condenas anteriores por robo calificado. Al momento de su aprehensión, vivía con su familia en el barrio Hipólito Yrigoyen y decía trabajar en una pollería.
Sin embargo, sus ingresos y su estilo de vida no coincidían con ese perfil. Según la investigación, recientemente había adquirido varios televisores, somieres, electrodomésticos y hasta una moto.
“No voy a ser más pobre”, afirmaba en audios que mandaba a sus pares, mientras relataba cómo se equipaba con lo robado.
Además de actuar como jefe de la banda, era quien organizaba los movimientos. Decidía los objetivos y coordina a sus compañeros.
En las escuchas, se refería con familiaridad a cada uno: “Con Gula, Lautaro y Gastón nos manejamos por la zona del Cerro... ahí hay verdes”, decía refiriéndose a la búsqueda de dólares. Su confianza se sustentaba en la impunidad con la que venían operando, lo que terminó volviéndose en su contra cuando su propio celular expuso todo.
Los investigadores remarcaron que sin la recuperación del teléfono y la información que contenía, la banda probablemente hubiera seguido activa. Por eso, insisten en una frase que ahora repiten como mantra en los tribunales de Córdoba: “Hay que desandar el ovillo”. Fue exactamente eso lo que hizo el fiscal.
Los escruchantes golpeaban en barrios cerrados. Esa era su predilección. Uno de los episodios más impactantes que permitió reconstruir el celular de Ferreyra fue un atraco ocurrido en Villa Centenario.
Junto a dos sospechosos, irrumpieron en una vivienda de un adulto mayor, aprovechando su ausencia.
Treparon una medianera de más de dos metros, forzaron una reja y se llevaron una notebook, una valija, llaves, 400 mil pesos y casi 100 mil dólares. Otro escruche significativo fue el que cometieron semanas después en Villa Warcalde.
Allí se apoderaron de electrodomésticos, zapatillas y dinero en efectivo. En ambos casos, la planificación incluyó inteligencia previa sobre la rutina de las víctimas y la logística para huir sin dejar rastros.
La Fiscalía logró vincular a los implicados con estos hechos gracias a múltiples pruebas: mensajes, geolocalización de celulares, cámaras de seguridad y testimonios.
Además, los sospechosos fueron ubicados en la escena del crimen mediante antenas de telefonía. Las coincidencias no dejaron margen de duda.
Con estos elementos, se sumaron cargos formales y los principales integrantes de la banda fueron enviados a juicio.
Ferreyra ya recibió una condena por el hurto original, pero ahora enfrenta un proceso mayor que podría significar más años de prisión.
Maquinaria del delito
Con la información extraída del teléfono de Ferreyra, la fiscalía construyó un mapa detallado de la estructura criminal.
Las conversaciones revelaron no sólo los hechos consumados, sino también los métodos de planificación, la división de tareas y los vínculos entre los implicados.
Ferreyra no era un actor aislado: presuntamente dirigía una maquinaria aceitada y reiterativa, con estrategias definidas para detectar viviendas vacías, ingresar sin ser vistos y retirarse sin dejar rastros visibles. Esa es la hipótesis de la fiscalía.
Los operativos realizados por orden judicial permitieron recuperar vehículos, electrodomésticos, sumas en efectivo, dispositivos tecnológicos y armas, elementos que refuerzan la existencia –siempre en los términos potenciales de la acusación– de una organización estable con capacidad operativa sostenida.
Los imputados fueron vinculados entre sí no sólo por las comunicaciones, sino también por los bienes compartidos, las rutas comunes de escape y el uso de domicilios como depósitos temporales, de acuerdo a lo que surge del expediente.
