El exsubjefe de Policía de Córdoba y exjefe de Bomberos, Gustavo Folli Pedetta, finalmente no se opuso a la elevación a juicio, por lo que irá al banquillo de los acusados, y frente a un jurado popular, acusado de haber creado y dirigido por años una supuesta asociación ilícita integrada por bomberos, gestores, empresarios y hasta un municipal en Córdoba.
Semanas atrás, el fiscal de instrucción Guillermo González lo mandó a juicio oral y por graves cargos, junto a otros 15 imputados. Otro acusado que no se opuso a la elevación a juicio fue el excomisario mayor Sergio Sosa, amigo de Folli y también exjefe de Bomberos.
Tanto Folli como su amigo Sosa quieren ir a juicio y desistieron de cualquier recurso de oposición.
No es para nada común que un presunto jefe de una supuesta asociación ilícita allane el camino para ser juzgado y menos ante un jurado popular.
Los abogados de ambos, José D’ Antona y Marcelo Villafañe, insisten que “no hay pruebas” contra ellos. Hablan de “una orfandad de pruebas notable y preocupante”. Los letrados van más allá: en representación de Folli vienen acusando a un bombero que los denunció y hasta señalaron y reclamaron que se investigue a otros oficiales bomberos de alto rango que siguen trabajando en la actualidad. La tensión en el Departamento Bomberos no cede. Desde Seguridad defendieron a los actuales jefes y negaron cambios.
Folli y Sosa reclama ser excarcelados. Ambos siguen en la Cárcel de Bouwer en el pabellón de los policías.
Desde la fiscalía de González, al tiempo que deniegan toda clase de excarcelaciones, señalan que las pruebas, basadas en testimonios, documentales, informes periciales y análisis de comunicaciones, entre otros elementos, son contundentes y lapidarias.
Hay más: desde la sede judicial destacaron que tres de los 15 acusados “ya levantaron la mano”. Se trata de imputados que pidieron ser sometidos a un juicio abreviado. Ellos confiesan, se pacta una pena y un juez la avala.
Entre estos acusados está un “imputado colaborador”: una persona que brindó testimonio clave y contundente sobre la presunta asociación ilícita. Su identidad se guarda bajo siete llaves, por ahora.
Otros acusados, como los empresarios puntualmente, dan batalla. Se opusieron a la elevación a juicio y la causa pasó al Juzgado de Control a cargo de Laura Baralle.
A juicio por violencia de género
No menos importante en absoluto es que Folli también está acusado y deberá responder en un juicio por presuntos hechos de violencia de género en contra de una mujer, causa también instruida por el fiscal González.
Al no oponerse en la requisitoria fiscal, Folli deberá responder por los presuntos delitos de aborto, coacción y lesiones graves calificadas por el vínculo y por violencia de género.
Habilitaciones truchas y Bomberos SA
Entre 2008 y 2023, existió en Córdoba una supuesta asociación ilícita que habilitaba negocios de manera irregular en la Capital, mediante el cobro de dinero fuera del esquema legal, según la Justicia.
De acuerdo al fiscal González, la maniobra delictiva contaba con cuatro “patas”: la Dirección Bomberos de la Policía provincial, donde algunos efectivos cobraban; la Municipalidad de Córdoba, donde otros empleados colaboraban; gestores particulares, y, finalmente, empresarios inescrupulosos que, pese a tener negocios sin la debida seguridad, pagaban para poder funcionar.
A su vez, habría habido otros empleados municipales que coimeaban a negocios para que siguiesen funcionando, entre otras maniobras, pese al riesgo que significaba.
Ese montaje se vino abajo luego de la denuncia de un bombero.
La fiscalía recopiló pruebas y testimonios, avanzó y echó por tierra lo que, según la Justicia, fue una formidable maquinaria delictiva. Para el fiscal, Folli habría sido el ideólogo, creador y jefe de esa presunta banda cuando estaba al frente de Bomberos.
El grupo siguió existiendo cuando pasó a ser subjefe de Policía en 2015.
La causa fue bautizada en los Tribunales como “Bomberos SA”.
La defensa de Folli: “Queremos ir a juicio y rápido”
“Hay que decirlo: la causa tiene una orfandad de pruebas notable. No sólo que Folli y Sosa son inocentes. No hay pruebas en contra de ellos. Hay orfandad de pruebas notable”, dijo el abogado D’ Antona.
El letrado remarcó que, con “la anuencia de sus representados”, no se opuso a la elevación a juicio por lo que la requisitoria en contra de ambos quedó firme.
El defensor, al tiempo que viene insistiendo que ambos sean excarcelados, volvió a reclamar que sea imputado el bombero que denunció todo. Se trata del comisario Guillermo Giraudo, quien es parte querellante de esta causa.
Folli (a través de su abogado) viene contraatacando y apuntando de manera reiterada contra Giraudo. Reclama que no se le permita “ser querellante y sea imputado”.
Desde la fiscalía ya han desestimado en varias oportunidades a esas solicitudes.
La defensa de Folli denunció a varios altos oficiales de la Dirección Bomberos para que “sean investigados e imputados”.
Manos levantadas, oposiciones e “imputado colaborador”
Además de Folli, la fiscalía mandó a juicio a otros 15 acusados.
Bloque “bomberos jefes”. Fueron enviados a juicio los exjefes de la Dirección Bomberos Sergio Enrique Sosa y Julio Zárate, quienes reemplazaron a Folli. Están acusados por asociación ilícita y falsedad ideológica. Zárate, a su vez, está señalado por presunto cohecho, encubrimiento agravado y uso de documento público falso.
Bloque “bomberos subordinados”. En este grupo, están Eduardo Arturo Rivadero y Mónica Elizabeth Barrionuevo, quienes fueron secretarios en la Dirección Bomberos. Están acusados como presuntos miembros de asociación ilícita. En este bloque, están, a su vez, el bombero Marcos Fernando Lúquez y el oficial Leonardo Gorocito, quien trabajaba como chofer en la Subjefatura de la Policía.
Bloque ingenieros. Fueron enviados a juicio los ingenieros y gestores Félix Calama y Mario Javier García. Responden como presuntos miembros de la asociación ilícita.
Bloque empresarios. Están acusados Darío Sebastián Brasca y Natalia Vanina Brasca, responsables de la empresa Cyre SA que explota supermercados. El primero está acusado por encubrimiento agravado y uso de documento público falso reiterado; la segunda, por cohecho. También está acusado Roque Javier Olmedo, quien fue acusado por presunta asociación ilícita, cohecho, encubrimiento agravado y uso de documento público falso reiterado.
En paralelo, están acusados los empresarios Carlos Goldaracena Altamirano, Marcos Octavio Gennaro y Miguel Ángel Amil por presunto encubrimiento agravado y uso de documento público falso reiterado.
Bloque municipal. Se encuentra imputado Leandro Rodríguez, quien se desempeñó como jefe de inspectores de la Municipalidad de Córdoba. Está acusado por asociación ilícita, uso de documento público falso y falsedad ideológica.
Según trascendió, ya hay tres imputados que están gestionando juicios abreviados en la fiscalía. Esta aceptación lisa y llana de los hechos representa un fuerte respaldo para la pesquisa.
Entre estos acusados está un “imputado colaborador” de la causa.
En paralelo, trascendió que los acusados del “bloque empresarios” se opusieron a la elevación a juicio.
