En medio de la investigación por la muerte del joven Diego Fernández (16), quien permanecía desaparecido desde el 26 de julio de 1984 y sus restos fueron encontrados en mayo en el patio de una casa, declaró este viernes Cristian Graf (57), excompañero de la víctima y propietario de la vivienda donde se halló el cuerpo.
Ante la Justicia, Graf se despegó de la muerte de Fernández y negó rotundamente haber tenido conocimiento sobre que los restos estaban enterrados en su jardín de la localidad de Coghlan.
El caso de Diego Fernández
A 41 años del crimen, la Justicia se enfrenta a un desafío legal: aunque el homicidio está prescripto —dado que la ley argentina establece un máximo de 15 años para la prescripción de una causa, y en este caso transcurrieron 41—, el foco se puso en Graf, un excompañero de Diego.
Graf, quien es el principal protagonista hasta ahora en la causa, fue indagado este viernes en el juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 56 por “encubrimiento agravado y ocultamiento de pruebas”.
Esta acusación permite investigar sus acciones posteriores al hallazgo, ya que acusarlo directamente de homicidio llevaría a un sobreseimiento inmediato por prescripción.
La versión de Graf
Esquivando a la prensa y acompañado por su esposa, Graf ingresó a los tribunales de Lavalle para dar su versión de los hechos.
Tras tres horas y media de declaración Graf sostuvo la línea de defensa que ya había adelantado en escritos previos: él y su familia no tienen nada que ver.
Negó rotundamente saber que un cadáver estaba a pocos metros de su pileta.
Aseguró que con Diego solo se conocieron porque fueron compañeros de colegio en 1983, pero no tenían “ningún tipo de relación”.
Además, afirmó no tener “idea de por qué estaba enterrado” en la propiedad.
Incluso, el acusado puso en duda que el cuerpo haya sido encontrado en su propio jardín, a pesar de que el examen del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no dejó “ninguna duda al respecto”.
El reclamo de la familia
La madre de la víctima, Irma Lima (87), conocida como Pochi, relató que su hijo se fue de casa el 26 de julio de 1984.
“Me pidió plata para el colectivo, me dijo que iba a lo de un compañero y se fue comiendo una mandarina”, recordó.
Durante décadas, Pochi pensó que Diego había sido secuestrado por una secta, creyendo que volvería, e incluso mantuvo la línea fija de teléfono para que pudiera llamar.
La búsqueda de Diego fue negligente en su momento, con la Policía y la Justicia sin realizar mayores esfuerzos, al punto que la pequeña causa inicial por “fuga de hogar” fue destruida en 2003.
Ahora, con la identificación de los restos gracias al EAAF y al fiscal Martín López Perrando, la familia exige rendición de cuentas.
Javier Fernández, hermano menor de Diego y querellante en la causa, fue categórico en su reclamo de justicia: “Dos más dos es cuatro. Diego estaba enterrado en su casa. Tiene que ir preso, esto no puede quedar así”.
Javier insistió en que el asesino o los cómplices de lo sucedido a Diego están en la familia que sigue haciendo su vida “como si nada”.
