El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba, que dictó condenas en el primer juicio de la causa por irregularidades en torno a la financiera Cordubensis (CBI), sobreseyó por prescripción de la acción penal al empresario Darío Onofre Ramonda.
Ramonda y su hijo Darío José están siendo juzgados en el segundo debate que se desarrolla en el mismo tribunal, aunque con diferente integración. También participan de este juicio –conocido como CBI 2– otros ocho acusados, entre ellos, el líder de la financiera, Eduardo Rodrigo, y quienes eran sus socios.
Darío Onofre Ramonda fue condenado en junio de 2019 a tres años de prisión en suspenso por el delito de intermediación financiera no autorizada, más multa de $ 15 millones. Si bien esa sentencia no está firme, porque está recurrida en instancias superiores, los abogados del empresario de la concesionaria Centro Motor –Darío Vezzaro y Marcos Daher– presentaron un pedido de sobreseimiento por extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo.
El TOF2, que en ese primer juicio estuvo integrado por José Fabián Asís, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, analizó la presentación y coincidió con el planteo. Determinó que la acción penal está prescripta porque ya transcurrieron cuatro años desde que se conocieron los fundamentos de esa sentencia, en septiembre de 2019. Ese es el plazo que, transcurrido, determina la prescripción de este nuevo tipo penal.
Corrida vista al fiscal general Carlos Gonella, este coincidió con la solicitud, si bien se opuso la representante del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Adriana Siri, quien entendió que la prescripción se interrumpió este año cuando se movió el expediente en la alzada (hay un “recurso horizontal” en la Cámara Federal de Casación Penal). Pero esta alternativa, en realidad, no está prevista en la legislación respectiva (artículo 67 del Código Penal).
Por eso, los vocales que integraron el TOF2 en el juicio CBI 1 –Asís, Falcucci y Díaz Gavier– se reunieron y firmaron el jueves pasado que está “extinguida la acción penal por prescripción”, por lo cual Darío Onofre Ramonda queda sobreseído en “forma total” en esta causa por el delito de “intermediación financiera no autorizada”.
A Ramonda padre le quedan pendiente la acusación por otro supuesto delito que está siendo analizado en CBI 2, el “lavado de activos”. Al caerse el delito precedente (la intermediación), la fuerza de esa acusación quedaba endeble, al tanto que en este debate se analiza la propuesta de los acusados de una reparación integral que haría extinguir la persecución. En concreto, Ramonda y los otros acusados ofrecieron un total de $ 201 millones que se destinarían al combate de incendios forestales en la provincia y a la reforestación de áreas quemadas.
Volviendo a lo resuelto en los últimos días, la prescripción por el paso del tiempo de la intermediación financiera se da luego de que el expediente tuvo cuatro años y medio de instrucción, varios meses de juicio, y que Casación Penal se tomó prácticamente otros cuatro años para resolver un recurso.
Para este nuevo delito, la hipotética pena de cuatro años de prisión puede ser una ganga para los tiempos de la Justicia.
