El empresario frigorífico del sur provincial Alicio Dagatti (60) sigue detenido en la cárcel de Bouwer a la espera de decisiones judiciales. Su situación es compleja porque el 6 de marzo el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, le dictó la prisión preventiva como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita, dedicada a introducir droga y celulares en establecimientos penitenciarios.
Ese mismo día, su defensa obtuvo una resolución favorable de la Cámara de Apelaciones, constituida de manera unipersonal por la jueza Patricia Farías. Por “falta de fundamentación”, la magistrada declaró de oficio la “nulidad absoluta” de los decretos de Gavier para la detención de Alicio Dagatti fechados el 3 de diciembre del 2024, así como “los actos consecutivos que de aquel dependan”. En consecuencia, proclamó que debía disponerse la libertad del empresario.
Fuentes de la Fiscalía de Delitos Complejos interpretaron que “la nulidad fue decretada por un formalismo” pero “devendría en abstracta” porque el mismo día salió el dictado de la prisión preventiva con “fundamentos contundentes”.
En las últimas horas, defensores ensayaron un nuevo recurso. Sostienen que, atento al pronunciamiento de la Cámara, todos los actos realizados a partir de la detención de diciembre son nulos y corresponde la libertad inmediata de los Dagatti y del ex titular del frigorífico, Luis María Mina. Argumentan que la imputación y medida de coerción se originaron en decretos “infundados”, denunciaron arbitrariedades, y recuerdan que, en la legislación supranacional, nacional y provincial, “la libertad durante el proceso es la regla y su privación la excepción”.
En tanto, en la resolución de prisión preventiva, Gavier considera que la libertad de Dagatti sería “altamente peligrosa” para el proceso, menciona su red de contactos y que, en mayo del 2024, su hijo habría abierto una cuenta en el exterior.
Con todo, se espera ahora el pronunciamiento de un juez de Control Milton Peralta. Inicialmente este magistrado había validado la detención de Dagatti.
El caso del llamado “camión narco” salió a la luz en diciembre del 2023 cuando un transporte que llevaba carne del frigorífico Livorno (de Ignacio Dagatti) al Establecimiento penitenciario de Bouwer fue interceptado con 1,8 kilos de marihuana, siete teléfonos celulares, alcohol, y otros elementos prohibidos entre las medias reses.
El 19 de noviembre del 2024, el chofer del transporte, Néstor Lucero, fue condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Se conoce ahora que días antes, efectuó una presentación reservada y luego remitida al fiscal, en la que refirió haber actuado por indicaciones de Alicio Osvaldo Dagatti, propietario de frigoríficos, medios en Río Cuarto y presidente del Club Estudiantes.
El fiscal Gavier le dictó prisión preventiva por asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal) a Alicio Dagatti, Ignacio Dagatti, el gerente de Livorno Luis Mina (como “jefes” de la banda delictiva) y al guardiacárcel Ramón Farías y al empleado de la empresa de transporte Maximiliano Irusta (como “miembros” de la organización). En las últimas horas, la Fiscalía de Delitos Complejos confirmó dos detenciones más. Estarían relacionadas con el presunto reingreso a Bouwer de carne en mal estado y otras presuntas maniobras.
Dos nuevos detenidos, escuchas y sospechas
Tras los nuevos allanamientos ordenados por Gavier en el frigorífico Livorno, de Las Higueras, y en el estudio de una abogada de Río Cuarto, el jueves 6 hubo dos otras detenciones en la causa por asociación ilícita. Los nuevos detenidos son Federico Emanuel Giardina (37), operario de Livorno, y Roberto Adrián González (40), quien se desempeña como veterinario del frigorífico.
En su última declaración, de más de tres horas, producida el 19 de febrero pasado, Alicio Dagatti volvió a negar todos los cargos. Detalló al fiscal que se inició en el negocio de la carne a los 16 años, cómo logró adquirir su primer frigorífico en el 2004 y crecer económicamente.
Aseguró que el 30 de marzo del 2022 tomó la decisión de dejar los frigoríficos, incluido Livorno, en manos de sus hijos. Sostuvo que, desde entonces se dedicó de lleno a la producción ganadera y porcina, y a su labor como presidente del club Estudiantes de Río Cuarto. Dijo que sólo actuó como “consultor” de sus hijos, sin tener injerencia en la gestión diaria de Livorno.
En los fundamentos de la prisión preventiva a la que tuvo acceso este diario, se revela que la principal prueba contra Alicio Dagatti serían escuchas y testimonios, principalmente los dichos del chofer (condenado por drogas) que dijo haber recibido instrucciones y dinero para ingresar elementos prohibidos a Bouwer, al menos en tres oportunidades. “Alicio Osvaldo Dagatti me propuso ingresar elementos prohibidos al Complejo Carcelario N° 1, objetos que se encontraban dentro de las medias reses comercializadas por el frigorífico Livorno”, acusó.
“Alicio me dijo ‘¿No querés hacer una moneda extra? Podés cambiar de vida’ y me dio $ 300 mil en ese momento y otros $ 300 mil en mi casa el mismo día”, declaró. Sostuvo que Dagatti le habría dicho: “Vos no tenés que hacer nada, va a ir una res un poquito más hinchada. Cuando vos cargués las reses, cargá la res hinchada y tapala para que no se vea. Quédate tranquilo los del Servicio no te van a requisar”.
En la causa también figuran escuchas en las que Alicio Dagatti deja entrever su temor a que le hayan hecho “una cama”, “una operación”. Pero el fiscal interpreta tales frases como “maniobras protectivas” para desvincularse de los hechos.
Por ejemplo, en una conversación con su hermana, al enterarse de que el chofer del “camión narco” no lo había acusado (inicialmente), Dagatti dijo: “Bueno, mejor, como tenía que ser (…) nos deja tranquilos de que no fue una tendida de cama porque (...) la verdad que veía fantasmas, digo... nos quieren hacer cagar con esto, con aquello, nos plantan esto a nosotros”.
Los últimos movimientos de la investigación de Gavier apuntan a presuntas maniobras de Livorno para reingresar a Bouwer carne en mal estado, lo que podría derivar en otras graves acusaciones por violentar la salud pública, la fe pública y la administración pública.
