Tras conocerse a mediados del mes pasado el doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, en la ciudad de Córdoba, a cargo del uruguayo Pablo Daniel Rodríguez Laurta, la Secretaría de Sumarios Administrativos del Poder Judicial provincial inició una investigación interna de oficio que encontró “elementos suficientes” para abrir un expediente e imputar a cuatro funcionarios que tuvieron contacto con el protagonista, ahora detenido, de esta trágica historia.
Fueron contactos de cuando se iniciaron actuaciones judiciales contra Laurta, frente a las primeras denuncias desde 2023.
Esos “elementos suficientes” motivaron el lunes pasado la apertura de un sumario administrativo a la fiscal Jorgelina Esther Gutiez, titular del Distrito 4, Turno 6, y a los ayudantes fiscales Carlos José Ayrolo y Denisa Margot Díaz (ambos de la Unidad Judicial 19) y María Cecilia Guzmán de Viale (Unidad Judicial de Violencia de Género Familiar y Sexual), “a quienes se les atribuye el despliegue de conductas con repercusión en el ámbito administrativo-disciplinario, configurativo de un ejercicio negligente en el cumplimiento de sus deberes funcionales y carente de responsabilidad laboral”.
La apertura de ese sumario está firmada por el titular de esa dependencia, el secretario Tristán Mauricio Quiles, y la vocal del Tribunal de Justicia (TSJ) Jessica Raquel Valentini.
A su vez -según el Expediente 14197802- con su conducta la fiscal y los ayudantes fiscales comprometerían “el prestigio y reputación de la Administración de Justicia con quien se encuentran vinculados por una relación de especial sujeción administrativa”.
En Tribunales 2 se escucharon numerosas voces en contra de las acusaciones, teniendo en cuenta que muchas de las actuaciones fueron realizadas más de un año y 10 meses antes de los hechos dramáticos de octubre pasado.
Entendiendo la apertura del sumario como una “caza de brujas”, algunos operadores judiciales que respetan a quienes intervinieron en la causa sostienen que “nadie puede tener la bola de cristal” cuando se toman decisiones alejadas en tiempo y dimensión del evento que se desencadenó hace un mes.
La detención de Laurta en el verano de 2024 fue por haber violado una restricción. Añaden quienes critican las acusaciones que resulta imposible prever que Laurta tendría una escalada de violencia tan desmesurada.
“No hubo señalas de alarma cuando se intervino”, sostienen las voces críticas.
Las acusaciones
Según el sumario, a los ayudantes fiscales Ayrolo y Margot Díaz se les reprocha “no haber impartido ni exigido el cumplimiento de directivas en tiempo oportuno y con la premura del caso, como así tampoco habrían solicitado las pertinentes” medidas a la fiscalía de Gutiez que intervenía, “a fin de practicar las medidas de investigación correspondientes”.
También se les critica un “período de inactividad judicial” de 10 meses y 27 días desde que se receptó la primera denuncia de Luna Giardina el 17 de octubre de 2023. También se les objeta “no haber detectado la existencia de parámetros de gravedad”, ni “habrían otorgado al trámite del sumario la prioridad de tratamiento urgente que establece” la normativa vigente.
A Gutiez, “en su carácter de directora de la investigación penal” se le efectúan similares reproches. Además de “no disponer medidas de instrucción”, tampoco “habría ordenado la remisión de las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar”, según la apertura del sumario. También se indica que “no reparó en la existencia de parámetros de gravedad emergentes de la denuncia”.
A su vez, a Guzmán y Ayrolo, se les objeta su intervención en otro tramo de actuaciones en enero de 2024.
A Gutiez, además, se le adjudica otro “hecho” a partir del 9 de enero de 2024 cuando Rodríguez Laurta protagonizó un siniestro vial en barrio Argüello que terminó con su detención y permaneció un mes privado de la libertad.
En esa feria estuvo de turno el fiscal Ernesto de Aragón, quien también tomó directivas. El 8 de febrero, Gutiez ordenó la libertad del imputado y le fijó una serie de condiciones a cumplir para sostener esa condición. La imputación era por “desobediencia a la autoridad” y “violación de domicilio”, por haberse presentado, pese a la restricción, a la casa de la madre de su hijo.
Se indica que Gutiez “no habría impartido directivas,ni habría tomado injerencia alguna en orden a continuar con la investigación de los hechos anoticiados por el juzgado y disponer, en caso de corresponder, la detención del imputado”. Más adelante señala el escrito que la fiscal “habría omitido acumular u ordenar la acumulación para la tramitación conjunta” de dos expedientes “aun cuando tramitaren ante el mismo órgano de actuación, y con el consecuente envío de la misma al fuero penal específico en Violencia de Género”.
A la ayudante fiscal Díaz, se le critica no haber “exigido el cumplimiento de directivas en tiempo oportuno” y se dice que no habría “solicitado las pertinentes” a la fiscalía de Gutiez para “practicar las medidas de investigación correspondientes”.
Se añade que Díaz omitió “certificar la existencia de actuaciones penales previas entre las partes, lo que habría activado el circuito de consulta y acumulación del expediente” a la fiscalía de Gutiez y a la especializada en Violencia de Género y Familiar.
Finalmente, se señala que Gutiez se notificó de la denuncia de Luna Giardina en febrero de 2025 en contra de Laurta y que “en su carácter de directora de la investigación penal no habría impartido directivas, ni habría tomado injerencia alguna en orden a continuar con la investigación conforme la denuncia formulada por quien en vida fuera Luna Giardina”. Se añade que desde ese 27 de febrero hubo “inactividad en la investigación”.
“De este modo, con el obrar negligente y carente de responsabilidad descripto” la fiscal Gutiez “habría inobservado sus deberes funcionales como directora de la investigación penal preparatoria, al no ajustarse a lo dispuesto” por la normativa relacionada con estos casos.
Descargo
En función de todo esto, se invitó a los cuatro imputados en sede administrativa a presentar su descargo, pudiendo ofrecer prueba, en los próximos cinco días hábiles.
Se estima que en la semana entrante, a través de sus abogados defensores, se entregarán esos descargos.
