La causa sobre irregularidades en torno a la financiera Cordubensis (CBI) sigue dando novedades, en sus diferentes versiones. Con un juicio con condenas en 2019 y el segundo proceso oral y público previsto para el próximo 1 de noviembre, se conoció que el imputado Darío José Ramonda (41) fue sobreseído por el juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, por los cargos de “asociación ilícita” e “intermediación financiera no autorizada agravada”.
Darío José Ramonda es hijo de Darío Onofre Ramonda y ambos forman parte de la concesionaria de automóviles Centro Motor que tenía relaciones con CBI en depósitos de dinero cuyo titular, Eduardo Rodrigo, y sus socios, habrían utilizado para realizar préstamos a particulares.
Junto a Rodrigo, los socios de CBI y otros imputados, Darío Onofre Ramonda fue condenado en el primer juicio, también llamado “CBI 1″. A ese proceso oral no ingresó Darío José, por falta de mérito a partir de una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones.
Con la defensa del penalista Manuel de Allende, ahora esa “falta de mérito” se perfecciona para Darío José Ramonda porque el juez Vaca Narvaja le dictó la falta de mérito para las dos acusaciones que habían quedado pendientes de la causa “CBI 1″. Tras haberse incorporado la prueba tras la falta de mérito, el magistrado encontró que el hijo de Ramonda no tuvo “participación” en la asociación ilícita.
Respecto de la intermediación financiera, el mero paso del tiempo (más de cuatro años) desde la indagatoria determinó que ese delito esté prescripto, por lo que corresponde el sobreseimiento.
Ahora, con este antecedente, Ramonda hijo debe entrar al juicio CBI 2 que tiene fecha de inicio el 1 de noviembre próximo en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2). Su situación, al no formar parte de la asociación ilícita se ve más aliviada con relación a los “delitos” secundarios. A modo de ejemplo, si no está incriminado por la asociación ilícita o la intermediación financiera, mal puede ser responsabilizado de los delitos como lavado. Si el precedente no existe, el peso acusatorio sobre el consecuente se debilita.
Lo que se viene: CBI 2
En ese segundo juicio deben ventilarse otros hechos diferentes a los del primer juicio. En este debate se analizará la asociación ilícita, como así también la participación de Centro Motor en maniobras de lavado a través de CBI, la financiera Yacopini Inversora (de Mendoza) y los descuentos de cheques de la mutual nacional Osecac que hacía el contador Javier Fernando Guevara Amado.
Deben concurrir al banquillo de los acusados Rodrigo y sus socios de la financiera que se derrumbó en febrero de 2014 -Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Antonio Tissera y Oscar Américo Altamirano-, los empresarios Darío Onofre y su hijo Darío José Ramonda, Luis de los Santos y Alejandro Miguel Yacopini responden por lavado de activos, mientras que a Guevara se le agrega a eso la intermediación financiera. Esos supuestos delitos están contenidos en los hechos 1, 3 y 4 del expediente elevado a juicio por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Afuera de este juicio quedó el hecho 2 luego de que la Cámara Nacional de Casación -por mayoría- dictara en julio último la “excepción de falta de acción” en el tramo que analiza el cobro del transporte urbano municipal que Siemens IT concesionó a través de la UTE que conformaban CBI y la firma Rivelux.
Con relación a la fecha de inicio de este próximo debate, podría sufrir interrupción debido a que varias de las partes anticiparon que presentaron recursos.
Primer juicio
El primer juicio -CBI 1- dictó condenas en 2019, revisadas también en julio por Casación Penal, confirmando las acusaciones del fiscal Carlos Gonella.
El tribunal de alzada “dio vuelta” la absolución del delito de asociación ilícita por el cual Rodrigo y sus socios estaban acusados y habían recibido el perdón del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba, con disidencia del vocal Jaime Díaz Gavier. Esto genera un recálculo de penas.
El otro “éxito” de Gonella es que le confirmaron la condena por “intermediación financiera no autorizada”, la primera del país que él pidió para ese delito tipificado desde 2012.
