Los 13 condenados por falsedades ideológicas y estafas en torno a terrenos del fisco provincial ubicados en la margen norte del Suquía –barrio General Paz– eludieron todo tipo de consulta al expediente de expropiación que estaba en la Dirección de Hidráulica y realizaron maniobras en otras dependencias públicas para fraguar títulos. Pero, además, según la sentencia, quienes plasmaron la maniobra ocultaron a los compradores estafados que esos predios habían pasado al dominio público.
Este jueves se emitieron los fundamentos –en 2.122 páginas– de la causa “Ahumada”, como señala su carátula, o “Torres del río” o “Trebucq”, como se la denominó popularmente. La sentencia de la mayoría de la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba explica todos los pasos que a lo largo de años se concretaron para ocultar la expropiación que el Estado provincial había concretado en terrenos que originalmente pertenecían a la firma Bergallo y Pastrone. Los fundamentos dan pormenorizados detalles de todos los trámites, para dar por probado que la expropiación se perfeccionó, más allá de algunas dudas que los acusados sostuvieron durante el debate. Uno y varios hechos que realizaron los dueños de la firma y sus sucesores concretan un unívoco resultado: sabían que los terrenos eran de dominio público.
La sentencia conocida el pasado 14 de junio determinó condenas de seis años y 10 meses de prisión para el escribano Lucrecio “Pico” Lanza Castelli, el empresario Gustavo Trebucq y los abogados Alejandro Damia y Ernesto Blanco. En la gran mayoría de los casos, las condenas son por falsedad ideológica reiterada y por estafas reiteradas. El escribano Daniel Eduardo Ahumada recibió cuatro años y ocho meses de prisión. Su colega Roberto Francisco Luis Brussa, cuatro años y medio de prisión. En cambio, el escribano Esteban Ferrer Frontera terminó con una pena de tres años y dos meses de prisión. Las otras condenas fueron para Gustavo Miguel Roca Feigin (cinco años), la funcionaria de Catastro Celia Victoria Altamirano Ahumada (cuatro años y ocho meses), Juan Manuel Rocha Fernández (tres años y ocho meses), Roberto Crossetti (tres años y seis meses). En suspenso, fueron condenados Carmen Graciela Chacón (tres años) y Ricardo Pacífico Noé (un año y medio).
Las condenas respondieron a la acusación que formularon en el juicio los fiscales Raúl Garzón (instructor) y Laura Battistelli.
Para probar la expropiación
En mayoría, los vocales Juan José Rojas Moresi y Mario Centeno (con disidencia de Carlos Palacio Laje) repasan lo que sucedió durante años con relación a los predios que contenían varios lotes, uno de los cuales fue vendido a la firma damnificada, View SA, por U$S 4,1 millones.
Por empezar, se indica que tras la expropiación a comienzos de la década de ‘50 la firma Bergallo y Pastrone (ByP) inicia trámite administrativo para cobrar la indemnización por la cesión de terrenos. Reclaman el dinero y reconocen que la Provincia ocupa las tierras para la sistematización del río.
En el Registro de la Propiedad figuraba como límite de esa propiedad la costa del Suquía. Sabido es que la tierra que colinda con un curso de agua, si quiere usarse, es materia de la Dirección de Hidráulica para otorgar todo tipo de autorización sobre su uso.
Se señala en la sentencia que los principales autores de la maniobra nunca fueron a Hidráulica, donde sí constaba que había sido expropiado. Eran terrenos al lado del río y nunca hicieron consultas allí.
Al demorarse el trámite administrativo, los abogados de ByP dejaron sin efecto esa gestión e iniciaron un juicio de “expropiación inversa”, también por el dinero y reconociendo que la Provincia tenía la posesión.
Siempre según esta sentencia, a mediados de los ‘50 un juzgado civil y comercial (en esos momentos había muy pocos en Córdoba) hizo lugar a la indemnización y fijó un monto, señalando que la posesión estaba a cargo de la Provincia. Después, los expropiados apelaron (por el monto) y una cámara les fijó una indemnización superior. La sentencia fue ejecutada por los demandantes y quedó firme. Esto, para el tribunal, demuestra que la expropiación se concretó y quedó claro que era para uso de Hidráulica.
