La nueva detención del adolescente de 15 años que fue señalado por la Justicia como uno de los presuntos integrantes de la patota que asesinó a Sebastián Villarreal en 2024, volvió a abrir una herida abierta para la familia de la víctima.
El joven reincidente fue capturado nuevamente el pasado martes a la tarde en barrio Cooperativa Los Paraísos, zona sudeste de la ciudad de Córdoba, luego de participar en un presunto robo armado.
Finalmente, la Policía informó que se le secuestró una réplica y una suma de dinero en efectivo. Por su edad, no podrá ser trasladado al Complejo Esperanza ni imputado penalmente.
Desde el entorno de Sebastián, esta situación no sólo renueva el dolor sino que también genera bronca.
Su hermana, Jimena Villarreal, publicó una carta abierta donde responsabiliza directamente a funcionarios del Estado provincial por lo que considera una “inacción” frente a una problemática estructural que –según sus palabras– sigue cobrando víctimas.
“Ellos lo vieron morir, escucharon a su papá suplicar por su vida para poder cuidarlos y lo sostuvieron en sus brazos en su último respiro. Nada de esto es justo, ni debería haber pasado. Pero pasó”, comenzó expresando en un mensaje donde habló del dolor de los hijos de la víctima y de toda la familia, y que también dedicó tramos para cuestionar lo que ella define como “indiferencia del Estado”.
El trasfondo de una nueva detención tras el asesinato de Sebastián Villarreal
El joven detenido, que cumplirá 16 años en pocas semanas, ya fue vinculado a múltiples hechos delictivos desde el crimen de Sebastián.
Fue capturado esta vez tras una persecución policial que concluyó en la avenida Amadeo Sabattini al 5250, luego de un presunto robo cometido como “motochorro”.
Portaba una réplica de arma de fuego y 46.500 pesos.
Pero no es la primera vez que cae en manos de la Policía. Ya había sido detenido por circular en un auto robado con patentes falsas, participar en robos a mano armada y asaltar a una mujer policía.
Actualmente estaba bajo tutela de una familia sustituta en Villa Carlos Paz, por disposición de la Justicia de Menores, y debía asistir a clases.
Este caso vuelve a poner sobre debate el tratamiento de menores de edad involucrados en delitos graves.
La denuncia de la familia de Sebastián Villarreal: “Nos sentimos desamparados”
En su declaración pública, Jimena Villarreal criticó duramente el rol del Estado e hizo foco en las ausencias que, a su entender, propiciaron el contexto del crimen de su hermano.
“Ineficiente intervención de los distintos organismos y ni hablar de las ausencias, desamparos y desigualdades. La pobreza es la primera violencia en las infancias y produce crueldad. Esto no justifica lo que sucedió. Solo explica qué es lo que hoy se debería hacer diferente y que justamente no se está haciendo”, dijo.
La mujer también denunció que su familia se enteró de la reciente detención del menor involucrado “por medio de un periodista” y no a través de los canales oficiales de la Justicia, como ya ocurrió en varias oportunidades.
En ese sentido, consideró como “inadmisible” el hecho de que las autoridades desconozcan el paradero del joven, cuando –según dijo– su madre, con antecedentes y vínculos con el delito, sería quien lo “cuida” y permite sus reincidencias.
“Mientras la Senaf y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, no hacen su tarea como corresponde, los hijos de Seba siguen sin su papá”, expresó.
Y no se quedó allí, sino que fue más allá: calificó la situación como “de grave peligro” ya que argumentó que detrás de esta banda se erige una “asociación ilícita y criminal” que –según argumentó– sabe dónde vive la familia de la víctima. “Qué van a hacer cuando nos pase algo a nosotros”, recriminó.
Pedido de renuncias por el caso de Sebastián Villarreal
La declaración no se limita a la crítica.
Jimena, quien habla en nombre de la familia de la víctima, incluyó un fuerte reclamo contra el Estado.
“Responsabilizamos directamente al gobernador Martín Llaryora, al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, a la ministra de Desarrollo Humano Liliana Montero y a la secretaria de la Senaf, Julia Reartes. Saben que están haciendo mal sus intervenciones y lo siguen haciendo. Eso es, al menos, negligencia”, manifestó.
En ese marco, Jimena exigió la renuncia de los funcionarios responsables y solicitó que sus cargos sean ocupados por personas con “capacidad para intervenir desde la integralidad y a largo plazo”, dando a entender que la familia considera que quienes ocupan los altos cargos de Gobierno no están a la altura.
“Un Estado ausente es un Estado criminal. Sus hijos y su familia merecemos respuestas. ¡Basta de complicidad!”, concluyó.
Respuesta estatal
El ministro de Seguridad se pronunció en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de que exista una solución de fondo a esta problemática y un abordaje judicial que tenga presente la reincidencia como un factor clave.
No hubo respuestas de funcionarios oficiales.
Contexto judicial y desafíos
La situación del menor detenido volvió a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema judicial y de protección de derechos en Córdoba para abordar casos de adolescentes y niños infractores a la ley penal.
Al ser inimputable, la respuesta estatal depende de medidas administrativas o de protección más que punitivas.
Sin embargo, la reincidencia y la falta de contención efectiva se combinan, en este caso, con el dolor y la preocupación de las víctimas, que exigen respuestas y cambios de fondo.
A pesar de las múltiples intervenciones judiciales previas, y del conocimiento público de los antecedentes del menor, el sistema no logró impedir su reincorporación al circuito delictivo. No obstante, la Policía detuvo al adolescente en reiteradas oportunidades.
Esta sucesión de detenciones da una idea de que existe una vigilancia puesta sobre el chico. En paralelo, altas fuentes de Seguridad aseguraron que continuarán deteniendo a los adolescentes todas las veces que cometan un delito, por más que finalmente la Justicia deba restituir su cuidado a los familiares.
La querella va por más
A todo esto, la abogada Daniela Castro Barreiro, quien representa como querellante a la familia de la víctima dijo que van a insistir para que se aplique la figura de homicidio criminis causae para todos los acusados.
