Mientras siete guardiacárceles y dos médicos permanecen presos en el marco de la investigación por la tortura y muerte de un preso que había sufrido una crisis psicótica en la Cárcel de Bouwer, seis efectivos de la Policía de Córdoba fueron enviados a juicio por el caso de un joven que padeció un brote psiquiátrico y fue detenido entre golpes y otros maltratos. Ya en la comisaría de La Falda finalmente murió. Se llamaba Jonathan Oscar Romo (31). Ocurrió en julio de 2022.
El fiscal Raúl Ramírez, de Cosquín, pidió el juzgamiento de cuatro policías por el supuesto delito de homicidio calificado por abuso funcional, mientras que los dos restantes deben responder por encubrimiento agravado. Dicho de otro modo: para el fiscal, cuatro le pegaron al detenido y le terminaron causando la muerte, mientras que otros dos mintieron en el libro de actas en la comisaría para ocultar el caso, siempre de acuerdo a la sospecha fiscal.
Los seis efectivos están libres, aunque están en situación pasiva.
El fiscal ya había mandado a juicio a esos seis policías y por los mismos delitos el año pasado.
Sin embargo, el juez de Control entendió que no había pruebas suficientes para sostener que Romo hubiera sido víctima de un homicidio doloso, por lo que devolvió el expediente a fiscalía para que se profundizara la investigación a fondo.
Ramírez “recogió el guante” y redobló la investigación y analizó en profundidad –según trascendió- distintos estudios forenses y otras pruebas, entre testimoniales varias, y volvió a pedir en las últimas horas el juzgamiento de esa media docena de uniformados.
Por homicidio calificado están imputados los efectivos: Miguel Ángel Aguilera, Hernán Ezequiel Suárez Guevara, Juan Pablo Zunino y Walter Darío Geri. En tanto, el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Emanuel Giménez deben responder por presunto encubrimiento agravado.
En caso de ser condenados los cuatro acusados por homicidio, la pena es una sola: la prisión perpetua.
El agravante del “abuso funcional” gira sobre la figura de aquel policía que, valiéndose de su condición de tal, termina causando un delito grave, en este caso, matar.
Para que se entienda, es la misma figura que se usó en el caso Blas Correas, donde dos efectivos terminaron condenados a perpetua.
De todos modos, no es tan simple por ahora que el caso Jonathan Romo llegue a juicio. Uno de los defensores, Pedro Despouy Santoro, ya adelantó que se opondrá otra vez a ese requerimiento fiscal. Lo mismo podrían hacer otros defensores.
Resta esperar entonces lo que disponga entonces, y otra vez, el juez de Control Ramiro Núñez.
Cuando sucedió, el caso Jonathan Romo provocó un sismo dentro de la Policía de Córdoba.
Tanto así fue que se dispusieron varias purgas de cargos jerárquicos por no haberse enseñado el protocolo de actuación para personas que sufren crisis psiquiátricas. Fue echado el por entonces jefe de Recursos Humanos de la fuerza, Julio Faría.
Tras su apartamiento, el comisario cargó duro contra las por entonces autoridades de la fuerza.
En la actualidad, la Policía afirma estar capacitada para el tratamiento de personas con brotes psiquiátricos en las calles. Se han comprado pistolas no letales Byrna que lanzan cápsulas de gas pimienta y que son usadas, tanto en casos de inseguridad y violencia urbana, como así también para “controlar” a quienes padecen una crisis psicótica.
La muerte de Jonathan
Todo sucedió el domingo 10 de julio de 2022 en La Falda. Eran las 16 cuando una comerciante llamó a la comisaría para alertar que Jonathan Oscar Romo, un conocido vecino con problemas de adicción, había entrado a su despensa en estado de exaltación, según dijo.
Adujo que el muchacho balbuceaba incoherencias y que había comenzado a provocar daños. El joven fue echado del local y, ya en la calle, su estado se agravó.
Fue en ese momento que arribaron policías en patrulleros.
Según el fiscal Ramírez, haciendo “un uso arbitrario” de las funciones, comenzaron a forcejear con Romo hasta aprisionarlo boca abajo, en el suelo, mientras le ponían las rodillas encima. En ese momento, le pusieron los brazos hacia atrás y lo esposaron.
Otros policías, en tanto, se sumaron a la detención. Hubo golpes en zonas que afectaban la respiración.
Para el funcionario, fueron maniobras “inadecuadas, exageradas y violatorias” a los derechos humanos.
Ya reducido, el muchacho fue trasladado en un patrullero a la comisaría local y no a un centro de salud.
En la parte trasera de la dependencia (lejos de las miradas de eventuales testigos), los policías comenzaron a gritarle “tranquilizate, quedate quieto, cortala, quédate quieto”.
De acuerdo a la fiscalía, mientras el detenido se encontraba en absoluto estado de “indefensión” -reducido con sus brazos hacia atrás, con las esposas puestas y en estado de crisis y exaltación- hubo más golpes.
Para el fiscal, los uniformados tuvieron la “intención de quitarle la vida y le asestaron golpes al aprehendido en zonas que afectaban su capacidad respiratoria”. Acto seguido, lo llevaron a la sala de requisa donde lo pusieron boca abajo en el suelo.
Sin sacarle las esposas, continuaron dándole cachetazos y golpes. El muchacho gritaba: “¡Basta no me peguen más!. Dejenme c…”.
En ese momento, Romo comenzó a respirar con más dificultad y murió.
Cuando se llamó a la ambulancia, ya era demasiado tarde.
En el libro de guardia no se asentó lo que había ocurrido, según el fiscal.
La autopsia determinó que Jonathan murió por asfixia mecánica.
Una forense determinó que había “nexo de causalidad” por parte de los acusados y la muerte de la víctima.
Oposición de la defensa
“Nos sorprende el nuevo pedido de elevación de la causa a juicio. Vemos que la fiscalía reeditó los argumentos de la anterior acusación en relación a la cual el juez de control dictó falta de mérito dado que no hay probabilidad que en el hecho haya habido intención de matar, ni mucho menos”, dijo el abogado Pedro Despouy Santoro, quien defiende a los policías Aguilera, Zunino y Suárez.
“Nos llama la atención el empecinamiento procesal por parte de la fiscalía al pretender -fraccionando y valorando arbitrariamente la prueba- configurar un accionar doloso por parte de los policías imputados, cuando en rigor se trató de un resultado accidental indeseado (muerte de Romo) en un procedimiento policial”, aseveró.
Sostuvo que “la muerte de Romo fue derivada del estado de intoxicación aguda por cocaína con síndrome de delirium agitado por el que atravesaba al momento de la aprehensión, habiendo experimentado, previo a ser reducido, conductas autolesivas” que pudieron contribuir también a la producción del lamentable suceso”, añadió. Y agregó: “Esta sumatoria de causas pudieron ocasionar el fallecimiento de Romo y el dictamen médico forense así lo admite como posible. Estamos convencidos que la causa penal tendrá una definición absolutoria de los imputados porque jamás existió intención homicida alguna de nuestros asistidos”.
Despouy expresó que “la causa penal tendrá una definición absolutoria de los imputados porque jamás existió intención homicida (...). Quedó acreditado que los policías intentaron permanentemente calmar a Romo y realizaron maniobras de resucitacion cardiopulmonar incompatibles con la hipótesis acusatoria”, señaló.
