El juicio a 12 acusados de asociación ilícita dedicada a realizar estafas reiteradas con la falsa moneda One Coin terminó con la confesión de la gran mayoría de ellos (menos uno), con el acuerdo de juicios abreviados por penas ligeramente reducidas y, en algunos casos, con el pago de resarcimiento a las víctimas.
En el debate que se realiza en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, el pasado lunes se realizó una audiencia en la que el tribunal leyó los acuerdos alcanzados entre los fiscales Enrique Gavier y Fernando López Villagra y los defensores.
Se conoció que casi todos los acusados depositaron dinero en una cuenta judicial –pesos o dólares, según los casos– para reparar, en parte, los daños y perjuicios causados a las víctimas, que deberían atender las demandas civiles dentro de este proceso penal.
De este modo, se plasmaron los siguientes entendimientos con los acusados, la mayoría de los cuales ya cumplieron tres años de prisión preventiva:
- El locutor Edgar Moreno (55) depositó $ 11 millones y recibió una pena acordada con los acusadores de seis años y 11 meses de prisión.
- Ricardo Beretta (55) depositó U$S 14 mil, con entendimiento de pena de siete años.
- El licenciado en hotelería Alejandro Taylor (54, aún detenido) no ofreció ni depositó monto alguno, por lo que recibió más pena que el resto: nueve años de prisión.
- Ariel Eduardo Morasut (47) depositó $ 30 millones, con condena acordada de seis años y 11 meses.
- Mariana Noel López (44) tampoco ofreció dinero y recibió un acuerdo de tres años y 11 meses.
- El venezolano Manuel Peralta Guevara (65, aún detenido) depositó U$S 1.000, con acuerdo de ocho años de encierro.
- Andrés Matías “Gato” López (42, hermano de Mariana) depositó un millón de pesos, con pena de seis años y medio de prisión.
- Aldo Javier Leguizamón (57) depositó 12 mil dólares, con lo que consiguió una pena acordada de tres años de ejecución condicional.
- Nancy Díaz (66) depositó U$S 5 mil, con acuerdo de tres años en suspenso.
- La martillera Mónica Gabriela Blasco (58) depositó U$S 6 mil, con condena de seis años y seis meses de prisión.
- Daniel “Pupi” Cornaglia (45) depositó U$S 14.700, con pena acordada de seis años y medio.
Queda aparte de este grupo, pero está en negociaciones con los acusadores, el imputado Adolfo Gustavo “Cachorro” Amuchástegui (73).
No ofreció dinero ni efectuó ningún depósito.
En la próxima audiencia del 22 de diciembre, terminará por definir su situación procesal para vislumbrar si también accede a un acuerdo de juicio abreviado. Su defensor Sebastián Becerra está en negociación con el Ministerio Público Fiscal.
Pedido de disculpas a las víctimas
La gran mayoría de los acusados reconocieron los hechos y pidieron disculpas a las víctimas, con lo que el desarrollo del debate estaría prácticamente resuelto.
Sólo quedaría definir la situación de Amuchástegui, quien acordaría también un abreviado.
Quedó fuera de este juicio el imputado “13″, Hernán Gabriel Pizarro (54), quien recurrió en casación a dos fallos de cámaras y espera ambas respuestas del Tribunal Superior de Justicia.
Por la acusación de miembro de la asociación ilícita, pidió una probation que la Cámara 10ª se la rechazó; por (cuatro) estafas reiteradas, discute la elevación a juicio que dispuso la Cámara de Acusación.
El juicio es llevado adelante por los jueces Juan José Rojas Moresi, Carlos Palacio Laje y Alfredo Villegas.
La criptomoneda falsa fue creada por la búlgara Ruja Ignatova (hoy desaparecida), quien defraudó a decenas de miles de personas en numerosos países.
La conexión en Argentina estuvo a cargo de este grupo, liderado por Taylor, por Peralta Guevara y por Amuchástegui, según la causa.
No paga para salir antes
Volviendo al juicio, hay una situación llamativa: prácticamente el único imputado que hasta el momento no ofreció reparar a sus víctimas es uno de los principales acusados, Alejandro Taylor, quien todavía está detenido debido a que no integró la fianza de U$S 250 mil que se le impuso, como sí lo hicieron los otros acusados.
En el debate mencionó tener un patrimonio de varios millones de dólares, haber pasado gran parte de su vida viajando y haber tenido un lote de 12 autos de alta gama, entre ellos dos Ferrari, dos Porsche y otros bienes de valor elevado.
El querellante que asiste a una de las víctimas, Pedro Despouy Santoro, reflexionó: “Esta persona pudo haber recibido una rebaja de pena como el resto de los acusados, pero prefirió no ceder algo de su patrimonio, por lo que terminó admitiendo los nueve años de prisión que pidió la fiscalía para él”.
“Esa decisión –agregó el penalista– revela algo más profundo que una simple estrategia procesal: muestra una postura personal, casi identitaria, frente a la responsabilidad y frente al dinero: prefirió perder más libertad antes que desprenderse de un bien material. En términos humanos, jurídicos y éticos, esa elección dice mucho más que una condena escrita en una sentencia. Es el retrato exacto de sus prioridades”.
Taylor es asistido por los abogados Felipe Revol Medrano y Juan Pablo Ocaño, quienes relativizaron esta situación.
Explicaron que, por estar detenido, residir en el exterior (Brasil) y no contar con familiares en Argentina, indica que no puede ofrecer bienes y que, además, su cliente les dijo que perdió el acceso a las cuentas de criptomonedas que tenía.
Añadió Revol Medrano que aspiran a que Taylor obtenga un pronto cese de prisión, ya sea porque el 1º de enero se cumplen cinco años de prisión preventiva (tres de una anterior y dos de la actual cautelar), o bien por la misma pena que está acordando en este juicio.
El cálculo que hacen los defensores de Taylor es que, con cinco años de preventiva cumplidos, los nueve de prisión que le corresponderían como condena lo habilitarían a pedir la libertad condicional a los seis años de encierro.
De este modo, los abogados entienden que le restaría sólo un año de cumplimiento de prisión, lo que puede ser inferior teniendo en cuenta el estímulo educativo, los cursos que realizó en la cárcel, que descontarían buena parte de esos 12 meses que le restarían.
Tal vez esto último tenga que ver con la falta de “necesidad” de que Taylor debiera ceder su patrimonio a fin de evitar seguir encerrado. Al final de cuentas, no le quedaría tanto para recuperar la libertad.
