Una muy interesante controversia judicial se está trabando entre los fueros provincial y federal de Córdoba con la causa de los “sanadores egipcios”. Mientras en diversas instancias de la Justicia doméstica ratifican las actuaciones con prisión preventiva y elevación a juicio de 11 imputados como miembros de una asociación ilícita que ejercía ilegalmente la psicología, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja estaría por pedir la inhibición de la Fiscalía de Villa Cura Brochero por entender que la mayoría de los miembros son víctimas de trata.
La causa se abrió en abril pasado, cuando la fiscal de esa ciudad de Traslasierra, Analía Gallarato, detuvo a 11 personas y luego las imputó por estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la psicología, entre otros delitos. La investigación dio cuenta de una organización que tenía como sede una finca en el paraje cercano Pozos Azules, una propiedad del líder de la organización, el psicólogo uruguayo Álvaro Juan Aparicio Díaz, quien se hacía llamar “Licenciado Sahú Ari Merek” y practicaba “sanación” con “sabiduría egipcia ancestral”.
Díaz está acusado junto con su esposa, Laura Carolina Cannes, de ser los líderes de la asociación ilícita que habría despojado de dinero y de bienes a varios denunciantes, mientras que el resto de los imputados, en su mayoría mujeres, están señalados como miembros de esa organización delictiva. También en la acusación hay imputados por abuso sexual.
Además del matrimonio de “organizadores”, están imputadas como “miembros” y ahora detenidas con prisión preventiva confirmada hace pocos días por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje las siguientes personas: Laura Carolina Altamirano, Noelia Elizabeth López, Liliana Cristina Dariomerlo, Verónica Gabriela Floridia, Alejandra Gabriela García, Flavia Noelia Stefanich, Maximiliano Iciksonas, Claudio Andrés Urtiaga y Liliana Cristina Marcial.
Días después de esa decisión, Gallarato elevó a juicio el expediente, lo que provocó la reacción de varios defensores que aguardaban varios peritajes –ordenados por la fiscal– para determinar el estado mental de varios acusados, según ellos, afectados por el accionar del maestro “Merek”.
Pero desde el año pasado, varios de los abogados del grupo de “miembros” de la supuesta asociación ilícita comenzaron a introducir la idea de que en realidad sus defendidos eran damnificados de una secta liderada por Díaz y, particularmente, víctimas de trata de personas. Al entender que ese es un delito federal, comenzaron a hacer presentaciones en la torre del parque Sarmiento para que la causa cambiara de jurisdicción.
Los abogados Carlos Hairabedian y Miguel Juárez Villanueva –por Altamirano– y Mario Ponce –por Dariomerlo– y otros letrados como Lucas de Olmos iniciaron el pedido de inhibición ante el juez federal Vaca Narvaja, quien podría tomar la decisión “positiva” en las próximas horas, según confiaron fuentes de la Justicia federal.
Terapia de alienación
Al igual que algunos denunciantes, varios miembros del grupo denuncian que sufrieron las prácticas del maestro “Merek”. Indican que comenzaron como pacientes del consultorio psicológico en la ciudad de Córdoba y que luego empezaron a asistir a cursos “pagos” en distintos hoteles, durante varias horas y en sucesivos sábados.
Pronto comenzaron a notar que eran enfrentados con sus familias y que debían romper esos vínculos, para pasar a depender del terapeuta que comenzaba a ejercer cada vez más control sobre sus vidas. También hicieron varios viajes a Egipto para afianzar la sanación, los que debían pagar a razón de 2.500 dólares.
Al iniciar la pandemia, según el relato de varios damnificados, Díaz concretó un cambio de vida. Se trasladaron a un campo cercano a Villa Cura Brochero y allí comenzaron a trabajar la tierra, de lunes a lunes, de 9 a 18, sin descansos y sin remuneración.
Además de haberles hecho transferir bienes y fuertes sumas de dinero –siempre según los relatos de la causa–, el psicólogo les cobraba por darles el título de “maestro”, por “bautizarlos” con nombre egipcio y por otras prácticas.
El líder de la organización pronto terminó rodeado de mujeres a las cuales había logrado dominar por la sugestión y algunos hombres debían admitir eso, aun con sus parejas.
Puede terminar en la Corte
Las decisiones de la Cámara de Cruz del Eje a favor de la prisión preventiva del grupo de integrantes de la organización y la elevación a juicio de la fiscal serán cuestionadas por los defensores, según anticiparon a La Voz.
Pero en el inicio de la semana entrante, se espera una novedad que podría cambiar todo en la causa. El juez federal Vaca Narvaja puede pedir que la Justicia provincial se inhiba de actuar y que el expediente pase a su jurisdicción porque considera que el grueso de los imputados son víctimas de trata de personas.
El penalista Carlos Hairabedian comentó: “Díaz y su mujer sometieron a estas personas, que estarían eximidos de responsabilidad penal por ser víctimas de trata”.
Si esto ocurre, lo más probable es que desde la Provincia se resista esa decisión y, por tanto, el diferendo debe zanjarse nada menos que ante la Corte Suprema de Justicia.
Pero, mientras la Corte se tome su tiempo para decidir, surge una pregunta: ¿qué sucederá mientras tanto, con las prisiones preventivas y la elevación a juicio? Lo más probable es que las defensas deban seguir oponiéndose a esas decisiones en el fuero provincial.
Antecedente en Mar del Plata
Hairabedian y Juárez Villanueva se valen de un antecedente muy concreto de trata en Mar del Plata. Allí, la Justicia federal condenó a 24 años y medio de prisión al líder de una secta religiosa, Isaías Nelson Hurtado, y a su esposa, Soledad Padilla, a 10 años de prisión.
El fiscal Juan Manuel Pettigiani destacó cómo la religión “mal entendida” puede implicar el delito de trata de personas y “la importancia de escuchar a las víctimas durante el debate”.
El acusador destacó el “cambio de paradigma que hoy está viviendo el derecho penal de lograr una sentencia contra un culpable, a pasar a escuchar a la víctima”.
“Las víctimas fueron escuchadas por el tribunal como hace tiempo no ocurría y entiendo que es una sentencia que intenta, tarde, poner las cosas en su lugar”, señaló el fiscal.
