El fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, elevó nuevamente a juicio a los cuatro acusados por presunto abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de los deberes, respectivamente, que impidieron al padre de Solange Musse ingresar a Córdoba para desperdirse por última vez de su hija enferma de cáncer terminal.
La novedad judicial se conoció por estas horas, 10 meses después de la primera elevación a juicio de dos médicos, una trabajadora social y un policía por su presunto rol irregular.
El padre de Solange, Pablo Musse, había denunciado penalmente a las autoridades del ahora extinto Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Ministerio de Salud de Córdoba y funcionarios policiales, por la que hay cuatro imputados.
Los acusados y enviados a juicio por el fiscal son el médico Eduardo Javier Andrada (director del Hospital de Huinca Renancó y a cargo del COE en ese momento) y la trabajadora Analía Morales (del ex COE), como probables coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; el cirujano Sergio José Alí, (del ex COE) como posible partícipe necesario de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes; y suboficial Darío Javier Mansilla, como supuesto autor de omisión de los deberes del oficio.
El fiscal amplió la pesquisa contra los acusados e incorporó más elementos probatorios y testimonios y elevó la causa a juicio ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Río Cuarto.
El funcionario judicial indicó que ya con los resultados de los testeos realizados a Musse y su cuñada, Paola Oviedo, Andrada y Alí, sabiendo de “la situación de emergencia impostergable por la que Musse requirió ingresar” tanto “por la razón del contacto con su hija a fines de ejercer su derecho al último adiós como por el traslado de Oviedo de regreso a su domicilio dada su incapacidad”, consultaron a Morales y “todos en conjunto acordaron que debía impedirse el paso y continuar con su trayecto con destino a Alta Gracia a Musse y Oviedo”.
“Resolvieron que debían regresar a su domicilio de origen –Plottier, Neuquén- encapsulados y escoltados por una comisión policial. Así las cosas, instruyeron al sargento Mansilla, de Policía Caminera, quien cumplía la función de jefe de guardia sobre cómo debía proceder y cumplimentar lo resuelto”, indicó.
“Con tal decisión, asumida en conjunto por Alí, Andrada y Morales desatendieron la directriz que ordena que para estos supuestos impostergables se debe escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada y al de residencia de quien por su padecimiento límite, hacía impostergable su presencia”, afirmó.
El abogado de Musse, Carlos Nayi, adelantó a La Voz que el padre de Solange -como querellante- recusará con causa al juez de Control Claudio Mazuqui, ya que su esposa, Romina Daniele, trabaja como asistente social en el mismo hospital donde se desempeña como director el imputado Andrada y porque asesoró al COE durante la pandemia.
La cronología del caso Solange Musse
La familia de la mujer de 35 años -que falleció en 2021 sin poder ver por última vez unos minutos a su padre- busca determinar la posible “cadena de responsabilidades”, partiendo desde “la primera” tras la denuncia que quedó a cargo de la Justicia provincial, tras el fallo de la Corte Suprema.
Antes del nuevo fallo del máximo tribunal, la fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Cena, había imputado en mayo del año pasado al sargento primero de la Policía Caminera Darío Masilla (con asiento en Huinca Renancó), a los médicos Eduardo Javier Andrada y Sergio Alí, del COE, y Analía Morales, trabajadora social del COE Río Cuarto por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al impedir el ingreso del padre de Solange a Córdoba para que pudiera despedirse de ella. Todos fueron indagados en su momento.
Los cuatro fueron acusados de haber incumplido los deberes de funcionario público al impedirles, el 16 de agosto de 2020, el ingreso a la provincia a Pablo Musse y a su cuñada, Paola Lorena Oviedo (discapacitada), quienes no pudieron trasponer el puesto de control interprovincial ubicado en la ruta 35, en Huinca Renancó.
Musse había decidido viajar para verla por última vez, debido al cáncer terminal de mama de estadio cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), por lo que llegó a Huinca Renancó tras 40 horas de manejo sin descanso por Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Presentó la documentación requerida para viajar: el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Pottier, en Neuquén, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la Provincia en su momento) para Covid-19, los funcionarios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía.
En ese punto habrían incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso a la provincia en el contexto de la pandemia cuando se detecta un caso sospechoso de Covid-19. En esa circunstancia, como indica el protocolo, el conductor debía ser analizado en un hospital.
Ante la imposibilidad de poder despedirse de su hija, como sostuvo el abogado Carlos Nayi (en representación de los padres) en su denuncia, se habría violado el Protocolo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cordobés), porque el texto menciona que los que no residan en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de “fuerza mayor”, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a adultos mayores.
Al volver a Neuquén, Musse se hizo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización del juez Bustos Fierro pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos de su hija.
La fiscal indicó que Andrada (director además del Hospital René Favaloro, de Huinca Renancó), Alí y Morales, del COE, que se encontraban en ese puesto para realizar el control sanitario. Ante un caso sospechoso, sus funciones consistían en la derivación de las personas al Hospital San Antonio de Padua, de Río cuarto (de acuerdo con el protocolo del COE de ingreso a la provincia).
