Una banda dedicada al robo violento contra conductores de Uber y Didi en el barrio Colinas del Cerro, zona norte de la ciudad de Córdoba, fue desmantelada este jueves en un operativo que llevó meses de investigación.
Siete personas, incluyendo a Gustavo Facundo Pérez, Iván Roy Gutiérrez y Úrsula Sofía Lescano, fueron imputadas por el fiscal Juan Pablo Klinger por integrar una organización criminal que asaltaba a los conductores al llegar a su destino.
La investigación comenzó en abril tras una gran acumulación de denuncias similares. En todos los casos se hablaba de robos violentos en la misma zona.
Según fuentes de la fiscalía, el modus operandi de la banda consistía en solicitar viajes a través de las aplicaciones Didi y Uber y, al llegar al destino, asaltar a los conductores.
Los robos incluían vehículos, teléfonos celulares y, en algunos casos, el acceso a las cuentas bancarias de las víctimas mediante los dispositivos móviles.
Se trata de una nueva banda de las que, según fuentes allegadas a la investigación, proliferan a montones en Córdoba.
Sin ir más lejos, por otra banda que acechaba a conductores de autos por aplicación en barrio Marqués de Sobremonte, en la madrugada del jueves hubo seis detenidos y más de 10 adolescentes, de entre 12 y 15 años, identificados.
Durante esos allanamientos, el fiscal de aquella causa, Raúl Garzón, habló de una profunda “desintegración social” y pidió que se inculque el respeto por las fuerzas policiales y por la autoridad, en referencia a que hace dos meses esa banda le sacó un ojo de un piedrazo a un oficial.
Este medio publicó a finales de julio un extenso informe que puso al descubierto el funcionamiento de otra patota, integrada esta vez por tres integrantes que se conocieron tras las rejas, que se dedicaba a la misma actividad delictiva en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba.
Tras la publicación de la información se inició una investigación que dio con la captura de la banda. El modus operandi era más complejo: pedían los autos en el centro de la ciudad y los llevaban a puntos alejados. Al llegar, le disparaban a los automovilistas, según la investigación judicial.
La “Banda de Colinas”
Volviendo al último grupo delictivo desarticulado por la Justicia, la fiscalía sostiene que el grupo estaba conformado por siete miembros, dos de ellos menores de edad pero imputables, por tener ambos más de 16 años.
Gustavo Facundo Pérez fue identificado por fuentes de la investigación como el organizador de la asociación ilícita y coautor de un hecho de robo calificado por el uso de arma y de cuatro hechos de robo calificados en poblado y en banda. Esa es su imputación.
Iván Roy Gutiérrez fue imputado como miembro de la asociación ilícita y coautor de robo calificado por el uso de arma y de tres hechos de robo calificados en poblado y en banda.
En tanto que Brisa Azul Riuli fue acusada de ser miembro de la asociación ilícita y coautora de un hecho robo calificado en poblado y en banda.
Para Manuel Enrique Meier y para Úrsula Sofía Lescano, la figura de la imputación fue miembro de la asociación ilícita.
Los adolescentes, identificados como J.G.L. y L.V.I., fueron miembro de la asociación ilícita y coautor de dos hechos de robo calificado en poblado y en banda, el primero, y miembro de la asociación ilícita y autor de un hecho de robo calificado en poblado y en banda, el segundo.
La investigación estuvo a cargo de la brigada civil de Investigaciones de la Unidad Judicial N° 18, que a las órdenes del fiscal completaron los operativos.
En ese mismo sentido, se realizaron múltiples allanamientos en la zona de Colinas del Cerro, donde se lograron capturar pruebas incriminatorias y detener a la mayoría de los imputados.
Estructura de la banda
La investigación fue “compleja”, comentaron antes que nada las fuentes allegadas a la causa.
La forma en la que operaban los presuntos delincuentes, señalaron, era ocultar su identidad utilizando nombres falsos y cuentas bancarias a nombre de terceros.
“Es un trabajo forense arduo, pero finalmente logramos vincular los hechos gracias a las denuncias y al esfuerzo de la Brigada Civil de Investigaciones de la Unidad Judicial N° 18”, expresó una fuente allegada a la investigación.
El jefe de la banda, Gustavo Facundo Pérez, tenía un papel crucial en la organización. Su rol incluía decidir el destino de los vehículos robados y los movimientos financieros, aprovechando el acceso a las cuentas bancarias de las víctimas para transferir dinero a los integrantes del grupo, según dejaron trascender los pesquisas.
Las cuentas bancarias, explicaron, eran utilizadas por los miembros cercanos a la banda o por terceros, facilitando la operación de manera eficaz y dificultando el rastreo de las transferencias.
Los asaltos se caracterizaban por la violencia, ya que en ocasiones los miembros de la banda usaban armas de fuego para intimidar a las víctimas.
A los conductores se les despojaba de sus pertenencias, que posteriormente eran ofrecidas en el mercado ilegal o retenidas a cambio de rescates monetarios.
Un caso destacado fue el de un conductor al que le pidieron dinero para recuperar su vehículo. Primero transfirió el monto y lo perdió; luego le indicaron un punto para que entregue el efectivo. También le robaron ese monto.
La policía logró localizar el lugar exacto del escondite donde habían mantenido ese mismo auto por el que se llevaron dos rescates. El dueño nunca obtuvo su vehículo, pero la banda cayó.
“Se endulzaron”, dicen en los pasillos de Tribunales.
La fiscalía subrayó que otra de las complejidades del caso radica en la participación de los menores de edad, quienes se encuentran en una situación jurídica especial.
Uno de ellos, inicializado en la causa como J.G.L., fue detenido de inmediato, mientras que el otro, L.V.I., se mantuvo prófugo hasta la noche del jueves, cuando finalmente fue capturado.
Entre las pertenencias encontradas en los distintos allanamientos, los investigadores hallaron teléfonos celulares, llaves de vehículos y diversas partes de autos, como llantas y placas, los cuales coincidían con la descripción de las víctimas.
Esta prueba será fundamental, consideran fuentes con acceso a la causa, para el avance de la investigación, ya que permitirá vincular directamente a los detenidos con los hechos investigados.
“Los dispositivos robados fueron esenciales en la investigación. Algunos contenían información biométrica de los autores, lo que ayudó a identificar a los involucrados pese a que utilizaban nombres falsos para evadir la justicia”, explicaron fuentes de la investigación.
La fiscalía adelantó que, con las pruebas reunidas, será posible consolidar las imputaciones y avanzar en el proceso judicial contra los acusados.
