Este viernes, el fiscal de Instrucción del Distrito 1, Turno 3 de Córdoba, José Mana, solicitó la elevación a juicio de los tres empleados del sanatorio Aconcagua que habrían negado ayuda a Valentino Blas Correas (17) cuando estaba agonizando tras ser baleado en un control policial.
A Fernando Gabriel Casalino, que atendió en la vereda a los amigos de Blas que pugnaban por ingresarlo a la clínica, el fiscal Mana le adjudica el delito de “abandono de persona”, mientras que a las dependientes que estaban en el interior del sanatorio -Guadalupe María Laura Moya y Paola Andrea Mezzacapo- les imputa “omisión de auxilio”.
El fiscal ya elevó a juicio la causa principal en la que están imputados el sargento 1° Lucas Gómez -señalado como el autor del disparo fatal- y un numeroso grupo de policías que estuvieron en ese retén en el que se baleó al Fiat Argo en el que viajaban los adolescentes, más aquellos uniformados que habrían participado de maniobras de encubrimiento del episodio de presunto gatillo fácil.
Además, hay un tramo del expediente que está radicado en el fuero Anticorrupción, entre quienes están imputados funcionarios policiales que permitieron que Gómez siguiera en funciones, pese a estar imputado de encubrimiento de un violador serial, por lo que recientemente fue condenado.
Ahora, Mana “cierra” la investigación del tramo “Aconcagua” y eleva el expediente a juicio, para lo que se valió de pericias médicas interdisciplinarias practicadas por el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médicas y sanitarias en Bioética perteneciente al Poder Judicial. También intervinieron dos reconocidos médicos del fuero local, propuestos como peritos por los imputados, todos avocados en búsqueda de determinar si Blas había arribado con vida al sanatorio, y en caso afirmativo, si los empleados del hospital habían tenido un grado de responsabilidad al no haberle permitido el ingreso a Blas.
Mana concluye, a través de todas las pruebas incorporadas a la causa, que “Blas no sólo arribó con vida al Sanatorio Aconcagua, sino que se retiró del lugar con signos vitales, y que en el nosocomio no se le brindó la ayuda necesaria que la ocasión ameritaba para intentar salvarle la vida”, según confiaron a La Voz fuentes relacionadas con la investigación.
Las fuentes judiciales sostienen que, a través de los videos internos del sanatorio y de distintas declaraciones de testigos, “la Fiscalía logró determinar que una amiga de Blas, de 17 años de edad, logró ingresar al interior del Sanatorio y con gritos de desesperación requirió una atención inmediata para su amigo, quien minutos antes había recibido el disparo de un arma de fuego policial”.
“Pese a los ruegos y a los llantos de la joven -indican esos voceros haciéndose eco de la elevación a juicio-, los mismos no fueron suficientes para hacerle cambiar de opinión a Casalino, quien no se hizo cargo, so pretexto de que el hecho había ocurrido en la vía pública”.
Respecto de las coimputadas Mezzacapo y Moya, el fiscal les reprocha que hayan guardado “absoluto silencio, omitiendo deliberadamente procurar cualquier tipo de auxilio inmediato para el herido”.
El relato en la elevación a juicio, se torna dramático: “Los ruegos de la joven se repitieron incesantemente, pero ninguno de los imputados modificó su actitud ni asumió responsabilidad alguna por lo que sucedía, como ser la de dar aviso de la situación, al médico jefe de guardia o a otro profesional de la salud, privando así a Blas Correa quien luchaba por su vida en ese momento, de recibir una inmediata atención médica en el lugar, o en su defecto, de ser derivado inmediatamente a otra institución de mayor complejidad para su atención”.
“Minutos de platino”
Las descripciones que hace el fiscal en su elevación a juicio sobre los “minutos de platino” que son vitales para una emergencia de este tipo, dan una idea de lo que habría pasado en el ingreso del sanatorio. Mana determina “que el empleado administrativo, de mayor antigüedad del sanatorio, Fernando Casalino, salió del interior del nosocomio, tomó contacto con Valentino Blas Correas quien se encontraba agonizando sobre la carpeta asfáltica frente al hospital, y observó la herida que este había recibido por el disparo del arma de fuego”.
“Sin embargo -amplía el fiscal-, inexplicablemente, siendo que el herido debía quedar bajo la órbita del cuidado de la Clínica, Casalino, lejos de hacerse cargo del herido para recibirlo como correspondía e ingresarlo para su atención, o al menos llamar al servicio de emergencia del 107, decidió levantarlo y cargarlo ‘como si fuera una bolsa de papas’ (según manifestaron testigos presenciales), para seguidamente introducirlo nuevamente al rodado”.
Para el acusador, Casalino se desentendió de su obligación, “haciéndolos cargo a los dos jóvenes desesperados para que se ocuparan ellos del traslado del herido hasta el Hospital de Urgencias, no obstante haber advertido que Blas presentaba visiblemente un orificio de bala en su torso y que el rodado en el que se conducían sus ocupantes carecía de condiciones de circulación, ya que presentaba cinco impactos de arma de fuego, uno de ellos en la cubierta trasera del lado del conductor, lo que impedía su normal locomoción”.
Mana no ahorra conceptos en ser crítico respecto del accionar de Casalino: “Así en este contexto, este empleado tomó la decisión de ‘sacar el problema del Sanatorio’, y que uno de los jóvenes amigos de Blas, que se encontraba visiblemente conmocionado y afectado por la cobarde balacera policial vivenciada minutos antes, fuera quien lo llevara a Blas a bordo de este vehículo baleado, que carecía de una circulación óptima, hasta el lejano Hospital de Urgencias”.
De relevancia, es lo que determinó el fiscal, que Blas llegó con vida al sanatorio y que se retiró con signos vitales. Además, se indica que por la inacción de los tres imputados ninguno de los profesionales médicos del sanatorio pudo tomar conocimiento de lo que le sucedía al adolescente.
