El fiscal federal Maximiliano Hairabedian inició una investigación penal por presuntos delitos que habrían puesto en peligro la integridad y conservación de la Estancia de Jesús María, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2000.
La investigación, que surge de una denuncia del fiscal de Estado de Córdoba, Jorge Eduardo Córdoba, y el procurador del Tesoro de la Nación, Mariano Andruet, se centra en dos hechos principales: la realización de una fiesta electrónica masiva y la construcción de una cancha de fútbol dentro del área de máxima protección cultural del museo.
El director de la Estancia Jesuítica de Jesús María, Carlos Alberto Ferreyra, historiador y museólogo, fue imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y daño calificado por ejecutarse en un museo.
Sin embargo, al menos hasta este lunes, Hairabedian aclaró que el director sigue ocupando su cargo como funcionario nacional.
Además de Ferreyra, están imputados como partícipes necesarios los empresarios Gustavo Agustín Cadamuro, Mariano Miretti y Carlos Daniel Garrido.
Fiesta electrónica sin autorización
En diálogo con La Voz En Vivo, Hairabedian detalló que unas 2.000 personas asistieron a la fiesta electrónica que no estaba habilitada.
“La fiesta que sucedió a comienzos de este año tenía gran publicidad. Se denominaban fiestas de fin de año, pero la que origina la causa es del 4 de enero”, subrayó.
Según el fiscal, Ferreyra había pedido autorización a la Nación, pero ya había tenido una negativa de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para autorizar dichos eventos.
“Recordemos que las Estancias Jesuíticas están incorporadas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y son monumentos nacionales protegidos”, explicó.
Y añadió: “Es decir que están bastantes reguladas por ley y los directores son los encargados de velar para que tengan la conservación adecuada de este status”.
Además, remarcó que los organizadores habían solicitado los permisos municipales, a Bomberos, policías adicionales, pero este tipo de autorizaciones tienen que ver con las fiestas y no con la autorización para el uso del patrimonio.
Por el momento, el letrado, dijo que por el momento no se pudo constatar daños concretos pero si el peligro de daño.
“Constatamos el peligro de daño, pero no daños concretos”, indicó.
También sostuvo que partes de las medidas de la investigación tienen que ver los movimientos de dinero, “para saber quienes son beneficiarios y de qué manera”.
Y confirmó que Ferreyra aún mantiene su cargo.
Sobre el hecho
Uno de los principales puntos de la investigación es la fiesta nocturna denominada “Año nuevo en el Museo”, que se llevó a cabo el 4 de enero de 2025, con una asistencia estimada de dos mil personas.
Según la fiscalía, Ferreyra habría autorizado este evento en el predio histórico entre el 19 de diciembre de 2024 y el 4 de enero de 2025, a pesar de que la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMLBH) rechazó explícitamente el pedido para su realización.
El fiscal Hairabedian sostuvo que el evento se desarrolló en una “zona roja”, considerada de altísima protección por su valor arqueológico, cultural e histórico, e incumplió leyes de preservación del patrimonio como la 12.665, 21.836 y 25.743.
Para la fiscalía, esta fiesta no solo benefició económicamente a los organizadores, sino que también puso “en riesgo el patrimonio arqueológico, cultural, histórico y natural” del Museo Estancia Jesús María, lo que podría incluso peligrar la declaración de Patrimonio de la Humanidad para todas las estancias y manzanas jesuíticas de la provincia.
Los empresarios imputados se habrían encargado de gestionar permisos municipales, como el decreto 663/2024 de la Municipalidad de Jesús María, así como los servicios de Bomberos, Policía de la Provincia, emergencias médicas y seguros. También se comprobó la comercialización de entradas y la publicidad del evento en redes sociales.
Por su parte, la defensa de Ferreyra argumenta que la directora de la Comisión Nacional de Museos (CNM), su jefa directa, sí autorizó la fiesta e incluso lo felicitó por procurar recursos en un momento de recortes de partidas.
La defensa considera que la objeción de la CNMLBH no es válida, ya que ese ente fue disuelto, a diferencia de la CNM. Además, la defensa asegura que no hubo ningún daño y que los fondos obtenidos sirvieron para realizar reparaciones y mantenimiento que, de otra manera, no se habrían podido llevar a cabo.
Cancha de fútbol en zona de máxima protección
El segundo hecho bajo investigación es la supuesta autorización de Ferreyra para la construcción de una cancha de fútbol dentro de la “zona roja” de la Estancia, área considerada de máxima protección patrimonial.
El fiscal Hairabedian enfatizó que Ferreyra, al haber sido designado por concurso por sus conocimientos en la materia, no podría alegar desconocimiento de las normativas, y su accionar habría dañado la integridad material del patrimonio Nacional y Universal.
Sin embargo, la defensa de Ferreyra aportó a la causa que el convenio para esta cancha de fútbol existe desde 2023, fue autorizado por la Comisión Nacional de Museos y no había recibido objeción alguna hasta el momento de la denuncia.
La investigación continúa para determinar las responsabilidades y las posibles consecuencias legales de estos hechos que, según la acusación, amenazan un sitio clave del patrimonio cultural y natural de la humanidad.