Años más tarde, ByP realiza un movimiento societario y transforma su razón social, de sociedad de responsabilidad limitada (SRL) a sociedad anónima, comercial e industrial (Saci), y allí su presidente Santiago Bergallo Yofre y su vice Francisco Pastrone no formulan reclamo alguno sobre el pago de la expropiación, algo que los acusados señalaban que no se había concretado.
En el juicio, un notable abogado que ofició de testigo respondió a la posibilidad sobre alguien que tiene una sentencia firme y no la cobra. Palabras más, palabras menos, dijo: “O es un marciano o la cobró”.
En 17 años, esas autoridades no hicieron reclamo administrativo, acción judicial ni gestión alguna por esos terrenos que ya no les pertenecían. Para el tribunal, la expropiación “se perfeccionó”, algo que las defensas negaron durante el juicio.
La principal disidencia de Palacio Laje es precisamente en este punto. Considera que no se probó el pago de la indemnización por la expropiación. El novel integrante de la cámara entiende que no se llegó a la certeza que requiere esta etapa del proceso.
En esa transformación societaria, ByP presenta como único bien su conocido inmueble sobre calle Rivadavia, en el macrocentro de Córdoba. Los lotes “brillan por su ausencia”, dice la sentencia.
En 1994, ByP pide un crédito al Banco Provincia y pone como garantía (hipoteca) ese inmueble de la sede. En 2001, José Abel Salomón, entonces titular de la firma, refinancia ese préstamo y pone una fianza personal y el mismo inmueble.
Vuelta atrás
En varias ocasiones, ByP recibió sendas notificaciones en 1996, 1998, 1999 y 2001 para que abonara impuestos y servicios de los predios expropiados: dos de la Municipalidad, una de rentas y una de Aguas Cordobesas.
Se dice que Salomón (hoy fallecido) respondió que esos terrenos no eran de la sociedad, que habían sido expropiados por la Provincia, y mencionaba a Hidráulica como el destinatario de la acción. Pero los funcionarios municipales no respondieron a lo que Salomón pedía, modificar la situación en el Registro, y siguieron reclamando las tasas.
A partir de ello, desde 2002 Salomón comenzó a pagar los impuestos y luego se sucedieron maniobras de simulación de transferencias a familiares, que a su vez eran inscriptas en el Registro. Luego apareció un comprador, un grupo liderado por José Luis Ramos, ligado a Arcor.
Ramos –exministro de Obras Públicas– terminó “estafado” y, gracias a los escribanos Gustavo Colomer y Alicia Butalla, logró que le devolvieran la seña que había pagado.
Maniobra final
Según la sentencia, luego se produce una serie de maniobras de falsedad ideológica en títulos por maniobras con asesoramiento de los abogados Blanco y Damia, con ayuda de varios escribanos, en sucesivas etapas. Brussa omitió el primer testimonio del terreno, Ferrer Frontera dio legalidad a planos, Ahumada hizo un estudio de títulos que omitió una anotación marginal donde constaba la expropiación y sus datos, lo que fue rematado por “Pico” Lanza Castelli, que concluyó la maniobra “notarial” transfiriendo las tierras de la firma “fantasma” Concase a Trebucq, y de este a los estafados View.
En su penúltima palabra en el juicio, el damnificado José Romero Victorica, representante legal de View, señaló: “En marzo de 2012 adquirimos un inmueble en 4.100.000 (dólares), todo fue posible por la confianza depositada en Lucrecio Lanza Castelli. Le pedí que me cuidara a mí y a mi madre. Si hubiese sabido del juicio de expropiación, nunca hubiéramos comprado. Me duele mucho que lo ocultara. Si hubiese escuchado la palabra expropiación, no hubiésemos comprado. Estamos sin la plata, sin los lotes y con nuestra confianza engañada”.
Las palabras fueron pronunciadas días después de la muerte de su madre, quien estuvo esperando justicia hasta el último de sus días.
Lo que menciona Romero Victorica tiene que ver con la segunda gran conclusión de la sentencia: que más allá de probarse la expropiación, los vendedores ocultaron esa condición de las tierras para estafar a los compradores. Esta maniobra no tuvo nada que ver con la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad. El ocultamiento era necesario para el ardid engañoso.
