El Frente de Todos (FdT) y la Izquierda presentaron este viernes en la Legislatura porteña sendos pedidos de interpelación al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, por el crimen de Lucas González, el adolescente que fue baleado por policías de la Ciudad en el barrio de Barracas, mientras crecen los reclamos de organizaciones sociales, de derechos humanos y de la Iglesia que advierten sobre la violencia institucional y le reclaman acciones al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
“Cítese al ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, Marcelo D’ Alessandro (?) a fines de que informe sobre las circunstancias, responsabilidades, acciones u omisiones incurridas por la Policía de la Ciudad en los hechos que tuvieron lugar el miércoles 17 de noviembre”, dice el pedido presentado por el FdT.
Allí, señala que, en esos hechos, “fueron perseguidos, baleados y detenidos un grupo de jóvenes en el barrio de Barracas, uno de los cuales falleció luego a causa de las heridas que le propinaron efectivos de la fuerza a su cargo”.
En tanto, la presentación de la Izquierda realizada por la diputada Amanda Martín pidió para el jueves 25 de noviembre como fecha para la convocatoria.
“Convócase al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, a concurrir el día 25 de noviembre al recinto de la Legislatura para responder sobre los hechos referidos al asesinato de Lucas González por parte de la Policía de la Ciudad”, dice la presentación de Martín.
En los fundamentos, agrega que “la versión policial es que hubo un ‘enfrentamiento’, pero advirtió que ese argumento “cae por su propio peso” porque “los chicos estaban desarmados, aunque la policía de Larreta dice haber encontrado un arma de juguete en el auto en el que estaban”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), precisaron que “la no identificación de la policía en un procedimiento y la falta de uso del uniforme correspondiente está permitido, siempre y cuando un juez o un superior lo ordene, aunque, incluso en ese caso, encuadra en prácticas de la ‘vieja policía federal’”.
Para el director del CELS, Manuel Trufó, “estas brigadas trabajan con una impronta más parecida al mundo del delito que a la Policía”.
“Las famosas brigadas contra robo, hurto y drogas eran gente que estaba sin uniforme, supuestamente porque realizan tareas de investigación, pero además participaban en otro tipo de actividades”, indicó.
En ese sentido, una petición para la “Prohibición a la Policía porteña de actuar sin uniforme y móviles oficiales” reunía hasta esta tarde 5.853 firmas en la plataforma de Internet Change.org, en el marco de una iniciativa que consideró como “fundamental que para prevenir que se repita la tragedia de Lucas, la Policía porteña use obligatoriamente uniforme” y “que la ciudadanía pueda identificar que se está acercando un policía y no un civil armado”.
Qué dijo la organización Abuelas de Plaza de Mayo
En tanto, la organización Abuelas de Plaza de Mayo señaló: “A Lucas González lo mató la Policía. Basta de gatillo fácil. Justicia por Lucas. Acompañamos a sus familiares y amigos en el dolor y el reclamo”.
También el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura pidió “una pronta investigación de lo sucedido, con estricto apego al ‘Protocolo de Minesotta’ sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas de Naciones Unidas, y la correspondiente sanción a los responsables”.
Asimismo, Amnistía Internacional reclamó “una investigación urgente e imparcial sobre los hechos de violencia policial que sufrió Lucas González”.
El equipo de Sacerdotes para las Villas y Barrios Populares de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires exigieron “justicia” y además pidieron al jefe de Gobierno porteño que “replantee sustancialmente los criterios de formación de la Policía a su cargo”.
“Estamos conmovidos por el asesinato de Lucas González, un adolescente cuyo único ‘delito’ entre comillas fue querer crecer como jugador de futbol en un club de la villa y llevar a probar a sus amigos para que tengan mejor vida”, dijeron los curas villeros a través de un comunicado.
También la Central de los Trabajadores Argentina (CTA), que encabeza el diputado Hugo Yasky, repudió y condenó el “brutal asesinato a mansalva” de Lucas González, que fue “liquidado de un balazo en la cabeza por una dotación de la Policía de la Ciudad a las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta”.
En un comunicado, la CTA remarcó que “todos los testimonios, incluidos los de los tres sobrevivientes, señalan a los policías porteños que, en el barrio de Barracas, asesinaron a sangre fría, al mejor estilo de la tenebrosa doctrina Chocobar reivindicada por Patricia Bullrich, a un pibe indefenso que no había cometido ningún otro delito que ser eso, un pibe que venía de jugar al fútbol con sus compañeros”.
Ante este hecho, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, consideró que “violencia institucional y gatillo fácil” son las “deudas” que acarrea el Estado de la dictadura e indicó que este tipo de prácticas, como las realizadas por los policías porteños, son las que se llevaron adelante durante la dictadura y enumeró: “autos de civiles, agentes de civil, arbitrariamente, los medios dando información errónea”.
Al respecto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el Estado debe “terminar con la violencia institucional” y criticó los discursos de “linchamiento” por parte de dirigentes y medios de comunicación.
A través de la red social Twitter, la funcionaria señaló que “pedir bala y muerte sólo empodera asesinos” y que “las balas y la muerte terminan en el corazón menos pensado”.
Asimismo, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sostuvo que “hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires, la 5.685, artículo 85, que impide hacer todo eso que hicieron”.
“Estaban en un auto no identificable, sin patentes, tres personas de civil, siguieron a unos chicos que pararon a comprar un jugo. Venían de jugar al fútbol. Es inconcebible que haya un gesto de violencia institucional tan grande”, expresó.
Sobre el crimen
Lucas González, de 17 años, que fue baleado en la cabeza y luego murió, en un presunto caso de “gatillo fácil” cometido por policías de la Ciudad que -vestidos de civil y a bordo de un vehículo particular- lo interceptaron cuando se trasladaba con tres amigos en un auto al regreso del club donde se desempeñaba en las inferiores.
