La Cámara Criminal y Correccional de la ciudad de Río Cuarto fijó para septiembre el inicio del juicio por jurados en la causa de Solange Musse, en la que están imputados Eduardo Javier Andrada, exresponsable del extinto Centro de Operaciones de Emergencia (COE), y la trabajadora social ex-COE Analía Elizabeth Morales.
Ambos sospechosos están acusados como coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en 2021, cuando el padre de Solange, Pablo Musse, no pudo despedirse de su hija (quien padecía cáncer terminal) al negársele el ingreso a Córdoba.
Según se desprende de la resolución firmada por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, el inicio formal del juicio fue fijado para el 5 de septiembre a las 8.30.
El caso de Solange Musse
La familia de la mujer de 35 años -que falleció en 2021 sin poder ver por última vez unos minutos a su padre- busca determinar la posible “cadena de responsabilidades”, partiendo desde “la primera”.
Pablo Musse había decidido viajar para verla por última vez, debido al cáncer terminal de mama de estadio cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), por lo que llegó a la localidad de Huinca Renancó tras 40 horas de manejo sin descanso por Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Presentó la documentación requerida para viajar: el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Pottier, en Neuquén, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la Provincia en su momento) para Covid-19, los funcionarios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía.
En ese punto habrían incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso a la provincia en el contexto de la pandemia cuando se detecta un caso sospechoso de Covid-19. En esa circunstancia, como indica el protocolo, el conductor debía ser analizado en un hospital.
Ante la imposibilidad de poder despedirse de su hija, como sostuvo el abogado Carlos Nayi (en representación de los padres) en su denuncia, se habría violado el Protocolo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cordobés), porque el texto menciona que los que no residan en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de “fuerza mayor”, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a adultos mayores.
Al volver a Neuquén, Musse se hizo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización del juez Bustos Fierro pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos de su hija.
Posteriormente, Musse denunió penalmente a las autoridades del COE, el Ministerio de Salud de Córdoba y funcionarios policiales.
Si bien en un principio habían sido no sólo imputados Andrada y Morales, sino también el médico Sergio José Alí, (del ex-COE) y suboficial policial Darío Javier Mansilla, estos últimos dos fueron desincriminados.
