Una frenética jornada se vivió este viernes en el fuero Penal de Córdoba al cumplirse desde primera hora una serie de allanamientos que incluyeron la intervención de los domicilios y los estudios jurídicos de cuatro abogados del fuero local, uno de los cuales quedó detenido y los otros tres sufrieron el secuestro de elementos de prueba, incluidos sus teléfonos celulares. Los operativos se dieron en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en la cárcel de Bouwer.
Escenas de nerviosismo y hasta un desmayo fueron el correlato de la sorpresa que provocó la intervención de los efectivos policiales en esos destinos.
El fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno Enrique Gavier se decidió a profundizar lo que ya había iniciado el 7 de setiembre con la detención de uno de los subdirectores de ese penal, suprefecto Sergio Alejandro Guzmán, el abogado penalista Alfredo Ciocca y el militante político Ramón Alberto Salas, en la causa que investiga posibles desmanejos en el Establecimiento Penitenciario N° 1 Francisco Lucchese, de Bouwer, ubicado al sur de la Capital.
En el amanecer del último día de la semana judicial, Gavier ordenó allanar las casas y los estudios jurídicos de cuatro abogados que litigan habitualmente en Tribunales 2. Ellos son Julio Páez –que además quedó detenido–, Mónica Picco, Gustavo Murga y Miguel Juárez Villanueva. A los tres se les secuestró información de esos lugares y se les incautaron sus respectivos teléfonos personales.
No es necesario aclarar que estos tres últimos letrados no han sufrido reproche penal alguno y que el secuestro de sus celulares es para profundizar la prueba. Se aclaró que, si bien fueron allanados, por el momento no existen cargos para ellos.
Durante las últimas semanas se habló con insistencia en Tribunales 2 respecto de lo que podía surgir de los teléfonos y de lo que se les había secuestrado a los tres primeros detenidos a comienzos de septiembre. Los diálogos que podían haber tenido los detenidos en las últimas semanas antes de ser privados de la libertad, en particular el subprefecto Guzmán, no dejaron dormir tranquilos a algunos letrados.
Guzmán era un funcionario que tenía activo contacto con los defensores que debían ir a la cárcel de Bouwer para asistir a sus clientes. Pero la vinculación de este penitenciario con la causa tuvo mucho que ver con otro penal, no el de Bouwer, sino el de Cruz del Eje, donde el penitenciario había sido máxima autoridad. El fiscal Gavier hacía meses que había puesto los ojos en esa cárcel donde se venían cometiendo decenas de estafas telefónicas.
Dos detenidos más
Continuando con los procedimientos de este viernes, a primera hora también se conoció que quedó detenido un “particular”, Aldo Campos, quien habría actuado como “intermediario”, el mismo rol que se le asignaría a Salas. A él se le practicó el noveno allanamiento.
Al igual que al abogado Páez y a los tres primeros detenidos el 7 de setiembre, a todos se les reprocha el delito de integrantes de “asociación ilícita”.
Pero, por la tarde, se informaría de fuentes relacionadas con la causa del resultado del 10° allanamiento, vinculado con el domicilio del sargento de la Policía provincial Mauricio Agüero, quien es integrante de la Brigada de Investigaciones de Bell Ville. A él se le imputan los delitos de asociación ilícita y encubrimiento.
Sin embargo, este detenido no está relacionado con la “causa de Bouwer” sino con la de la cárcel de Villa María, donde Gavier también efectuó a mediados de mes allanamientos para desarticular un call center tumbero, con 20 imputados, entre ellos tres penitenciarios detenidos: el director del Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, Andrés Américo Aciar (45); el subjefe de Operaciones de ese presidio, Edgar Ezequiel Arroyo (40); y el jefe de Seguridad, Néstor Gómez (40).
Como si eso fuera poco, una semana después, se conoció otro escándalo que conmovió al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Pasaron a situación pasiva al director de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) Julio Heredia por brindarle trato preferencial al exsubdirector de Bouwer Sergio Guzmán, alojado allí.
Se explicó desde esferas oficiales que Guzmán recibía “beneficios y tratos preferenciales” en la UCA (la Alcaidía): salía de su celda, iba al consultorio y desayunaba con el jefe del establecimiento; todas situaciones irregulares para cualquier preso.
La indagatoria puede esperar
Mientras los primeros tres detenidos –Guzmán, Ciocca y Salas– siguen en Bouwer, sin ser indagados, el fiscal se toma su tiempo y decide avanzar en otros procedimientos para ampliar la plataforma acusatoria.
Ya son varios los procedimientos extra que Gavier agregó tras esa primera incursión y después de los allanamientos de este viernes ya tiene cinco detenidos en esta causa, con prueba de teléfonos, computadoras y documental que sigue sumando. Los teléfonos de los abogados que fueron allanados en esta última ocasión también se suman a la búsqueda de elementos de prueba.
El hermetismo en la causa es casi absoluto y sólo se emiten algunos comunicados escuetos para dar cuenta de las detenciones.
Mientras tanto, como saldo de estas intervenciones, da la impresión de que Gavier está “ampliando las acusaciones”: a la mayor cantidad de eventuales responsables y a las responsabilidades que eventualmente pudiera reprocharles.
