Por unanimidad, los miembros de la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba confirmaron las prisiones preventivas de 10 acusados de estafas con falsas criptomonedas y están señalados como los organizadores de una asociación ilícita. En dos fallos de similar contenido del 23 de marzo, el tribunal de alzada confirmó la acusación del fiscal de Delitos Complejos del primer turno, Enrique Gavier, que ya había sido avalado por el juez de Control José Milton Peralta.
Tras rechazar las apelaciones de algunos acusados, quedan firmes las prisiones preventivas para los 10 supuestos organizadores de la asociación ilícita. Ellos son Gustavo Adolfo Amuchástegui (69); Mariana Noel López (40); su hermano, Andrés Matías López (38); el venezolano Manuel Vicente Peralta Guevara (61); Daniel Cornaglia (41); la economista, martillera y corredora pública Mónica Gabriela Blasco (54, quien es pareja de Peralta Guevara); Ricardo Beretta (51); el licenciado en Administración Hotelera y de Empresas Eduardo Alejandro Taylor (50); Ariel Eduardo Morasutt (43) y el locutor, periodista y analista en Relaciones Públicas e Institucionales Edgar Nicolás Moreno (51).
Según el análisis conjunto de los vocales Maximiliano Davies, Carlos Salazar y Patricia Farías, hay indicios de peligro procesal concreto que justifican la prisión preventiva. Entre los ítems incluidos en este sentido, se enumeran la capacidad económica de los imputados, los montos millonarios recibidos por la organización, cuyo destino se desconoce, e integrar una supuesta organización criminal que actuó en el marco de una empresa internacional que dificulta la investigación de los hechos.
Además, se indica que los imputados celebraron pactos de confidencialidad donde se anuncia a los inversores acciones judiciales en caso de revelar los términos de los acuerdos formulados, lo cual también dificultaría –por temor de las víctimas– la investigación de los hechos.
La organización criminal que viene siendo perseguida en varios países tiene como prófugos a la búlgara Ruja Ignatova y su hermano Konstantin Ignatov Plamenov, además del español José Gordo.
Ignatova es considerada la fundadora de un esquema piramidal o Ponzi que se apoya en supuestas criptomonedas (que no existirían), conocido como OneCoin. El diario inglés The Times describió a esta maniobra como “una de las estafas más grandes de la historia” y lo utilizó como tema de la serie de podcasts “The Missing Cryptoqueen”, difundidos por la BBC (British Broadcasting Corporation) en 2019.
En octubre pasado, el juez Peralta había avalado las 10 prisiones preventivas de los señalados como organizadores, a la par que rechazó los pedidos de control jurisdiccional. Gavier había dispuesto la cautelar de encierro hace un año, en marzo de 2021.
En esa oportunidad, el juez también confirmó las preventivas de Hernán Gabriel Pizarro (51) y Aldo Javier Leguizamón (53), quienes están señalados como miembros de la organización, pero no organizadores. Esto también fue confirmado ahora por Acusación.
Además, en la misma condición está Nancy Graciela Díaz (62), quien ni siquiera recurrió la medida de Gavier, por lo que su encierro cautelar quedó firme.
El mecanismo de la estafa
Ya con las primeras actuaciones de la causa fue puesto al desnudo el que sería el mecanismo estafatorio. Como toda estafa, tiene un ardid que, según las actuaciones judiciales, consistiría en “la puesta en marcha de un sistema piramidal de recaudación de fondos para insertar en el mercado local, desde la ciudad de Córdoba y hacia diferentes jurisdicciones del país, una aparente criptomoneda denominada ‘OneCoin’, la cual habría de adquirir reconocimiento público –según el falso discurso– en enero de 2019″.
Amparados en la novedad de las criptomonedas, quienes difundían en Córdoba este sistema piramidal hablaban de la suscripción a partir de la entrega de dinero para recibir unidades de OneCoin, moneda que no existía pero que iba a salir al mercado más adelante, según se investiga. Eso se complementaba con la suma de más adherentes y con la recompensa de un sistema piramidal según la cantidad de nuevos “socios” que se iban sumando, de acuerdo a lo que se sostiene en la causa penal.
Reclamos
La Voz consultó a uno de los querellantes, el abogado Pedro Despouy Santoro, quien representa al denunciante Mario Saposnicof. El abogado entiende que “al margen la responsabilidad penal que se atribuye a cada imputado en la causa ‘OneCoin’, existe la posibilidad de que ellos mejoren su situación procesal ‘dando cuenta de sus actos’”.
Para aclarar este punto, el penalista sugirió que podrían celebrar “acuerdos reparatorios, que incluso podrían ser parciales, es decir, proporcionales con el daño económico causado a cada una de las víctimas querellantes”.
Según Despouy Santoro, Saposnicof fue el primer denunciante y se constituyó también como actor civil en este proceso penal, durante el cual consiguió embargar algunos bienes a imputados.
