El juez de Control N° 7 de Córdoba, José Milton Peralta, imprimió impulso decisivo al expediente que analiza la maniobra de vaciamiento de la firma Rovi SA, controlante de ferretería Zárate, el cual involucra actualmente a 10 acusados.
El magistrado confirmó el juicio a ocho de ellos, que deberán concurrir a la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba con acusaciones de asociación ilícita, falsedad ideológica y estafa procesal.
La instrucción, a cargo de Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, tiene que ver con una de las megacausas de delitos económicos más trascendentes de la reciente historia de la capital cordobesa: la de Zárate Construcciones.
Este expediente representa un nuevo tramo de la extensa investigación que llevó a condenas previas al titular de Zárate Construcciones, Francisco Scudieri, quien recuperó la libertad en 2024 tras dos juicios abreviados en los cuales admitió su responsabilidad.
Esta causa, residual del vaciamiento, lleva ahora al banquillo de los acusados a 10 supuestos “cómplices” de Scudieri. Entre ellos, dos profesionales de primera línea en sus disciplinas: el abogado concursalista Fabián Gabriel Barberá (59) y el escribano Daniel Emilio Ahumada (69).
Entre los imputados, también se encuentran profesionales y empresarios: los abogados Matías Cavallo (35) y Leonardo Díaz O’Kelly (72); los contadores Marcelo Alessandrini (60) y Federico Schibli (40), y los empresarios Lucas Russo (45), Juan Alexis Michan (50), Dante Vega (70) y Erika Romina Aguilera (39).
A este debate oral y público entrarán sólo ocho de ellos, ya que Michan acordó un juicio abreviado inicial y Aguilera pidió ser sometida a una probation.
En relación con los otros ocho, prefirieron discutir la prueba y varios de ellos presentaron un recurso contra la elevación dispuesta por Gavier, lo que acaba de resolver el juez Peralta con el rechazo y con el envío de las actuaciones a juicio.
Uno de quienes presentaron el pedido de control fue el escribano Ahumada, quien ya tiene una condena –no firme–, en la causa “Torres del Río”, de cuatro años y ocho meses de prisión por falsedad ideológica y estafas reiteradas.
En la causa Rovi SA, a Ahumada también se lo considera autor de falsedad ideológica; al conocido abogado concursalista Barberá, jefe de asociación ilícita y coautor de estafa procesal; a Alessandrini y a Schibli, miembros de asociación ilícita y partícipes necesarios de estafa procesal, y a Cavallo, a Díaz O’Kelly, a Russo y a Vega se les atribuye ser partícipes necesarios de estafa procesal.
Los supuestos miembros estaban en la misma organización liderada por Scudieri y por Barberá, según la acusación, en relación con el concurso preventivo y el vaciamiento de la firma Rovi SA, lo mismo que vinculados a maniobras de falsedad ideológica, por la adulteración de documentos de compraventa de inmuebles.
Los hechos
En este tramo del expediente cuyo juicio acaba de ser confirmado este jueves, se profundiza la investigación de las maniobras fraudulentas que Scudieri ya había confesado.
Las estafas consistían en publicitar la venta de materiales de la construcción bajo la modalidad de adquisición de “acopio”, a partir de 2010. Con esto, se captaron fondos de clientes, cuyos montos luego eran desviados a otras sociedades.
Esto descapitalizó primero a Zárate y luego a Rovi SA, lo que dejó a cientos de compradores sin posibilidad de reclamar los materiales que pagaron.
En este requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Gavier detalló cómo la asociación ilícita se fortaleció en 2018 con la incorporación del abogado Barberá y de los contadores Alessandrini y Schibli. Según la acusación, estos profesionales se sumaron a la organización por pedido de Scudieri, con el objetivo de “sanear la situación apremiante por la que transitaba Rovi SA” debido a los constantes desvíos de activos.
La acusación de estafa procesal se apoya en un supuesto plan fraudulento para engañar al Juzgado Civil y Comercial de 7ª Nominación, Concursos y Sociedades de Córdoba.
Gavier sostuvo que el juez fue “inducido a error” por los documentos presentados, lo que lo llevó a declarar abierto el concurso preventivo de Rovi SA en marzo de 2019. Esto perjudicó a los clientes.
Cerca de 200 compradores “por acopio” de materiales de construcción, representados por Carlos Nayi, fueron los damnificados.
La falsedad ideológica
En el tercer hecho descripto por Gavier, hay dos partícipes principales, según el fiscal: el empresario Michan y el escribano Ahumada, más la intermediaria Erika Aguilera.
Gavier les reprocha la adulteración de documentos para la comercialización de inmuebles. Según la investigación, se consignaron datos presuntamente falsos en escrituras públicas para ocultar bienes de Rovi al concurso preventivo y así perjudicar a los acreedores.
En concreto, se trató del traspaso de una cochera adquirida finalmente por Michan.
Esto significa que habrían colaborado para crear documentos que, sin ser materialmente falsos, contienen información que no es verídica, con la intención de encubrir las maniobras fraudulentas. La rúbrica del notario Ahumada en estas escrituras es un elemento central en la acusación.
El escribano Ahumada se opuso a los hechos y discutió la prueba, Aguilera pidió una suspensión del juicio a prueba (una probation), mientras que Michan reconoce los hechos de la acusación y pide un juicio abreviado.
Michan es un empresario del rubro desarrollista, apoderado de YMK SA, una empresa vinculada a la administración de centros comerciales y de shoppings, entre ellos Patio Olmos.
Rechazo a planteo
El juez Peralta rechazó el planteo de Ahumada y le contestó que la acusación de Gavier lo había explicado en los siguientes términos: “Ahumada no fue un tercero engañado o usado, sino que se puso de acuerdo previamente con Juan Michan y con Erika Aguilera. El escribano asesoró a Michan sobre la manera o el modo de otorgar la escritura del bien perteneciente a Rovi SA, evitando su propia responsabilidad, y la ilegítima manera que lo hizo fue orquestando primero una cesión fechada de modo falaz con anterioridad a la presentación concursal realizada entre Rovi SA y Erika Aguilera, sin intervención notarial, y luego otra en la fecha en que Rovi decidió disponer del bien porque se presentó un interesado, para inmediatamente después otorgar, con su intervención notarial, la escritura pública al único y verdadero adquiriente del bien, Fernando Ramallo“.
Peralta, citando a Gavier, indica: “Esto demuestra que su intervención (de Ahumada) no fue inocente ni meramente técnica, sino parte esencial del ardid para dar aparente legalidad a un acto ilícito. Es decir, tuvo conocimiento del contexto y del objetivo fraudulento”. Añade el juez: “Ahumada conocía la situación jurídica de Rovi SA, el concurso abierto y la existencia de restricciones legales. Aun así, intervino activamente para ocultar estas condiciones mediante una cesión entre Rovi SA y Aguilera antedatada, lo que deja en evidencia su intención de contribuir al fraude”.
